La reforma fiscal, tocada de muerte antes de nacer

La reforma fiscal, uno de los proyectos clave de la legislatura en España, está tocada de muerte antes de empezar. A pesar de los planes enviados por el gobierno español a Bruselas, las dificultades históricas para implantar un nuevo modelo, sumadas al nuevo escenario político –con la victoria del PP y la derrota del PSOE en las elecciones de Madrid–, hacen que el gobierno español reconozca que los cambios que se introducirán serán limitados. “No será una reforma fiscal profunda”, admiten desde el ministerio de Hacienda, que es quien lidera la reforma.

España tiene un problema histórico con la recaudación de impuestos, como demuestran año tras año los datos del Eurostat, en los que siempre sale a la cola de Europa, solo por delante de algunos países del Este (como Estonia, Letonia, Bulgaria o Rumanía) y de un paraíso fiscal como Irlanda. El mismo gobierno de Pedro Sánchez lo explica en el plan de recuperación que ha enviado a Bruselas: “La presión fiscal en España estaba alrededor del 39% en 2018, muy por debajo de la media ponderada de los países de la Eurozona (46%)”. Si España se situara en esta media, la recaudación aumentaría en más de 70.000 millones de euros anuales.

Incluso si hubiera un cierto consenso para subir los impuestos considerablemente a las rentas más altas (consenso que tampoco existe), no sería suficiente para elevar la recaudación hasta situarla en la media europea, según coinciden los expertos en fiscalidad y reconoce también el ministerio. “Para situar la recaudación a nivel europeo tendrías que tocar los impuestos a demasiada gente: tendrían que pagar más los ricos, pero también las clases medias y las clases trabajadoras... Todos”, explican desde el gobierno para justificar que esto no pasará.

Horizonte: subida de impuestos en 2023

Para complicarlo más, el ejecutivo central quiere implantar la reforma fiscal en 2023, una vez haya pasado lo peor de la pandemia. Pero aquel año será año electoral y, por lo tanto, parece improbable que el gobierno quiera hacer cambios sustanciales que puedan enfadar a los electores, como reconocen las fuentes consultadas.

En 2014 el ministerio de Hacienda, entonces liderado por Cristóbal Montoro, ya impulsó una reforma fiscal que se limitó a retocar los tipos de algunos impuestos. Ahora podría pasar lo mismo, a pesar de que posiblemente se haga un esfuerzo en cuestiones como la fiscalidad medioambiental (y podrían incluir los peajes en las carreteras, como ya se ha anunciado), un asunto que Bruselas siempre exige a España y sobre el que Catalunya ya ha tomado la iniciativa. Desde Hacienda también indican que es probable que se revisen las desgravaciones y exenciones que hacen que la recaudación acabe siendo más baja de lo que tendría que ser.

Cuando llegó a la Moncloa, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía entre ceja y ceja armonizar impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones, que hoy en día presentan grandes disparidades entro autonomías. Montero había sufrido las diferencias cuando era consejera de Hacienda de Andalucía y, de hecho, pactó con Esquerra Republicana esta armonización fiscal a cambio de su apoyo a los presupuestos del Estado de 2021.

La beligerancia de comunidades como Madrid (donde no existe el impuesto de patrimonio, por ejemplo) ya era un preludio que estos cambios no serían sencillos, pero la amplia mayoría obtenida por Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de esta semana y el pobre resultado de los socialistas no hacen más que añadir dificultades al objetivo de Montero.

Sea como fuere, la armonización seguro que no llegará este mismo año, a pesar del pacto de presupuestos que firmaron PSOE y ERC. El gobierno ya ha dicho que la reforma fiscal no se hará hasta que un grupo de 17 expertos –que apenas se acaba de constituir– no haga un informe de recomendaciones. Este informe no se presentará hasta el primer trimestre de 2022. El ejecutivo prevé dedicar entonces nueve meses a aplicar algunas de estas recomendaciones.

Las propuestas de los expertos, sin embargo, no irán a misa. “El informe no es vinculante, pero se tendrá en cuenta”, explican desde el gobierno central. En la reforma fiscal de 2014, el informe del grupo de expertos era muy completo y el gobierno prácticamente no hizo caso de las recomendaciones. Ahora no tiene por qué pasar igual, pero nada garantiza que no sea así.

Tendencia inversa: Andalucía se suma a Madrid

Hoy en día, más que una armonización fiscal entre comunidades lo que se está viviendo es un proceso inverso. Ayuso ya ha dicho que quiere seguir profundizando en los recortes de impuestos, con nuevas rebajas en el IRPF y en el impuesto de sucesiones y donaciones. Este último tributo ya disfruta de unas condiciones favorables para los madrileños que heredan, a pesar de que no tanto como a veces se piensa.

De hecho, a pesar de que Catalunya normalmente recauda más que Madrid por este impuesto, las diferencias no son muy significativas: entre 2014 y 2018, la Generalitat recaudó 423 millones de media por sucesiones y donaciones, mientras que Madrid ingresó 399 millones. Una gran diferencia entre Catalunya y Madrid es el impuesto de patrimonio: mientras que la segunda no tiene, la primera ingresa por este tributo más de 500 millones anuales.

Actualmente, además, el gobierno de Andalucía –ahora en manos de PP, Cs y Vox– está emulando la estrategia fiscal de Madrid, con bajadas muy agresivas en los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, además del IRPF.