Meloni vuelve a intentar deportar a migrantes a Albania

RomaLa primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, vuelve a la carga con su plan para deportar a inmigrantes en situación irregular a los centros construidos en Albania por su gobierno, aunque la justicia italiana ya ha rechazado en dos ocasiones el traslado forzoso al país balcánico de personas rescatadas en el Mediterráneo por naves militares italianas.

Este martes han llegado hasta el puerto albanés de Shenjin 49 migrantes a bordo del buque militar Casiopea, y se empezará a evaluar los casos antes de ser trasladados al centro de identificación y expulsión construido en Shenjin, gracias al acuerdo entre Meloni y su homólogo albanés, el socialista Edi Rama. En este centro, una antigua base militar de la CIA con capacidad para 3.000 personas, los migrantes deben esperar la respuesta a sus solicitudes de asilo. Una decisión que está previsto que se tome en dos o menos días, sin tiempo para estudiar los casos realmente.

La patrullera Cassiopea se encontraba desde hace algunos días en aguas cercanas a la isla italiana de Lampedusa, en el Mediterráneo central, donde en las últimas semanas se han intensificado las llegadas de migrantes en situación irregular hasta los 1.264 desembarcos en seis días. Los migrantes deportados a Albania proceden de Bangladesh, Egipto, Gambia y Costa de Marfil, según medios italianos, y han sido interceptados cuando intentaban llegar a Italia.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha mostrado su admiración públicamente por Meloni –fue la única mandataria europea invitada a su toma de posesión la semana pasada–, ha dado un nuevo impulso a la polémica política migratoria impulsada por la primera ministra italiana, que cuenta además con el beneplácito de la UE. "Los centros en Albania funcionarán aunque tenga que pasar todas las noches trabajando desde hoy hasta el final de la legislatura", prometió la jefa del gobierno italiano durante la última fiesta anual de su partido.

¿A cambio de qué Albania se queda los inmigrantes que Meloni no quiere?

Éste es el tercer intento de Meloni de poner en marcha su polémico plan para externalizar la gestión de la inmigración irregular. Los centros empezaron a operar en octubre, pero la justicia italiana se pronunció contra la detención de los dos primeros grupos deportados –diecisiete y ocho personas respectivamente, procedentes de Egipto y Bangladesh–, y obligó a devolverlos a Italia .

Los magistrados basaron su decisión en una sentencia europea, que prevé que un país no puede considerarse seguro si no lo es en todo su territorio y para todas las personas. El gobierno reaccionó y aprobó un decreto que blinda la lista de países considerados seguros para sortear las lagunas legislativas.

En noviembre, sin embargo, con el traslado del segundo grupo, el Tribunal de Roma volvió a rechazar la decisión de retener a los migrantes en el centro construido en Albania y pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare si cabe prevalecer lo dispuesto en el último decreto del gobierno o la sentencia emitida por la corte europea.

Más tarde, el Tribunal Supremo dictaminó que los jueces no pueden asumir la función del ministerio de Asuntos Exteriores sobre qué países son seguros, pero reconoció el derecho a no aplicar las instrucciones del gobierno si, en casos específicos, uno estado no es seguro para una persona migrante en particular.

Centros vacíos

Desde entonces los centros han estado vacíos y la mayoría de su personal regresó a Italia: policías, militares y funcionarios de los ministerios de Justicia y Sanidad. En total, unas 200 personas aproximadamente. A éstos se unieron después los trabajadores que habían sido contratados por la asociación Medihospes, a la que se adjudicó la acogida a los centros. Casi todos sus empleados abandonaron sus instalaciones a finales de noviembre.

Tras el último varapalo judicial, el ejecutivo de Meloni ha modificado la legislación para que a partir de ahora sean los jueces del Tribunal de Apelación de la capital italiana y no un tribunal administrativo de Roma lo que decida sobre las detenciones. Sin embargo, los jueces deberán pronunciarse sin conocer todavía la interpretación definitiva del Tribunal de Justicia Europeo sobre el concepto de países seguros, ya que se espera que se haga pública el 25 de febrero.

A pesar de las dificultades a las que ha tenido que hacer frente el gobierno italiano para hacer funcionar el modelo albanés, la primera ministra ha asegurado recientemente que no tiene intención de renunciar a ella. "La sentencia del Tribunal Supremo da la razón al gobierno y dice que corresponde establecer qué países son seguros y que el juez no puede invalidar sistemáticamente la detención de migrantes, sino que puede motivar el caso específico por el que esta persona no está segura en ese país , que es distinto a lo que hicieron los magistrados del tribunal de Roma", ha dicho Meloni en la tradicional rueda de prensa de resumen del año, una de las pocas ocasiones en las que la mandataria accede a responder a las preguntas de los periodistas.