Cap de CreusFue el primer parque natural marítimo-terrestre que se creó en Catalunya, en 1998. Pero, a pesar de que han pasado 24 años, todavía no se ha redactado el plano rector de uso y gestión (PRUG) del Cap de Creus, que tiene que delimitar qué actividades estarán permitidas y cuáles no, y en qué condiciones. La Generalitat prevé que el próximo verano ya se aplique la nueva normativa, y expertos como el profesor de biología de la Universitat de Barcelona Bernat Hereu creen que ayudará a preservar sus grandes valores naturales: “Si se gestiona bien, de forma que se pueda conservar, pero también utilizarlo, es perfectamente compatible la conservación con los usos si se hace de forma correcta”.
Una de las nuevas restricciones que prevé el plan y que justo se ha empezado a aplicar este julio es la limitación en la pesca de hasta 25 especies. Con esta prohibición se intentará parar una de las principales amenazas a la biodiversidad del Cap de Creus: la sobrepesca. “Tanto la profesional como la recreativa tienen un impacto importante. Y se notan mucho las zonas que no están protegidas de la pesca”, indica Hereu, que recuerda que actualmente hay tres niveles de protección en el parque natural, y la pesca solo está totalmente vetada en las 21 hectáreas de la Reserva Integral (de un total de 3.000 hectáreas marinas, a más de las 11.000 hectáreas terrestres).
Asimismo, para el investigador, las otras problemáticas principales son la aparición de especies invasoras, el ruido de las embarcaciones, el cambio climático y la sobrefrecuentación. “Toda esta presión causa impactos directos o indirectas en la fauna y la flora”, destaca. De hecho, el siglo pasado se podían ver tiburones, focas y otras especies marinas en el Cap de Creus, pero la mayoría han acabado desapareciendo como consecuencia de la sobrepesca y de la presión del turismo.
Un retraso de 24 años
El retraso en la aprobación del plan de usos no ha permitido parar estos impactos. La ley aprobada en 1998 para declarar el Cap de Creus como parque natural establecía que, para desplegarla y aplicarla, había que crear tres instrumentos: un plan especial de protección del medio natural y el paisaje (aprobado en 2006) y el PRUG. En 2012 se inició un proceso para redactar esta segunda figura, pero en 2015 la Generalitat tiró la toalla: la propuesta presentada levantó la oposición de alcaldes, pescadores y empresarios turísticos y náuticos. “No se consultó ninguno de los sectores implicados y esto generó un frente de rechazo muy amplio”, recuerda Montse Mindran, actual presidenta de la junta rectora del parque natural, que vivió aquellas negociaciones como alcaldesa de Roses.
Después de recibir 375 alegaciones de 717 representantes locales y particulares, la Generalitat optó por dejar la propuesta en un cajón. Hasta que en 2017 volvió a coger el toro por los cuernos, pero, esta vez, contando con todo el mundo. Así, inició un proceso participativo con los diferentes sectores y colectivos, y en septiembre lo abrirá a los particulares. Las previsiones son aprobarlo el primer semestre de 2023 para que esté en vigor el próximo verano.
El principal objetivo del PRUG, que estará vigente durante cuatro años, es restaurar y conservar la biodiversidad y el patrimonio natural del parque. “Se tienen que regular todos los usos y mirar cuáles son compatibles y cuáles no. A la vez, se tiene que regular la interacción de estas actividades y cuáles son los límites para mantener los espacios en las mejores condiciones de conservación”, recalca el director de Políticas Ambientales, Marc Vilahur.
Creación de un cuerpo de vigilancia
Para Mindan, el nuevo marco regulativo “aportará tranquilidad” porque “todo el mundo sabrá qué se puede hacer y qué no”; pero considera que será clave que haya un control del cumplimiento. Por eso, Vilahur indica que están estudiando la posibilidad de crear un cuerpo de vigilancia propio en el Cap de Creus.
A pesar de que el nuevo documento cuenta con el apoyo de los agentes implicados, los empresarios náuticos y turísticos todavía tienen dudas. “Entendemos que se tenga que regular, pero nos preocupa porque tendrá repercusiones económicas importantes para muchas empresas, que tendrán que hacer sacrificios y quizás se tendrán que repensar”, admite el presidente de la Asociación de Empresarios de Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra.
Otra de las incógnitas que sobrevuelan el Cap de Creus es la aprobación definitiva del POEM, que tiene que determinar en qué lugares se podrán instalar parques eólicos marinos. Actualmente hay cuatro promotores que han mostrado su interés para desarrollar uno en el Cap de Creus. Para Gotanegra, “no tiene ningún sentido” y es “surrealista” que haga 24 años que se protege el Cap de Creus y que ahora se quieran colocar aerogeneradores. Y Mindan recuerda que hay un manifiesto firmado por un centenar de científicos que alertan de los impactos ambientales, sociales y económicos que pueden tener.
En cambio, para Vilahur dependerá del modelo que plantee el ministerio para la Transición Ecológica: “En función de si se aplican criterios económicos o si se aplican criterios de mínimo impacto ambiental”. “Nosotros defendemos la necesidad de un espacio de producción eólica offshore, pero que sea con los criterios ambientales necesarios”, subraya Vilahur, que también pedirá que esté previsto hacer una primera prueba con pocos molinos, para comprobar si perjudican la fauna y flora de la zona.
![Imagen de la reserva del Toro, en Mallorca, cedidas por los fotógrafos que participan a MADRE, el Certamen Audiovisual para la Conservación del mar Balear.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
