Sarkozy se sienta en el banquillo de los acusados por haber intentado sobornar a un juez

BarcelonaFrancia se ha levantado este lunes pendiente de un juicio histórico contra el expresidente Nicolas Sarkozy, a quien la Fiscalía acusa de corrupción y de tráfico de influencias. El político conservador, de 65 años y ya retirado, comparece ante el juez por haber intentado presuntamente corromper al magistrado Gilbert Azibert pidiéndole que lo ayudara en otra investigación judicial a cambio de un cargo en el Consejo de Estado de Mónaco. El expresidente, su abogado y el juez se enfrentan a penas de diez años de prisión y a una sanción de un millón de euros por corrupción activa o pasiva. El proceso, sin embargo, ha quedado pospuesto unos minutos después de empezar, a petición del abogado de Azibert, que alegó problemas de salud. La presidenta del tribunal ha ordenado un examen médico del acusado antes del jueves.

Durante la investigación, la policía puso a Sarkozy bajo escolta telefónica a finales de 2013, un año después de que dejara la presidencia al perder las elecciones ante el socialista François Hollande. El caso se basa en las conversaciones que mantuvo con su abogado, Thierry Herzog, en las cuales los dos hablaban de cómo habían ofrecido este cargo al juez si les conseguía información sobre otra investigación abierta contra el expresidente, la financiación irregular de la campaña de 2007 que lo llevó a la presidencia, con donaciones de la multimillonaria Liliane Bettencourt, propietaria del grupo de cosmética L'Oréal.

Esta es solo la primera de varias investigaciones en curso contra el expresidente, que durante años ha intentado que fueran archivadas: desde la supuesta financiación ilegal de la misma campaña de 2007 por parte del rais libio Muamar el Gaddafi, que le habría dado 50 millones de euros, hasta los sobornos que habría recibido por la venta de armas francesas a Pakistán.

De hecho, los investigadores buscaban pruebas sobre la financiación irregular a través de Gaddafi cuando descubrieron que Sarkozy se comunicaba con su abogado mediante teléfonos móviles registrados bajo nombres falsos, en el caso del presidente una línea a nombre de un tal Paul Bismuth. Según la Fiscalía, esas conversaciones revelaron que, a través de su abogado, el expresidente había estado en contacto con el juez, entonces miembro del Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa, para reclamarle información secreta sobre el caso Bettencourt. La policía le había intervenido las agendas y el expresidente quería saber en qué punto estaba la investigación. A cambio, ofreció al juez un cargo dorado en la Costa Azul. "Te ayudaré, te haré ascender", dijo en una de las conversaciones que han sido parcialmente publicadas.

En Francia, las comunicaciones entre cliente y abogado son secretas, con la excepción de si el letrado participa en la comisión de un delito. El asunto Bettencourt fue finalmente archivado, pero el procedimiento por corrupción y tráfico de influencias salió adelante.

Sarkozy defiende su inocencia, asegura que todo ello es producto de un complot y proclama que el comportamiento que se le imputa es un insulto a su inteligencia. Sus aliados, incluida la exministra de Justícia Rachida Dati, también acusan a la Fiscalía Anticorrupción, creada por Hollande, de sesgo político.

La imagen de un expresidente francés sentado en el banquillo de los acusados es inédita. En 2011 Jacques Chirac fue juzgado y condenado por haber ofrecido puestos de trabajo ficticios cuando era alcalde de París, pero no llegó a comparecer ante el juez por problemas de salud. El proceso contra Sarkozy se considera la principal prueba de fuego para la Fiscalía Anticorrupción porque durante todos estos años el expresidente la ha puesto en el punto de mira cuestionando sus motivaciones.