Trump recibe a Bukele en la Casa Blanca y avisa de que "estudia" deportar a El Salvador a migrantes con la ciudadanía estadounidense

WashingtonConvertir a El Salvador en la cárcel de Donald Trump le ha valido a Nayib Bukele ser el primer mandatario latinoamericano que se reúne con el presidente estadounidense. El líder centroamericano se ha encontrado con su homólogo este lunes para abordar nuevos acuerdos migratorios después de que en marzo la Casa Blanca deportara a la megacárcel Cecot más de 200 venezolanos y salvadoreños. Todos ellos fueron enviados bajo la ley de enemigos extranjeros y sin un proceso judicial en el que defenderse de las acusaciones de pertenecer a bandas criminales. El gobierno Trump ya ha reconocido que al menos uno de los deportados es inocente y que fue enviado "por error administrativo": Kilmar Abrego García. La administración asegura estar "sin poder" para devolverle, pese a que este lunes Bukele y Trump se han sentado en el Despacho Oval para estrechar lazos.

"Quiero agradecerte todo el trabajo que has hecho", ha dicho Trump a Bukele, al que ha calificado de "buen amigo". "Nos está ayudando mucho", ha afirmado el presidente de Estados Unidos en referencia al uso de la Cecot para deportar a migrantes sin papeles. Bukele respondió: "Queremos ayudar." De hecho, el magnate ha planteado que están estudiando deportar también a migrantes que han conseguido la ciudadanía. "Si son criminales... Porque podemos hacer estas cosas con el presidente [Bukele] por menos dinero y con mayor seguridad. Tenemos una población penitenciaria gigante. Hay otras personas con las que también lo estamos negociando. Estamos estudiando ahora mismo las leyes. Si podemos, esto está bien", ha dicho el republicano.

Bukele también ha cerrado filas con Trump sobre el regreso de Abrego García, al que ha acusado falsamente de "terrorista" y ha dicho que no tiene "poder" para devolverlo a Estados Unidos. Por la parte estadounidense, el asesor Stephen Miller, el gran ideólogo tras el plan de deportaciones masivas de Trump, fue quien intervino sobre la cuestión y dijo que es "arrogante" exigir a otro país que envíe a sus ciudadanos a Estados Unidos. "Un juez federal ha intentado decirle a la administración que secuestre a un ciudadano de El Salvador y lo lleve aquí", ha dicho Miller, distorsionando completamente el foco de la cuestión: la expulsión de un hombre que estaba protegido desde 2019 de la deportación y que en 2011 entró en Estados Unidos huyendo de las EE.UU. maras salvadoreñas.

Bukele, gran colaborador

Bukele pisa a Washington en el punto álgido de las dos grandes batallas legales sobre las políticas migratorias de Trump: la deportación de Abreggo García y la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. La semana pasada el Supremo sentenció que el gobierno debía "facilitar" el regreso del hombre de 29 años y que desde 2019 estaba protegido de la deportación, pero dejaba abierta la cuestión de si un juez federal puede ordenar al ejecutivo hacerlo. El domingo el departamento de Justicia presentaba un nuevo recurso en el que defendía que los jueces federales "no tienen autoridad para ordenar" al ejecutivo cómo gestionar "las relaciones exteriores". La resolución de la disputa sobre Abrego García marcará un precedente sobre hasta dónde llegarán los límites del ejecutivo para llevar a cabo su campaña de deportaciones masivas.

En el aire todavía está la legalidad de la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, la cual Trump quiere utilizar como acelerador de su campaña de deportaciones masivas. El Supremo, pese a levantar el bloqueo temporal impuesto por un juez, todavía no se ha llegado a pronunciar en profundidad sobre el caso.

Bukele ha pasado de ser un aliado más del presidente a convertirse prácticamente en su principal colaborador en la campaña del miedo contra la comunidad migrante. Ahora bien, no lo ha hecho gratis. La Casa Blanca pagó unos seis millones de dólares por encerrar a la Cecot Abrego García y más de 200 venezolanos que fueron deportados bajo la ley de enemigos extranjeros. Todos ellos estaban acusados, supuestamente, de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y Tren de Aragua. Ninguno de ellos contó con garantías procesales, tal y como remarcó una juez del Tribunal de Apelaciones.

En los planes de deportaciones masivas de Trump, las cárceles de El Salvador se han convertido en un elemento clave. No sólo por cuestiones prácticas, sino también como relato a través del cual ejercer el miedo sobre la población migrante e incluso los propios ciudadanos estadounidenses. Cuando en enero Bukele ofreció sus cárceles a Estados Unidos durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, planteó la posibilidad de alojar allí tanto a migrantes como a ciudadanos que hubieran cometido delitos.

En una de sus publicaciones, Trump amenazó con enviar a la Cecot a las personas detenidas por atacar a Tesla en protesta contra Musk y el nuevo gobierno. "Espero ver a los malhechores terroristas enfermos recibir condenas de 20 años de cárcel, por lo que están haciendo en Elon Musk y en Tesla. ¡Quizás podrían cumplirlas en las cárceles de El Salvador, que se han hecho tan famosas últimamente por sus condiciones tan agradables!", escribía.

Las prisiones del terror

En septiembre del pasado año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicaba un informe sobre el estado de excepción en El Salvador en el que relataba toda una serie de acciones en el sistema penitenciario que incluían desde detenciones sistemáticas sin pruebas hasta celdas llenas a rebosar de presos sin agua ni comida.

En medio de todos los líderes reaccionarios que halagan a Trump, Bukele ha sabido ganarse un lugar destacado. La buena sintonía entre ambos mandatarios responde a esa admiración que siente el presidente estadounidense por los líderes autoritarios que aplican mano dura. En El Salvador, Bukele logró que en el 2021 el Parlamento –controlado por su partido– destituyera a los jueces del Tribunal Constitucional, la máxima instancia judicial del país. Ya entonces saltaron las alarmas en un país que caía al abismo del autoritarismo. Justo el pasado martes la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la 32ª prórroga del régimen de excepción. La normativa, que suspende algunos derechos y garantías constitucionales, ha permitido, según las autoridades, la detención de más de 83.000 personas y se han registrado más de 633 días -no consecutivos- sin homicidios.

A pesar de la reducción de homicidios, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido, sin éxito, la derogación del régimen de excepción, por considerar que permite violaciones de los derechos humanos y que se han arrestado a personas inocentes.