El límite de precio al gas rebajará un 30% la tarifa regulada de la luz

MADRIDSi todo sale según las previsiones del gobierno español, a partir del miércoles 4 de mayo los consumidores que tienen contratada una tarifa regulada de la luz, también conocida como PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor), verán una rebaja en su recibo de cerca de un 30%. Así lo ha anticipado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este miércoles. El gobierno español tiene intención de llevar al consejo de ministros de la semana que viene la excepción ibérica: la medida que limitará durante 12 meses el precio del gas alrededor de los 50 euros y que ayer martes recibió el visto bueno político de Bruselas, con quien se están ultimando los detalles técnicos. El objetivo es que entre en vigor el día siguiente y, por lo tanto, empiece a funcionar este mismo mes, ha reiterado Ribera.

A pesar de que desde el sector energético se mantienen prudentes –"hay que leer la letra pequeña para entender la medida y poder hacer cálculos correctamente", apuntan fuentes del sector al ARA –, el acuerdo del gobierno español y portugués con Bruselas permite empezar a desgranar cómo afectará el tope a los consumidores de PVPC (también los que tienen el bono eléctrico). Estos tipos de clientes, a pesar de ser solo el 40% del total, son los que más han sufrido el incremento del precio de la luz porque la tarifa regulada está ligada al mercado mayorista, donde impactará el límite del gas en los ciclos combinados con el objetivo que el precio real de esta energía no salpique las tecnologías más económicas, como las renovables.

Inicialmente (y de forma ambiciosa), España y Portugal plantearon un límite sobre el gas de 30 euros el MWh, cosa que se habría traducido en un precio de la electricidad alrededor de los 100 euros/MWh, tal como explicaba este diario. Finalmente, la Comisión ha optado por un tope de 40 euros, que evolucionará hasta un límite mediano de 50 euros. Desde el ministerio de Transición Ecológica asumen que este no era "el resultado óptimo", pero creen que queda compensado por el visto bueno de mantenerlo durante 12 meses. El hecho es que esto permitirá controlar el precio de esta tecnología –la más cara– hasta el invierno del año que viene, la época del año en que más se dispara el precio de la luz, sobre todo por el uso de la calefacción. Así, el pacto con Bruselas dejaría el precio de la luz en unos 150 euros/MWh, como máximo, al mercado mayorista. Una diferencia importante si se tiene en cuenta que se dejarían atrás los más de 200 euros de media que el mercado mayorista está registrando estos últimos meses. Según Ribera, esto también tendría un impacto directo sobre la inflación.

¿Qué pasa con Francia? Finalmente, la propuesta ibérica de fijar un precio normal para el país vecino y rebajar solo el de España y Portugal ha caído. Este siempre ha sido un elemento de preocupación para la Comisión por si podía distorsionar el libre mercado europeo. Francia también se beneficiará, pero a cambio se ha recogido el compromiso de incrementar las interconexiones con este país. De hecho, este es uno de los elementos que han permitido a España y Portugal llegar hasta la excepción ibérica. Los objetivos fijados por la Comisión estimaban unas interconexiones eléctricas a los estados miembros de un 10%. Pero los cables que conectan España con Francia tienen una capacidad del 6%.

¿Quién lo costeará?

Uno de los flecos técnicos que todavía quedan por resolver es el de la compensación a las centrales combinadas por el precio al cual continuarán pagando el gas. Aquí entran en juego los clientes con una tarifa libre o no regulada (el 60% del total). Para estos consumidores, las comercializadoras marcan un precio que no está estrictamente ligado al mercado mayorista y lo pueden modificar, es decir, rebajar, pero también subir. Ahora bien, como estas empresas también podrán acceder a esta energía más económica, la lógica es que apuesten también por precios razonables y, por lo tanto, a pesar del recargo, la factura final seguiría siendo baja.

"Si baja el precio del pool y tu comercializadora no te toca la tarifa, quizás te planteas cambiarte de compañía", argumentan fuentes del ministerio de Transición Ecológica, sosteniendo que lo que sería razonable es que no les subieran los precios. No obstante, las eléctricas siempre se han mostrado más partidarias de que esta compensación recayera sobre el Estado o, incluso, sobre la parte fija del recibo de la luz de todos los consumidores.

Un camino de piedras

A pesar de la crisis energética actual, fruto de los precios sin precedentes de la luz y de los carburantes, la negociación con Bruselas no ha sido un camino de rosas. No solo porque la Comisión siempre ha mirado de reojo cualquier modificación del mercado eléctrico europeo, sino también porque a los principales operadores eléctricos –que incluso han presionado a Bruselas para tumbar el acuerdo– no les gustaba la idea de un tope al gas. De hecho, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, uno de los primeros en criticar públicamente la medida, ha insistido este miércoles que "la solución tendría que ser conjunta para todos los territorios europeos, porque España no es una isla energética", a diferencia de lo que sostiene el ejecutivo. Galán, sin embargo, ha dicho que la medida tampoco afecta a las cuentas de la empresa.

Por el contrario, quien sí que ha aplaudido el anuncio son consumidores y empresas. La organización empresarial Cecot considera que el acuerdo es "una buena noticia" y que era "la medida más factible a corto plazo" para menguar los precios de la electricidad. "Ahora, hay que continuar impulsando las medidas de reestructuración del mercado energético en España", ha dicho Josep Casas, director de la Oficina para la Transición Energética de la patronal. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera que el acuerdo es un "parche" y apuesta por una reforma "real" del recibo de la luz, con un sistema de fijación de los precios "transparente" y que no dependa tanto del gas o del petróleo.

Paquete energético (como mínimo) hasta junio

Con todo, "la excepción ibérica" se añadirá a una batería de medidas ya en vigor que el gobierno español aprobó hace un mes para paliar el incremento de la inflación y, en particular, de los precios energéticos. El gobierno espera obtener unos 1.800 millones de euros para abaratar la factura de la luz gracias a la actualización extraordinaria del Recore. También ha reforzado el recorte de las ganancias extraordinarias o beneficios caídos del cielo de las eléctricas y puesto en marcha una bonificación de los carburantes, entre otras medidas que, como mínimo, estarán vigentes hasta el 30 de junio.