Donald Trump anuncia que declarará el movimiento antifascista como organización terrorista

WashingtonLa capitalización por parte de Donald Trump del asesinato de la activista de extrema derecha Charlie Kirk apuntaba en esa dirección. Pero nadie preveía que, en cuestión de una semana, terminaría así. El presidente vuelve a demostrar la rapidez fulminante con la que localiza las rendijas del sistema democrático y las explota para resquebrajarlo aún más. Este miércoles por la noche, Trump ha anunciado que declarará el movimiento antifascista Antifa como organización terrorista. La clasificación recuerda la oscura etapa del maccarthismo, en el mejor de los casos. En el peor, encauza a la sociedad estadounidense hacia un clima asfixiante que cada vez recuerda más a los regímenes autoritarios.

"Me complace informar a nuestros patriotas de EEUU de que estoy clasificando a Antifa, un desastre de izquierda radical enferma y peligrosa, como organización terrorista principal. También recomendaré firmemente que se haga una investigación exhaustiva sobre aquellos que financian a Antifa, de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales", ha escrito el presidente donde es de visita de estado. Habrá que ver qué autoridad o poder invocará a Trump para poder hacer oficial y legal esta catalogación.

El anuncio genera toda una serie de interrogantes, empezando por el conocimiento que puede tener el presidente sobre el movimiento antifascista. El movimiento Antifa no tiene una estructura centralizada, porque es más bien un paraguas bajo el que se juntan distintos grupos y organizaciones de la izquierda. Sin ningún liderazgo definido, resulta difícil saber quién o qué será susceptible de investigación y persecución. Pero, precisamente, esta falta de claridad es la que puede dar manga ancha al gobierno Trump para lanzarse contra todo lo que considere oportuno, incluidos, quizás, grupos u organizaciones que estén financiando las campañas del Partido Demócrata. Hace tiempo que existe en el punto de mira Blue Act, una de las grandes plataformas para recaudar fondos para los demócratas y que es investigada por presuntas irregularidades.

Hace una semana, el asesinato de Kirk marcaba un punto de inflexión en la polarización del país, pero la ola expansiva aún estaba por determinar. Ahora la catalogación del movimiento político como organización terrorista esboza su alcance. Muchos de los activistas vinculados al movimiento antifascista en Estados Unidos se encargan sobre todo de realizar seguimiento de los grupos supremacistas blancos.

Durante su primera presidencia, Trump ya trató a los activistas Antifa como si fueran un grupo concreto y no un movimiento. En 2017, activistas del movimiento fueron algunos de los líderes de las protestas contra la marcha supremacista de Charlottesville, en Virginia. En ese momento, Trump era presidente y justificó las manifestaciones de los supremacistas blancos equiparándolas con el movimiento antirracista.

La campaña del terror que Trump puso en marcha contra la población migrante se ha ido extendiendo estos meses como una mancha de aceite por todos los segmentos de la sociedad hasta llegar aquí. El asesinato de Kirk, ya ungido como mártir político del trumpismo, ha sido el detonante de este nuevo paso adelante. Al igual que se ha rebautizado el departamento de Defensa como departamento de Guerra, ahora también se apunta abiertamente a esa parte del país que siempre se ha declarado enemiga por el trumpismo.

Lo que empezó como una persecución dentro de los campus universitarios, con recortes de fondo con el pretexto de un supuesto antisemitismo, ahora se ha transformado en una lucha abierta contra la izquierda donde Trump no esconde las intenciones de utilizar la maquinaria del estado para perseguir a sus adversarios políticos. El presidente estadounidense ya ha normalizado sacar al ejército a la calle para resolver asuntos domésticos, tal y como se ha visto con la militarización de Washington, y ahora quiere señalar y demonizar las posiciones progresistas.

Las bases trumpistas, con figuras como la influencer ultra Laura Loomer -aliada estrecha de Trump-, se encargaron en los primeros días posteriores al asesinato a iniciar la cacería de brujas y atizar el odio contra la izquierda. Una actuación que el propio presidente validó durante la noche del tiroteo cuando, sin aún saber siquiera la identidad del presunto asesino, Tyler Robinson, ya culpó a "la izquierda radical".

A lo largo del fin de semana influencers trumpistas como Loomer se han dedicado a exponer a personas anónimas en las redes, adjuntando nombre y apellido y fotografías, acusándolas de celebrar la muerte de Kirk. Muchos de los señalados habían publicado comentarios críticos con el discurso de extrema derecha del activista, que defendía los valores del cristianismo conservador y las armas y atacaba abiertamente a los derechos de las personas LGTBIQ+. La suspensión este mismo miércoles del programa del humorista Jimmy Kimmel por un comentario sobre la identidad del presunto asesino es la culminación de toda esa espiral acosadora.

El lunes, el vicepresidente JD Vance ya anticipaba el anuncio del presidente en su participación como invitado especial en el podcast de Charlie Kirk. Desde su oficina junto a la Casa Blanca, Vance dijo que el gobierno trabajaría "para desmantelar las instituciones que promueven la violencia y el terrorismo en nuestro país". Vance aseguró que la administración actuaría para conseguirlo en los próximos meses y que exploraría "todas las opciones para conseguir una unidad real en el país y detener a aquellos que quieren matar a sus compatriotas estadounidenses porque no les gusta lo que dicen".

Al día siguiente de que Vance pronunciara estas palabras, la fiscal general Pam Bondi prometió que la administración Trump atacaría a todo aquel que utilice "discurso de odio" en relación con el asesinato de Charlie Kirk. Para discurso de odio, Bondi entendía las posiciones que contradecían a los postulados que defendía Kirk o que le señalaban como un activista de extrema derecha. Horas después de esta afirmación, Bondi publicó en las redes sociales que "el discurso de odio que atraviesa la línea de amenazas de violencia no está protegido por la Primera Enmienda. Es un delito".

Durante años el trumpismo se ha refugiado en la Primera Enmienda -la que defiende la libertad de expresión - para hacer afirmaciones que podrían ser catalogadas como discurso de odio. Por ejemplo, al inicio de la campaña electoral de 2024, Trump dijo que los migrantes "contaminan la sangre del país".