18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo: ¿por qué es tan difícil gobernar Perú?

Santiago de ChileEl expresidente de Perú Pedro Castillo tendrá que pasar al menos un año y medio en la prisión mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por el supuesto intento de autogolpe de estado del 7 de diciembre, por los cuales se enfrenta a un mínimo de diez años entre rejas. Un juez del Tribunal Supremo ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario, y ha aceptado así la petición de la fiscalía, que alertaba del riesgo de fuga. Mientras tanto se mantienen las movilizaciones en la calle en contra del gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, y ya han muerto 17 manifestantes, 9 de ellos este jueves, segundo día desde la entrada en vigor del estado de emergencia, con la intervención de las fuerzas armadas y la policía para reprimir las protestas.

Boluarte es la sexta en ocupar la presidencia de Perú desde 2016. Antes, Castillo había conseguido gobernar 17 meses, durante los cuales designó cinco gabinetes diferentes y más de 80 ministros. Investigado en seis casos penales, el Parlamento peruano lo había intentado destituir dos veces y el 7 de diciembre lo quería intentar una tercera vez; por eso, Castillo ordenó disolver la Cámara.

Perú hace años que pasa un periodo de inestabilidad institucional que parece no tener final. Con un Congreso dividido y deslegitimado por la ciudadanía, gobiernos poco avezados al diálogo y a la negociación política, y parlamentarios atrincherados en los respectivos sectores y con la potestad de poder destituir al presidente que ha escogido la ciudadanía por una votación directa.  

“La vacancia [moción de censura] es una herramienta constitucional de los parlamentarios peruanos indicada en la Constitución del 1993 que no se había usado tan a la ligera hasta el 2016, con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando la oposición, que entonces tenía mayoría absoluta en el Congreso, empezó a utilizarla para ejercer control político”, explica la politóloga Katherine Zegarra, docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Según ella, la ingobernabilidad del país sudamericano se ha visto potenciada por esta herramienta, pero “más que las reglas establecidas, lo que ha cambiado es el comportamiento de los políticos”. Para el politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos Paolo Sosa, que comparte esta mirada, “lo que ha cambiado es la correlación de poder entre oficialismo y oposición y, sobre todo, el compromiso de los actores con el orden democrático”.

Los legisladores utilizan el recurso bajo el argumento de la “incapacidad moral” del presidente. Cuando se aplicó la norma por primera vez a principios del siglo XIX, se refería a “un problema de salud mental que impedía al presidente tomar decisiones”, subraya Zegarra; ahora, sin embargo, se ha convertido en un término “muy ambiguo”, dice.

Polarización, negociación y desafección

Además de la moción de censura, hay otros elementos que fomentan la desestabilización y falta de gobernabilidad del país, como las dificultades para generar mayorías en el Parlamento, o una mirada demasiado enfocada al corto plazo: “Los parlamentarios tienden a ser irresponsables y proponen medidas desestabilizadoras como la vacancia porque no pueden ser reelegidos y no hay incentivos para proyectos a largo plazo”, apunta Zegarra.  

Sosa suma a la lista tres fenómenos clave: la polarización discursiva entre las élites; la fragmentación de la oferta política, que provoca que el presidente tenga que negociar con múltiples grupos de interés, y la profunda desafección política de la ciudadanía. 

Sin bancada y rodeada de protestas

Dina Boluarte, abogada de 60 años, es la primera mujer en llegar al poder en Perú. Bajo la administración de Castillo fue vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y ahora su presidencia no se presenta muy favorable, según los expertos. “No tiene una bancada en el Congreso que le apoye. Entró en la institución con el partido Perú Libre, como Castillo, pero la formación le retiró el apoyo cuando él llegó al poder”, recuerda Zegarra. “Los últimos años se ha demostrado que los presidentes sin bancada lo tienen muy difícil para avanzar”, añade.  

Para el investigador, Boluarte se enfrenta a un Congreso que la puede destituir “en el primer desacuerdo”, y a una movilización social “fragmentada, acéfala y con demandas muy maximalistas y opuestas a los intereses del Parlamento”. Según Sosa, la presidenta “no ha tomado las decisiones acertadas”, por ahora, ni en el diseño de su gabinete ni en la estrategia de contención de la protesta.

Lejos de cerrarse, la crisis política peruana avanza hacia la segunda semana de manifestaciones. “En Perú no hay una crisis política, sino múltiples: de representación, de gobernabilidad y constitucional”, dice Sosa. Y concluye: “Las tres han confluido, y ahora, después de la destitución de Castillo, se han reforzado”.