Australia celebrará un histórico referéndum para blindar constitucionalmente más representación a los aborígenes

LondresEl primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, ha anunciado este miércoles que el país celebrará el 14 de octubre un histórico referéndum sobre la modificación de la Constitución para aprobar –o rechazar– el establecimiento de un nuevo órgano asesor de representación de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, un archipiélago situado entre Australia y Papúa Nueva Guinea.

Llamado com Voz en el Parlamento, el nuevo organismo, de carácter consultivo y no vinculante, ofrecerá, en caso de ser sancionado por la mayoría de los ciudadanos y al menos por cuatro de los seis estados del país, asesoramiento a la cámara federal de Canberra y al gobierno para representar a las minorías de las llamadas primeras naciones en las nuevas leyes que les puedan afectar.

En un discurso en Adelaida, donde ha anunciado la fecha del plebiscito, Albanese ha calificado la Voz en el Parlamento como un instrumento vital para reparar la dolorosa y cruel historia de discriminación del estado australiano contra los aborígenes y los habitantes del estrecho de Torres. El primer ministro también ha asegurado que se trata de "una oportunidad única en una generación para unir al país y cambiarlo para mejor".

La ministra para los indígenas australianos, Linda Burney, ha dicho también que si la propuesta es aceptada pondría remedio a un "largo legado" de políticas fallidas sobre el trato a los aborígenes en una variedad de cuestiones, que se reflejan en el exceso de representación de las primeras naciones como internos del sistema penitenciario del país o en la falta de equiparación en cuanto al acceso al sistema de salud, el trabajo o la educación.

La celebración de la consulta ha dividido el país. De hecho, los referéndums no suelen ser bendecidos por los australianos. Solamente ocho de los cuarenta y cuatro que se han celebrado hasta ahora en la historia han tenido un resultado positivo. La última vez que Australia votó uno sobre asuntos indígenas fue en 1967. Entonces, el 90,77% de los ciudadanos aprobaron dos enmiendas constitucionales. Una eliminó la sección 127, por la que los "nativos aborígenes" no se contaban dentro de la población con plenos derechos.

La segunda enmienda modificó la sección 51 –el poder de la raza– para permitir al gobierno hacer leyes positivas sobre los aborígenes. Por primera vez, los miembros de las primeras naciones estuvieron protegidos por la Ley de discriminación racial, finalmente aprobada en 1975. Esta ley prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda y el acceso a instalaciones públicas, como por ejemplo piscinas, cines o todo tipo de tiendas. Pero, a pesar de ese referéndum y la ley que posibilitó, el progreso para combatir la marginación de los aborígenes en el país ha sido muy lento.

En 1967 el resultado fue tan abrumador, entre otras razones, porque no hubo ninguna campaña por el no, circunstancia que no tiene lugar en el 2023, por lo que el resultado es mucho más incierto. Los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres constituyen una minoría muy pequeña de la población global de Australia (menos del 4%).

Dos razones para oponerse al sí

La campaña del sí ha declarado que es hora de cambios, poniendo énfasis en cómo los gobiernos federales han fracasado constantemente a la hora de proteger los derechos de las comunidades de las primeras naciones en todo el país. Albanese y su gobierno consideran que las mejores decisiones políticas resultan de la consulta de las comunidades locales sobre cuestiones que les afectan. Por esta razón, y para conseguir el apoyo de una población mayoritariamente no indígena, el primer ministro presenta su campaña como una oportunidad para que todos los australianos se unan en lo que supone el reconocimiento y la renovación democrática.

Los argumentos en contra se basan en dos motivos. La senadora independiente Lidia Thorpe, la primera aborigen por el estado de Victoria, argumenta que la Voz es un órgano impotente. Thorpe pide que el gobierno establezca un tratado de reconocimiento de derechos con los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, como, por ejemplo, hizo el Canadá. Sin embargo, estos procesos pueden tardar muchos años en completarse. Por ejemplo, el estado de Victoria lo inició un proceso con miembros de las primeras naciones en 2018 y las negociaciones todavía no han empezado.

Por otra parte, la campaña oficial por el no, liderada por los partidos conservadores de la oposición, considera que la propuesta es un órgano para las élites de Canberra, y que sería divisivo para el país.