El Govern pide la dimisión de Soteras, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol

BarcelonaLa vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha pedido a través del ARA que "Joan Soteras y su junta directiva" de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) "den un paso al lado" después de que este diario haya publicado informaciones del sumario de la investigación que el juzgado de instrucción número 2 de Sabadell está llevando a cabo por presuntos delitos de falsedad en documentos privados y públicos y de administración desleal por parte de Soteras, el presidente del organismo, y otros ocho miembros de la FCF. En este sentido, Vilagrà ha considerado que "ya basta que el fútbol catalán esté en el ojo del huracán por presuntas corruptelas o tergiversación de documentos" y que sus dirigentes "se alejen de los valores de la honestidad y la transparencia".

Por otra parte, Vilagrà ha dicho que "el fútbol catalán quiere hablar del crecimiento del fútbol femenino y del trabajo realizado en el fútbol base, no de estos otros asuntos". Preguntada por si el Gobierno acometerá alguna medida contra Soteras, aparte de pedir su dimisión, ha informado de que tiene constancia de que "el Tribunal Català de l'Esport (TCE) está estudiando el sumario del caso y las informaciones publicadas".

La investigación del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell se centra en la repetición de las elecciones a la presidencia de la FCF del 13 de febrero de 2023, que Soteras ganó por delante de los otros dos candidatos, Juanjo Isern y Pep Palacios. Las denuncias presentadas por varios presidentes de clubs hablan de falsificación de las firmas de las actas notariales necesarias para votar y de presiones recibidas "por parte de miembros de la candidatura de Soteras, diciéndoles que tendrían retrasos en el cobro de las subvenciones o que les asignarían peores horarios de partidos" en caso de no seguir las directrices del equipo del actual presidente de la FCF.

Además, Oriol Camacho, secretario de la FCF, también declaró como testigo ante los Mossos, a los que explicó que hubo partidismo en la composición de la junta electoral. Por otra parte, expuso que el director general, José Miguel Calle, pidió crear varias direcciones de correo electrónico nuevas y específicas para las elecciones para poder borrarlas cuando terminaran las votaciones y que no dejaran rastro del presunto fraude, y que "ante cualquier incidencia [durante la evolución de la jornada electoral] era el Sr. Calle quien decidía si el voto era o no válido y no la junta electoral".

Las tensiones anteriores entre el Govern y Soteras

El pasado septiembre hubo un intercambio de declaraciones entre el Govern y Soteras debido a la poca contundencia del presidente de la FCF a la hora de condenar el beso en la boca del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso. Fuentes del Govern dijeron a este diario que "Soteras debería dar más explicaciones a la sociedad por sus respuestas al caso Rubiales, pero también por las informaciones publicadas en el ARA durante los últimos días". Se referían a las denuncias públicas por el trato recibido en la FCF de Paquita Linares, una exdirectiva, y de Sandra Mora y Raquel Elola, extrabajadoras. También a la noticia avanzada por este diario sobre la suspensión en el 2022 de un partido de la selección catalana femenina a petición de Rubiales en pleno conflicto de las 15 jugadoras que se negaron a ir con la selección española hasta que mejoraran las condiciones.

Previamente, Patrícia Plaja, portavoz del Govern, había indicado que Soteras "no es la persona más adecuada para estar delante de la FCF". La primera réplica de Soteras a Plaja llegó pronto: "No son nadie [refiriéndose al gobierno catalán] para decirme si debo dimitir. A la señora Plaja no la conozco de nada. No sé ni quién es". Al día siguiente, en una entrevista con el ARA, el presidente de la FCF consideró que se habían "calentado todos y pasado de frenada". Por otra parte, anunció que enviaría una carta a la Generalitat con el objetivo de calmar las aguas. El presidente Pere Aragonès la recibió el pasado 30 de agosto.