Sin protección para los refugiados climáticos

BarcelonaLa crisis climática está forzando desplazamientos de población cada vez más importantes: el aumento del nivel del mar, los ciclones, las sequías o los incendios obligaron el año pasado a más de 30,7 millones de personas en el mundo a dejar su casa, según los últimos datos del Instituto de Desplazamiento Forzado, y todos los estudios científicos advierten de que el problema irá a más. Los gobiernos europeos, incluido España, no solo no están actuando para paliar el impacto del calentamiento global, sino que tampoco están preparando herramientas para garantizar la protección de las poblaciones más afectadas. A tres semanas de la cumbre por el clima de Glasgow, el COP26, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Greenpeace lo recuerdan en el informe Huir del clima. Cómo influye la crisis climática en las migraciones humanas.

“La crisis climática tiene un impacto cada vez mayor en el desplazamiento y las migraciones humanas, y afecta con más gravedad a las poblaciones más desfavorecidas, que son precisamente las que menos han contribuido a generar el problema. Por eso hacen falta políticas basadas en la justicia climática", apunta Eva Saldaña, directora de Greenpeace.

Las migraciones son fenómenos multicausales y complejos, pero los desastres medioambientales son claramente un factor de expulsión de poblaciones. La crisis climática ya está aquí y tiene impactos concretos: los vemos en el caso de Vanuatu, el archipiélago del Pacífico más afectado por el aumento del nivel del mar; o en las sequías en la América Central que han obligado a huir a muchos migrantes de los que participan en las caravanas hacia los Estados Unidos; o en la crisis de la pesca en el Senegal, Gambia y Mauritania, causada por la extracción indiscriminada de las flotas europeas, rusas y chinas.

Pero nos equivocaríamos si viéramos las migraciones climáticas como un desplazamiento masivo de población del sur hacia el norte. El 90% de migrantes climáticos se quedan dentro de su país, como desplazados internos, en movimientos campo-ciudad que tienen un grave impacto social. Y los países más ricos tampoco están exentos de ello, como hemos visto este verano con los incendios en California o las trombas de agua en Alemania.

Por eso las entidades reclaman a los gobiernos compromisos nacionales más ambiciosos en la reducción de emisiones, que garanticen la representación de los gobiernos y el tejido social de los países del sur en Glasgow, que las empresas de combustibles fósiles tengan menos peso en las negociaciones y que se resuelvan los dos temas pendientes desde la cumbre del Clima de Madrid del 2019: el funcionamiento del mercado de derechos de emisión y la transparencia.

Falta de protección

A pesar de la evidencia del problema, no hay hoy por hoy instrumentos jurídicos que obliguen a los estados a proteger a estos migrantes climáticos. "La UE y el gobierno español van tarde a poner en marcha medidas para abordar estas migraciones climáticas. Es urgente establecer vías legales y seguras y reconocer la condición de refugiados de los afectados", ha añadido Estrella Galán, directora general de CEAR. "Solo hacen falta dos cosas: voluntad política y determinación".

Lo cierto es que el derecho siempre va por detrás de la realidad, y en el caso del derecho internacional el retraso es doble. La convención de Ginebra que regula el derecho de asilo se redactó mucho antes de que hubiera conciencia de la emergencia climática, aunque alguno de sus principios, como el de no devolución, que prohíbe devolver a alguien a un lugar donde su vida corra peligro, podría ser aplicable en algunos casos. También se pueden hacer interpretaciones amplias, cuando lo que está en juego es el derecho a la alimentación, por ejemplo. Solo los estados africanos a través de la convención de Kampala reconocen expresamente la obligación de proteger a los migrantes climáticos.

"La Unión Europea, que declaró la emergencia climática en 2019, todavía no reconoce una protección exprés de la gente que ha tenido que marcharse de casa por razones medioambientales: hoy en día la protección de estas personas en Europa es invisible", denuncia Nuria Díaz, de CEAR, que reclama que en el marco del nuevo pacto migratorio europeo se incluya este supuesto como motivo de protección inmediata.