Los propietarios contraatacan: aseguran que la ley de compra especulativa es inconstitucional

BarcelonaCuando faltan poco más de 48 horas para que el Parlament vote la propuesta de ley de Comuns para prohibir la compra especulativa de vivienda, la asociación de propietarios Som Habitatge ha presentado un informe jurídico que argumenta que la norma es inconstitucional.

Es el quinto análisis publicado sobre la regulación de la compra especulativa de vivienda, y el primero que se muestra contrario. Lo han elaborado el catedrático de derecho civil de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y experto en vivienda Sergio Nassarre Aznar y el profesor de la misma universidad Héctor Simón Moreno.

Comuns propone cambiar la ley de urbanismo para que los ayuntamientos de municipios con zonas tensionadas puedan fijar qué uso deben tener las viviendas a través de planes municipales. Por tanto, la norma no prevé incidir en la compraventa, sino que regulará qué hace el nuevo propietario con el piso o la casa. Por ejemplo, ponerlo a alquiler en el mercado libre.

En la presentación del informe, la secretaria general de Som Habitatge, Anna Puigdevall, ha criticado que la regulación del mercado de los últimos años conduce a una "contradicción muy grande". "El Estado no invierte. Si lo que hacemos es prohibir la inversión privada, tenemos un problema muy grave: quién generará la oferta que necesitamos?", se ha preguntado. También ha dicho que las normas "no han resuelto el problema, sino que, por el contrario, lo han incrementado", y que "el alquiler es "más caro y de menos calidad", porque las viviendas de los nuevos contratos son más pequeñas.

Puigdevall ha explicado que desde Som Habitatge tienen conversaciones abiertas con los grupos políticos para que lleven el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, un paso que paralizaría la votación del miércoles: "Creemos que sí que habrá alguien", ha confiado. Después, los grupos que quieran recurrir la norma lo tendrán que hacer ante el Tribunal Constitucional (TC).

Los argumentos

No es aceptable que las proposiciones condicionen ex ante [es decir, de antemano] quién puede comprar una vivienda, ni predestinar un uso obligatorio", advierte el resumen ejecutivo del informe. Según ha explicado Simón en rueda de prensa, la propuesta de ley "va más allá de lo que puede hacer el derecho urbanístico: puede calificar el suelo y clasificar los usos, pero se excede cuando incide en la estructura del contrato y afecta al derecho a la propiedad". La norma no solo afectaría a las compraventas, sino también a herencias y donaciones.

Los autores no solo apelan al derecho español, sino que recurren al paraguas europeo, que exige "un justo equilibrio entre la propiedad privada y la intervención en interés público". Más allá de esto, Nassarre y Simón alertan que prohibir la compra especulativa, por un lado, supone grandes diferencias territoriales dentro de un mismo mercado –"permite que municipios limítrofes apliquen restricciones radicalmente diferentes", apuntan– y, por otro, plantea una "discriminación indirecta para los ciudadanos que no son españoles".

Finalmente, el informe asegura que la propuesta de Comuns vulnera la libertad de empresa porque "está restringiendo la actividad inmobiliaria a un único negocio".