La reducción del IRPF hasta los 35.000 euros o el impuesto a las energéticas: ¿qué queda en el tintero con la prórroga presupuestaria?

MADRID"En tiempo y en forma". Así es como en agosto del 2023 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preveía tener los presupuestos generales del Estado para este 2024. Sin embargo, la aspiración ha quedado en papel mojado tras el anuncio de Pedro Aragonés de convocar elecciones anticipadas en Cataluña el 12 de mayo. "El tablero político se ha alterado", asumía Montero este miércoles por la noche.

Estado y Generalitat se ven empujados a prorrogar las cuentas públicas del 2023. Aunque no es una práctica extraña –las del 2021 en Catalunya, por ejemplo, eran una prórroga de las del 2020; mientras que en España los del 2018 estuvieron prorrogados en 2019 y 2020–, deja entre bambalinas algunos compromisos presupuestarios, empezando por el incremento del gasto público que ambos gobiernos habían anunciado. Además, en el caso catalán el margen de maniobra es aún más restrictivo porque el Govern estará en funciones hasta que no se forme uno nuevo.

Gasto público

Tanto el gobierno español como el catalán habían anunciado unas cuentas "expansivas" para 2024 con un incremento del gasto público, aunque en el caso español el salto fue mayor entre el año 2022 y 2023. En Cataluña, la gasto primario (que excluye los intereses de la deuda) seincrementaba en 2.443 millones de euros, un 6,3% más que en 2023. "El impacto [en Cataluña] está claro", resume el secretario general del Colegio de Economistas, Àngel Hermosilla, que anticipa que "difícilmente" los del 2025 podrán contar con el mismo gasto público teniendo en cuenta que la disciplina fiscal estará del todo operativa.

En cuanto al gasto, los presupuestos catalanes estaban marcados por las partidas para hacer frente a la situación de emergencia por la sequía. A modo de ejemplo, se preveían 86 millones de euros para mejorar los regadíos, o 27 millones de euros para la red de suministro, es decir, la infraestructura que, de entrada, no podrá ejecutarse. Sin embargo, fuentes de la conselleria de Economía ya anticipan que "se está buscando la fórmula" para poder hacerlo. Hermosilla apunta que el Gobierno que salga de las elecciones "tendrá que tirar o bien con la inversión del 2023, o bien si se tenía excedente del 2022". "Abordar partidas nuevas en el 2024 será muy complicado", lamenta. "Si nos plantamos a las puertas de septiembre, ya habrá que trabajar en los [presupuestos] del 2025", anticipa.

En el caso del Estado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este jueves que la prórroga de las cuentas de 2023 no supondrá un "freno". El Estado puede modificar o ampliar partidas mediante la figura del decreto ley, aunque ello supondrá muchas más votaciones en el Congreso de los Diputados. Así, el incremento adicional de los sueldos públicos para este 2024, la revalorización de las pensiones o las prestaciones por desempleo podrán salir adelante a través de esta fórmula.

En cuanto a la recepción de los fondos europeos, Cuerpo ha dejado claro que "[con los presupuestos de 2023] hay espacio suficiente para poder implementar las inversiones previstas [este 2024]".

Disciplina fiscal

Para Hermosilla "se ha perdido una oportunidad" por tener más gasto que nunca antes del retorno definitivo de las reglas fiscales a Europa. La nueva disciplina fiscal debe ser ratificada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, y entonces los países tendrán que enviar entre junio y septiembre de este año sus planes de ajuste fiscal para los próximos cuatro años. Por tanto, los primeros presupuestos afectados serán los del 2025. Del mismo modo que las antiguas reglas fiscales, las nuevas siguen implicando una reducción gradual y sostenida del déficit y la deuda (aunque se flexibiliza para cada estado miembro) y la obligatoriedad de limitar el crecimiento del gasto público por debajo del 2,6% (sin tener en cuenta los intereses por la deuda). "En función de cómo evolucionen los indicadores de deuda y déficit, en los presupuestos del 2025 habrá que apretarse más o menos el cinturón", anticipa Hermosilla.

El gobierno español prevé que el déficit se sitúe en el 3% del PIB, cumpliendo así con las normas fiscales. De hecho, desde el ministerio de Hacienda recuerdan que a pesar de no tener nuevos presupuestos públicos, los objetivos de déficit y deuda tanto para el Estado como para las comunidades autónomas son los del plan de estabilidad enviado en abril en Bruselas. Este plan ha entrado en vigor después de que el Senado, con mayoría absoluta del PP, haya tumbado por segunda vez consecutiva los objetivos fijados por el gobierno español.

Impuestos

Lo que seguro queda parado en el caso catalán es la modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). La Generalitat quería vincular vía presupuestos una reducción de ese tributo en aquellas rentas inferiores a los 35.000 euros anuales. La medida afectaba a unos 2,6 millones de contribuyentes y representaba un ahorro por persona de unos 125 euros de media en la declaración correspondiente al 2024.

En el caso del Estado, la incógnita está en la permanencia del impuesto a las energéticas y la banca. PSOE y Sumar se habían comprometido a hacerlos permanentes a partir de 2025 a través de los presupuestos del Estado (por ahora se han prorrogado este 2024). Además, el impuesto a las energéticas tenía la particularidad de que debía vincularse a las inversiones de las compañías, lo que aguaba su contribución final. Desde el ministerio de Hacienda no concretan cuál será la vía por la que se optará por que ambos gravámenes no decaigan en el año 2025.

Recursos del sistema de financiación

En cuanto a las transferencias del Estado a las comunidades autónomas ya los ayuntamientos, es decir, al importe de las entregas a cuenta o anticipos (una parte importante de los recursos del sistema de financiación autonómica), éstas no se ven afectadas por la prórroga de los presupuestos. Sin embargo, la incógnita sí existe en cuanto a la condonación de la deuda del FLA.