El Senado tumba la ley demócrata para proteger el derecho de voto de los norteamericanos

WashingtonLos demócratas dicen estar luchando para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Los republicanos, para garantizar la inmunidad de las elecciones frente a cualquier tentación de fraude. Pero más allá de la retórica y de las razones más o menos legítimas de las partes, en juego está el control del poder.

La teoría es que una mayor participación ciudadana es sinónimo de victoria demócrata. Las trabas al voto, que los conservadores argumentan en términos de seguridad electoral, afectan mayoritariamente a las minorías raciales del país, que a su vez tienden a votar demócrata. No es difícil adivinar, por lo tanto, quién apuesta por facilitar lo máximo posible el acceso a las urnas y quién por convertirlo en una carrera de obstáculos para una parte de la población.

Esta pasada madrugada estaba previsto que los republicanos tumbaran en el Senado la posibilidad de debatir, enmendar y votar un proyecto de ley que supondría una profunda y ambiciosa reforma del proceso electoral en Estados Unidos. Es la respuesta demócrata a la batería de leyes electorales aprobadas en lo que llevamos de año en más de una decena de estados controlados por los republicanos y criticadas por las organizaciones de derechos civiles. 

Al calor de las falsas denuncias de fraude del derrotado ex-presidente Donald Trump, los conservadores han aprobado leyes en estados como Georgia, Florida o Arizona que limitan y endurecen las condiciones para votar. Por el contrario, otros estados, la mayoría demócratas, han codificado en la ley las facilidades para votar aprobadas de forma puntual con motivo de la pandemia. Aquellas contra las que arremetió Trump como garantía de fraude, como el voto por correo universal o los buzones de votación.

Competencia estatal

Es potestad de cada estado organizar las elecciones, razón por la que los republicanos critican la propuesta de reforma electoral en términos de extralimitación del gobierno federal. En opinión de Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en la cámara alta, la ley pretende “amañar permanentemente las normas de las elecciones en favor de los demócratas”. Al contrario, para los demócratas se trata de bloquear leyes que, como hizo el propio presidente Joe Biden, comparan con las de la era de segregación racial en el país.

El proyecto demócrata, aprobado en marzo en la Cámara de Representantes exclusivamente con el voto de este partido, tendría un enorme impacto al ampliar los formatos con los que ejercer el derecho al voto, entregar a comisiones independientes la delineación de los distritos electorales (ahora en manos de los parlamentos estatales, donde el partido en la mayoría tiende a buscar la aritmética más favorable a sus intereses en una práctica que se conoce como gerrymandering) o promover la transparencia al obligar a hacer pública la identidad de los donantes de campaña.

Por el contrario, las leyes estatales republicanas reducen el tiempo para poder votar de forma anticipada, impiden el envío automático de las papeletas para el voto por correo y establecen severas limitaciones sobre quién está facultado para ejercerlo, reducen o eliminan el número de buzones de votación y los colegios electorales abiertos 24 horas, imponen requisitos de identificación más estrictos o empoderan a las cámaras legislativas a la hora de poder revertir el resultado de las elecciones, algo por lo que Donald Trump abogó durante semanas tras su derrota de noviembre.

Amenaza para la democracia

Para el ex-presidente Barack Obama lo que está en juego es la propia democracia. El lunes, en una llamada con un grupo de activistas, el primer mandatario afroamericano de la historia se remitió al asalto al Capitolio del pasado 6 de enero para justificar la urgencia del momento y la necesidad de proteger por ley el derecho al voto. “No podemos esperar hasta las próximas elecciones”, urgió. “Porque si tenemos el mismo tipo de chanchullos que provocaron el 6 de enero, si los tenemos durante un par de ciclos electorales más, vamos a tener verdaderos problemas para nuestra democracia a largo plazo”, dijo Obama.

Pero el dolor de cabeza demócrata no lo causan solo los republicanos, es también interno. Con los cien asientos del Senado repartidos al 50%, el Partido Demócrata no puede permitirse la pérdida de ni un solo voto. Y ni siquiera unidos pueden garantizar que proyectos de ley como el votado anoche salgan adelante. La mayoría requieren el beneplácito de al menos 60 senadores. Es lo que se conoce como filibusterismo legislativo, que impide la aprobación por mayoría absoluta. Para eludirlo, sería precisa la unidad demócrata para cambiar las normas en el Senado, y dos senadores demócratas, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, ya han dejado claro que no están por la labor. Ambos abogan por buscar consensos bipartidistas. La actitud republicana, sin embargo, anticipa una legislatura frustrante para la administración Biden.