La jubilación de los científicos o la jornada laboral de 37,5 horas: todas las batallas laborales del gobierno

MADRIDBatería de medidas laborales aprobadas por el consejo de ministros de este martes. De entrada, el gobierno español ha dado luz verde a la reforma del subsidio por desempleo acordada hace dos semanas sólo con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, sin el apoyo de la patronal CEOE. Asimismo, aprobó anular el despido por incapacidad sobrevenida o gran invalidez, así como la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos por encima de los estatales, tal y como el gobierno español acordó con el PNV. "Estos convenios autonómicos o provinciales se aplicarán siempre que las condiciones sean mejores para los trabajadores", ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa este martes. Díaz recordó que el cambio decayó durante la tramitación parlamentaria el pasado mes de enero.

A las tres normas, sin embargo, se suman toda una serie de cambios en materia laboral que el gobierno español, bajo la batuta del ministerio de Trabajo y el ministerio de la Seguridad Social, está intentando desatascar con los agentes sociales.

Reforma del subsidio de desempleo

La reforma del subsidio de desempleo volverá al Congreso de los Diputados después de que Podemos, PP y Vox la tumbaran. Su aprobación es importante porque depende el desembolso completo del cuarto pago de los fondos europeos antipandemia. Tras una negociación con los agentes sociales, la norma llegará a la Cámara Baja española con algunas modificaciones en comparación con el texto inicial. El principal cambio es que finalmente se mantiene la base de cotización para los mayores de 52 años, tal y como exigía Podemos. También se amplían los colectivos beneficiarios del subsidio; se mejoran las cantidades y se refuerza la compatibilidad entre los subsidios y el tener un trabajo.

Alternativa al despido

Tal y como anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), se modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para que el despido no sea la primera opción en caso de que un empleado tenga una incapacidad permanente sobrevenida total, absoluta o gran invalidez que le cause incapacidad. "Hasta ahora [la persona] era despedida de forma automática", ha señalado Díaz en rueda de prensa este martes. "Ahora podrá elegir si quiere acabar con la relación laboral, o si quiere que se le adapte", añadió.

Con el cambio lo que se busca es que empresa y trabajador traten de adaptar el puesto de trabajo para que este último, en caso de que quiera, pueda mantenerse activo y que no sea la empresa quien decida rescindir del contrato unilateralmente . Asimismo, las compañías podrán acceder a ayudas o subvenciones públicas para costear esta adaptación.

Hay que tener en cuenta que el ministerio se ha visto empujado a aprobar esta modificación después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de enero en la que se prohibía despedir a un trabajador con discapacidad permanente porque consideraba que el empresario no había intentado adaptar las condiciones laborales.

Reducción de la jornada laboral

El 31 de mayo, el ministerio de Trabajo y los agentes sociales, los sindicatos mayoritarios y las patronales tienen previsto reunirse para iniciar formalmente la negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Es una de las medidas estrella de la legislatura, abanderada sobre todo por Sumar, el socio minoritario del gobierno español.

A priori, el acuerdo entre Sumar y el PSOE implicaría reducir por ley la jornada semanal a 37,5 horas (se modificaría el Estatut del Trabajador), pero manteniendo el salario. Esto se haría de forma progresiva: 38,5 horas este 2024, para terminar el año 2025 en 37,5 horas. En paralelo, Díaz ha anticipado que quiere reforzar el papel de la Inspección de Trabajo para que pueda vigilar de forma "directa" esta reducción.

Igualdad del colectivo LGTBI

Otro acuerdo que Treball está intentando desatascar con sindicatos y patronales es desarrollar el reglamento del artículo 15 de la ley trans aprobada en febrero del año pasado. Esta norma preveía aprobar un reglamento a través del cual se obligue a las empresas de más de 50 trabajadores a adoptar medidas para alcanzar un entorno laboral más igualitario para las personas del colectivo LGTBI, así como a establecer protocolos contra el acoso de este colectivo.

Jubilación de científicos e investigadores

Una cartera hermana del ministerio de Trabajo, la de la Seguridad Social, ultima un acuerdo para rebajar las cuotas que deben pagar científicos e investigadores para poder regularizar de forma retroactiva sus antiguos períodos de prácticas de forma que se tengan en cuenta de cara a la jubilación. Se trata, básicamente, de un cambio normativo que permitiría a los becarios no remunerados en su momento poder "comprar" las cotizaciones de esos períodos laborales. La propuesta inicial recibió el rechazo de la comunidad científica por el coste. En el último documento planteado, el ministerio se ha abierto que se aplique la cotización de acuerdo a la cuota del año en que se realizaron las prácticas.

Otro reto del ministerio que pilota Elma Saiz (PSOE) es el de lograr un acuerdo con sindicatos y patronales para un nuevo sistema de coeficientes reductores para que más trabajadores puedan jubilarse antes. La intención del ejecutivo es que esto beneficie sobre todo a los trabajos de mayor riesgo. También sigue atascada la negociación por el acceso a la jubilación parcial.

Plataformas digitales de trabajadoras del hogar

El ministerio de Trabajo también tiene intención de regular las plataformas digitales a través de las que se contratan trabajadoras del hogar o que canalizan "la ayuda a domicilio". Lo que se quiere hacer es extender laley ridera estas actividades "profundamente feminizadas", ha dicho Díaz.