El Parlamento Europeo aprueba la ley de donación de plasma que puede beneficiar a Grifols

La Eurocámara ratifica una 'ley rider' descafeinada que deja a los estados decidir cuándo un repartidor debe ser asalariado

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Una donante de plasma, en una imagen de archivo

EstrasburgoBuena noticia para Grifols. El Parlamento Europeo ha ratificado este miércoles definitivamente la regulación sobre las compensaciones económicas que podrán ofrecerse a los voluntarios de donaciones de plasma, un componente sanguíneo que se utiliza para fabricar medicamentos. De esta forma, por primera vez en la historia, la Unión Europea tendrá un reglamento que legalizará en todo el bloque una práctica que algunos estados miembros –los que tienen liberalizadas las donaciones– ya permiten, aprovechando la brecha legal que imperaba hasta ahora: reembolsar los gastos que deben afrontar los voluntarios a la hora de dar, como los desplazamientos o las dietas.

Ahora bien, las compensaciones siempre tendrán que respetar la llamadaneutralidad financiera. Es decir, las retribuciones que reciban los voluntarios no pueden superar los costes que han tenido que asumir para dar y, por tanto, no podrán obtener beneficio económico alguno, lo que vulneraría los tratados de bioética europeos.

De hecho, en su día el apartado de la neutralidad financiera fue uno de los más complicados de acordar en las negociaciones entre los estados miembros y el Parlamento Europeo. Algunos estados miembros y otros actores afectados, como Grifols, han presionado a las diferentes partes legisladoras para que se dé cuanto más manga ancha mejor a las empresas para poder pagar mayores compensaciones económicas.

En este sentido, Grifols ha seguido de cerca las discusiones entre las instituciones europeas sobre el reglamento y se ha reunido con negociadores de la iniciativa, según informan fuentes de la UE al ARA. También les hizo llegar un documento, al que ha tenido acceso este diario, en el que enmendaba palabra a palabra la propuesta de reglamento que hizo la Comisión Europea.

La multinacional catalana ha intentado influir sobre todo en el concepto de neutralidad financiera porque la legalización de las compensaciones, aunque sean limitadas, puede incrementar la obtención de plasma en toda la UE y, por tanto, Grifols podría fabricar y distribuir más medicamentos creados con este componente sanguíneo, en el que se basa su modelo de negocio.

La aprobación de esta ley europea llega durante una época convulsa para Grifols. Desde que a principios de año el fondo Gotham City Research acusó en un informe a la multinacional catalana de maquillar sus cuentas para esconder parte de la deuda, el precio de las acciones de la farmacéutica se ha visto afectado y ha bajado sustancialmente.

Una 'ley rider' descafeinada

El Parlamento Europeo también ha ratificado este miércoles la conocida como la ley rider, que marca cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si un repartidor puede estar en régimen de autónomo o asalariado. Ahora bien, a pesar de las indicaciones de la normativa, al final serán los Estados miembros que decidirán cuáles son los factores determinantes, tal y como exigían un importante grupo de países europeos.

En cualquier caso, los siete aspectos que la medida europea considera que hacen de un repartidor un falso autónomo son, por ejemplo, que se exija al trabajador llevar uniforme o un distintivo de la empresa para la que trabaja, y que tenga un sueldo fijo o un tope de remuneración.

La Eurocámara da vía a una reforma exprés de la PAC

El Parlamento Europeo también ha dado vía definitivamente a una reforma expreso de la política agraria común (PAC): esta reforma reducirá la burocracia que debe afrontar el campesinado y dará más flexibilidad a las administraciones estatales para afrontar situaciones climáticas extremas, como la sequía que sufre actualmente Cataluña.

Una de las principales medidas es la exención a pequeños agricultores –los que trabajan menos de diez hectáreas de tierra– de algunos controles y condicionantes que hasta ahora se les requerían para beneficiarse de las subvenciones de la política agraria común (PAC) ). Además, los campesinos ya no estarán obligados a mantener los paisajes rurales y, a partir de ahora, sólo se animará a preservarlos voluntariamente.

También se flexibilizarán los condicionantes relativos al barbecho. Continuará siendo obligatorio, pero los Estados miembros podrán decidir si dan la tierra por descansada si, por ejemplo, se van cambiando los tipos de cultivos que se plantan y, de esta forma, se alternan los nutrientes que se extraen de la tierra.

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