El Supremo reconoce el derecho de los refugiados a pedir asilo en las embajadas de España

BarcelonaEspaña no tiene ahora mismo ninguna vía legal para que la gente que huye de las guerras y la persecución pueda refugiarse en su territorio. Por eso los hombres, mujeres, niños y niñas a los que, según el derecho internacional y las leyes españolas, el Estado tiene la obligación de acoger, se ven abocados a las mafias o a jugarse la vida en el mar, como estamos viendo ahora en Canarias. Pero la asociación Stop Mare Mortum acaba de conseguir que el Tribunal Supremo reconozca una pequeña puerta que podría dar respuesta a algunos de los casos que hasta ahora han topado con una política migratoria de bloqueo: el alto tribunal ha dado la razón a la entidad, contra el criterio de la Abogacía del Estado, en que las víctimas de guerras y persecución tienen que poder pedir protección a las embajadas o consulados españoles cuando estén en un tercer país.

Esto sería una salida, por ejemplo, para las 2.500 personas originarias de Malí, que sufre una de las guerras enquistadas del Sahel, que embarcan en Senegal o Mauritania en la peligrosa ruta de Canarias. Podrían presentar sus peticiones de asilo a las embajadas de Dakar o Nouakchott y esperar la respuesta de las autoridades españolas, que si reunieran los requisitos les podrían dar un visado que les permitiría llegar a España en avión y poder empezar a rehacer sus vidas.

Uno de los problemas es que la actual ley de asilo en vigor en España no tiene un reglamento que la desarrolle. La ley data del año 2009 –fue aprobada al final del mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero– y preveía que en seis meses se aprobaría su reglamento. Pero, casi once años más tarde, esta reglamentación todavía no existe. Una de las pocas vías legales de entrada está prevista en el artículo 38, que dice que los solicitantes de asilo que vean en peligro su integridad física podrán pedir protección a las embajadas y consulados españoles de un país que no sea el suyo de origen.

Una familia de refugiados separada durante tres años

Stop Madre Mortum facilitó desde 2017 a refugiados que se encontraban atrapados en Grecia que pidieran protección a la embajada española en Atenas acogiéndose al artículo 38, y es uno de estos casos el que ha llegado hasta el Supremo. Se trata de una familia kurdoirakiana que llegó a Grecia y que después se acogió al sistema de reubicación de refugiados de la UE. La mujer y las hijas fueron acogidas en España pero el hombre no. Tampoco las autoridades griegas le ofrecieron protección, y con el asesoramiento de la entidad el hombre presentó una solicitud de asilo a la embajada española en Atenas que nunca fue respondida. Y recurrió a la Audiencia Nacional en marzo de 2019, que le dio la razón. Pero el abogado del Estado presentó recurso, alegando que el reglamento no está desarrollado. Tres años después el Supremo ordena al gobierno que estudie la petición de asilo del padre, y todo apunta a que la familia se podrá volver a reunir.

"Esta sentencia es un hito porque dice al gobierno que no se pueden ignorar las solicitudes de asilo presentadas en las embajadas y consulados: que las autoridades tienen la obligación de responder y que el artículo 38 es una vía adecuada para los que reúnan los requisitos previstos en la ley: es una victoria procesal porque activamos una vía de acceso legal", apunta David Moya, profesor de derecho en la Universitat de Barcelona. "Es mucho más razonable esto que forzar a la gente a jugarse la vida en el mar para después tramitar unas peticiones que quizás acabarán rechazadas".

Para Moya, "el abogado del Estado ha estado intentando evitar que esta vía se activara y formara un mecanismo regulado y accesible para los demandantes de asilo". "Esto no significa que ahora cualquiera pueda pedir traslado desde las embajadas, pero sí que existe un mecanismo y unos criterios para pedirlo. Y que el gobierno tendrá que desarrollar y delimitar. Y también, y muy importante, que la administración es responsable de actuar de acuerdo con la ley para dar efecto a esta sentencia, haciéndolo de buena fe y con plena colaboración. No olvidemos que estamos hablando de situaciones en las que la vida y la integridad de las personas están en juego".

Sònia Ros, del equipo jurídico de Stop Madre Mortum, afirma que la entidad velará para que el gobierno español envíe instrucciones a las embajadas y consulados para que gestionen las peticiones de asilo.