Venezuela y Estados Unidos firman una paz forzada y desigual dos meses después de la captura de Maduro

BarcelonaDesde que Delcy Rodríguez anunció una "agenda de cooperación" con la Casa Blanca poco más de 24 horas después de la captura de Nicolás Maduro, Caracas se ha doblado forzosamente en Washington semana tras semana. Estados Unidos gobierna Venezuela por la puerta trasera y ha logrado que el chavismo impulse reformas para liberalizar la economía, mientras la administración Trump ha restablecido de forma muy restringida y bajo condiciones excepcionales el comercio con el país latinoamericano. En los dos meses y medio que han pasado desde el ataque, Venezuela ha abierto sus puertas en EEUU a sus recursos naturales. El propio Trump lo reconoció el pasado fin de semana en la cumbre en Miami con líderes latinoamericanos aliados de la Casa Blanca: "Estamos sacando enormes cantidades de petróleo", afirmó.

Sobre el papel, la apertura del chavismo a las inversiones estadounidenses comenzó a finales de enero. Entonces, la Asamblea Nacional aprobó una modificación de la ley de hidrocarburos que supuso la constatación de un giro pragmático –y obligado– del chavismo ante la presión de EEUU. El Parlamento venezolano aprobó un texto que reduce los controles estatales sobre la industria y pone menos trabas a las empresas privadas extranjeras a la hora de participar en la explotación del petróleo. Hasta ahora, sólo podían hacerlo en empresas mixtas en las que el estado tenía siempre la mayoría, y la nueva legislación permite que esto ya no sea exclusivamente así.

En materia comercial, el gobierno de Delcy Rodríguez también ha impulsado una nueva ley de minas, aprobada en primera vuelta esta semana en el Parlamento venezolano. Aunque el texto puede sufrir todavía algunas modificaciones, la intención es que fije las bases legales para dar garantías jurídicas a las empresas, con el objetivo de generar confianza y atraer inversión privada extranjera. En caso de conflicto, la norma fija mecanismos de mediación y arbitraje que deben disipar las dudas que algunas grandes petroleras como Exxon expresaron en su encuentro con Trump en enero, en las que pidieron reformas antes de invertir en el país para no exponerse a una incautación de los activos.

Las modificaciones legales en el país también han ido acompañadas de movimientos estadounidenses. Washington y Caracas firmaron en febrero una "asociación productiva a largo plazo", en palabras de Rodríguez, tras reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas. La semana pasada, otro alto cargo visitaba Venezuela: el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, viajó al país, junto a responsables de empresas mineras de EEUU. Tras la visita, EEUU autorizó operaciones concretas de empresas estadounidenses para explotar el oro venezolano.

La tutela impuesta de Estados Unidos

En una situación convencional, las reformas impulsadas posibilitarían la entrada de nuevos ingresos para Venezuela, fruto de la compra de recursos. Ahora bien, Estados Unidos evita por ahora que las instituciones venezolanas puedan decidir qué hacer con ese dinero. Las autorizaciones emitidas por Washington para explotar los recursos minerales están sujetas a dos condiciones. Por un lado, que el petróleo y el gas extraídos no se vendan en países como Irán, Cuba, Rusia o China.

Por otra parte, la administración Trump obliga a las empresas a depositar el dinero correspondiente a las transacciones en una cuenta que controlan Estados Unidos. "Aunque el dinero es de Venezuela, Estados Unidos decide cuándo, cómo y para qué se le envía a Caracas", detalla Ana Ayuso, investigadora del Cidob especializada en América Latina, quien añade que "muchos de los envíos de dinero de Washington a Caracas están condicionados a la compra de servicios y productos estadounidenses". "Al final, el dinero va a parar a Estados Unidos", remarca.

José Manuel Puente, profesor en el Instituto de Estudios Superiores de la Administración (IESA) de Venezuela, subraya que "quien está gobernando Venezuela es Donald Trump y Estados Unidos", y que el ejecutivo de Rodríguez "es sólo una fachada". Sobre el motivo del ataque, Puente recuerda que ni el secretario de Estado, Marco Rubio, ni Trump han dado pasos públicamente que favorezcan un proceso de reforma política del país. Más allá de la aprobación de la ley de amnistía para los presos políticos, no se han visto avances en este sentido, y el profesor advierte que en Venezuela existe "preocupación" por que las acciones de Washington se queden sólo en una extracción de recursos.

De esta forma, se evidencia por la vía de los hechos que pierde fuerza una de las premisas que utilizó parte de la comunidad internacional para justificar el ataque de EEUU a Venezuela, es decir, que el gobierno de Nicolás Maduro no era un ejecutivo legítimo y que había que impulsar una transición. Lejos de ello, Trump ha reconocido "formalmente" al gobierno de Delcy Rodríguez. "Le hemos reconocido legalmente", expresaba el presidente estadounidense el pasado fin de semana desde Miami. Unos días después, este jueves, el ejecutivo notificaba la decisión al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro, que volverá a declarar el 26 de marzo.

Relaciones rotas con Cuba

El descalabro provocado por el ataque de EEUU también ha cambiado por completo las relaciones de colaboración entre Venezuela y Cuba. En su intento de ahogar aún más al régimen castrista, Washington ha detenido la exportación de petróleo de Caracas a La Habana, fundamental para la economía cubana.

Además, desde Venezuela, Delcy Rodríguez ha roto con décadas de cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Según una investigación de Reuters, varios funcionarios cubanos que formaban parte del equipo de seguridad del gobierno venezolano abandonaron el país en febrero. Previamente, durante el ataque de EEUU, 32 cubanos afincados en Venezuela que colaboraban en materia de seguridad murieron.