Alemania refuerza los controles con Polonia y Chequia para frenar la inmigración

BruselasPolonia es uno de los estados miembros más beligerantes contra la política migratoria de la Unión Europea, y el partido de gobierno, el ultraderechista Ley y Justicia, siempre se ha proclamado como el gran guardián de las fronteras orientales del bloque comunitario. Estos últimos días, sin embargo, un escándalo de corrupción en la supuesta entrega extra de 250.000 visados a recién llegados ha situado a Varsovia en el lado contrario pocos días antes de la celebración de las elecciones polacas del próximo 15 de octubre y ha hecho saltar las alarmas de la Comisión Europea y, especialmente, de Alemania.

Por un lado, Bruselas incluso ha planteado dudas sobre el hecho de que Polonia "esté cumpliendo con la ley comunitaria" en materia de inmigración y le pide explicaciones por, precisamente, su falta de efectividad contra la entrada de inmigrantes. Y, por otro, Berlín asegura que las zonas de Alemania fronterizas con Polonia y la República Checa se están llenando de recién llegados hasta puntos insostenibles y acusa a los servicios diplomáticos de Varsovia de trabajar en plena connivencia con las mafias de inmigrantes. "Hay que detener de una vez el cruel negocio de traficantes, que obtienen los máximos beneficios a base de poner en riesgo vidas humanas", ha dicho este miércoles en una comparecencia la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser.

Por este motivo, Berlín ha anunciado que la policía alemana reforzará los controles contra el tráfico de personas en estas zonas fronterizas. Sin embargo, no serán las inspecciones con puntos fijos que reclamaban las administraciones locales de estas regiones y la oposición conservadora y ultraderechista, sino que se trata de una medida intermedia y sencillamente se realizarán supervisiones aleatorias de vehículos sospechosos. "Mi objetivo es incrementar la presión contra los traficantes y proteger a las víctimas, que son traficadas a menudo sin agua y apenas oxígeno", ha señalado Faeser.

La decisión de Berlín ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea. Este miércoles, la portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hippe, ha remarcado en rueda de prensa desde Bruselas que en ningún caso se trata de una frontera dentro del espacio Schengen y matizó que es una "medida alternativa" que cumple con la legalidad de la UE y que, además, es "útil".

Aumenta la tensión entre Alemania y Polonia

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha criticado que el gobierno polaco está metido en un sistema de sobornos en embajadas y consulados que venderían a mafias visados para inmigrantes válidos en toda la Unión Europea. Ante estas acusaciones, Varsovia ha culpado a Berlín de querer influir en la campaña electoral de Polonia y derribar al gobierno ultraderechista y euroescéptico Ley y Justicia.

Además, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insiste en responsabilizar a Bruselas y Berlín de esta crisis por su supuesta poca mano dura contra los inmigrantes.

Más allá de esta disputa diplomática, hace días que Scholz ha situado en la agenda mediática la cuestión migratoria y ha girado hacia un discurso más contrario a los refugiados. Ha criticado en distintas ocasiones el aumento de inmigrantes que entran en Alemania –la oficina federal entre enero y agosto de este año ha recibido unas 220.000 peticiones de asilo, un 77% más que el pasado año– y, según fuentes gubernamentales de Reuters, Berlín disminuirá el presupuesto de la acogida de refugiados de forma sustancial: pasará de destinar 3.750 millones de euros este 2023 a 1.700 el próximo año.

En la víspera de un Consejo de la UE sobre inmigración

La crisis migratoria será precisamente el principal punto del Consejo de la UE de los ministros de Interior europeos que se celebra este jueves en Bruselas. Estará sobre todo marcado por el polémico acuerdo que la Comisión Europea firmó de forma unilateral con Túnez, que recibirá una financiación de 1.000 millones de euros de los Veintisiete a cambio de frenar la entrada de inmigrantes. Este canje desagrada a muchos estados miembros y, además, distintos socios europeos critican que, de momento, no está funcionando, tal y como se ha podido ver en la crisis migratoria que está sufriendo la isla italiana de Lampedusa.

En el pasado otoño los Veintisiete ya llegaron a un acuerdo histórico sobre el reparto de los inmigrantes que llegan al Viejo Continente y que la Unión Europea considera "ilegales". Consensuaron que redistribuirán entre los distintos países del bloque comunitario hasta unos 30.000 recién llegados cada año para aligerar la presión de los estados mediterráneos que reciben mayor inmigración, como España, Italia o Grecia. Ahora bien, el sistema de redistribución no será obligatorio sino completamente voluntario, y los estados miembros que se mantengan en la insolidaridad y no quieran admitir a los inmigrantes que proporcionalmente les correspondería tendrán que pagar hasta 20.000 euros por cada persona que rechacen como penalización.

En estos momentos, la única pieza del pacto migratorio que falta por acordar es el reglamento de gestión de crisis migratorias, que determina, por ejemplo, cuáles son los criterios para evaluar si la UE vive una crisis migratoria y, por tanto , qué medidas deben activarse. Esta medida, que la presidencia española del Consejo de la UE preveía acordar el pasado julio, se vio bloqueada por la negativa de una pequeña minoría de Estados miembros, como Polonia, Hungría, Países Bajos, Austria o Alemania. Ahora bien, este jueves, algunas fuentes diplomáticas apuntan a que Berlín –la capital más influyente de la UE– ha cambiado de opinión y mañana podría desatascar la propuesta y convencer al resto de socios europeos díscolos.