El Gobierno se quedará sin 13 M€ de las multas a grandes tenedores por no ofrecer alquiler social
El Tribunal Constitucional anuló en octubre el artículo que recogía esa obligación por "invasión de competencias"
BarcelonaLa Generalitat no ingresará 13 de los 17,6 millones de euros de las multas que había tramitado a grandes tenedores en aplicación de un decreto de marzo de 2022, conocido como ley antidesahucios, según avanzó El Periódico. Esta norma, que el Tribunal Constitucional (TC) anuló parcialmente en octubre de 2024 y también en enero de este año, recuperaba en uno de sus artículos la obligación para los grandes tenedores de ofrecer un contrato de alquiler social a familias vulnerables antes de desahuciarlos, ya que el tribunal le había tumbado con anterioridad.
En aplicación de esta norma, desde 2020 hasta las sentencias del tribunal, en octubre de 2024 y febrero de 2025, la Generalitat ha recibido 3.593 denuncias y ha llevado a cabo 1.900 actuaciones, de las cuales se han derivado un total de 717 sanciones a 1 de euros por no ofrecer alquiler social. Los 13 millones de euros que dejará de recibir salen de 512 expedientes sancionadores que están a punto de archivarse por las sentencias del tribunal y que son casos de personas sin contrato de alquiler vigente o hipoteca, confirmaron fuentes de la Generalitat al ARA.
Hasta ahora, la Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consumo, había cobrado 1,33 millones de euros de estas sanciones, de las que habría que devolver 434.875 euros correspondientes a expedientes afectados por las resoluciones del tribunal. Para el resto de expedientes no afectados directamente por las resoluciones, la Generalitat está estudiando cómo continuar con la tramitación.
El Tribunal Constitucional tumbó en el 2021 esta obligación después de anular algunos artículos de un decreto ley que el Gobierno aprobó en diciembre de 2019, y que el Parlamento convalidó en febrero de 2020. La sentencia de tribunal se produjo después de un recurso del PP, que antes le había llevado ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y este organismo había dictaminado que algunos puntos eran "inconstitucionales". Años más tarde, en febrero de 2022, el Parlamento aprobaba de nuevo la ley antidesahucios, con la misma obligación para grandes tenedores, el cual fue recorrido por el gobierno español en diciembre de ese año.
