La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido abrir la segunda fase para analizar la adquisición del Banc Sabadell por parte del BBVA. Enviar esta operación a fase 2 tiene diversas implicaciones, tanto en términos de plazos como de la posible resolución final. Si echamos un vistazo a las decisiones de operaciones de concentración autorizadas por la CNMC en los últimos años, observamos cómo las segundas fases suelen representar sólo entre el 1% y el 3% del total de resoluciones. Los precedentes de operaciones de concentración en el ámbito bancario nos muestran cómo éstas han sido aprobadas en primera fase, en algunos casos con compromisos. Así sucedió en los casos de CaixaBank-Bankia, Unicaja-Liberbank o BBVA – Catalunya Caixa. De hecho, esta operación es la primera del sistema financiero español que va a segunda fase, en un precedente que beneficia al Sabadell.
Las autoridades de la competencia tienen una posición de garante frente al bienestar de los consumidores y la defensa del proceso competitivo. Así, una segunda fase supone un análisis más exhaustivo que el realizado hasta ahora por la autoridad, al constatarse problemas de competencia que pueden necesitar información adicional. Es, por tanto, una buena noticia que se actúe con precaución cuando puede producirse un deterioro irreversible de las condiciones competitivas en un mercado.
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ya hizo público un análisis sobre el impacto en términos de competencia que la operación podría tener en Cataluña. La ACCO no participa directamente en el proceso de análisis de las operaciones de concentración, puesto que la normativa las atribuye en exclusiva a los órganos del Estado, pero su informe alertaba de que esta operación de concentración podía incidir negativamente en la competencia y el bienestar de los consumidores en Cataluña. La entidad resultante sería el principal operador de Cataluña en el mercado de concesión de crédito para familias y empresas y la segunda entidad en términos de oficinas bancarias. Ahora también la Generalitat tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre esa concentración.
Una implicación adicional es que la resolución en fase 2 necesariamente deberá notificarse al ministerio de Economía. A su vez, el ministro podría decidir elevar esta operación de concentración en el consejo de ministros. Es conocida la oposición del gobierno español a la opa hostil del BBVA. Esta situación podría ser aprovechada para intentar prohibir la concentración por motivos más allá de los estrictamente relacionados con la política de la competencia, y hacer que la cuestión se convirtiera en mucho más política.
