Los 14 militantes antifascistas de Pego evitan la cárcel después de pactar una rebaja de las penas

ValenciaLas defensas de los 14 militantes antifascistas de la localidad valenciana de Pego (Marina Alta) acusados ​​de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones durante una contramanifestación convocada en respuesta a la presencia en el municipio de seguidores de extrema derecha, que recorrieron la población coreando consignas fascistas antes de la celebración de un partido de fútbol entre el equipo local y el CF Gandia (Safor), han llegado a un acuerdo con las acusaciones y no entrarán en prisión.

El pacto incluye condenas de 9 meses de prisión y 3 meses de localización permanente, así como multas de entre 90 y 360 euros e indemnizaciones que en su conjunto se elevan a 6.300 euros. Se trata de una rebaja significativa, dado que la Fiscalía y las acusaciones solicitaban entre 5 años y 10 meses de prisión y los 7 años y 11 meses por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones.

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2020 y, según el ministerio público, durante las protestas de los militantes antifascistas seis agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos al "ser golpeados por piedras, adoquines e incluso una tapa de husillo" que los jóvenes habrían lanzado cuando los seguidores ultras abandonaban el estadio de fútbol escoltados por los cuerpos de seguridad.

Las defensas justificaron el pacto por "las escasas garantías procesales a las que se exponían en caso de hacer el juicio" y por "las rebajas sustanciales de las penas" ofrecidas por las acusaciones, según destacaron en un comunicado hecho público por la red Alerta Solidaria. En la misma línea, defendieron que el acuerdo fue posible gracias a "la presión popular" demostrada en numerosos actos públicos de apoyo durante los últimos tres años. Con todo, admitieron tener un sabor "agridulce" por haber renunciado a poder "reivindicar" su inocencia "en sede judicial".

Los acusados ​​también han reprochado a la Fiscalía: “Una vez más, ha perseguido a quien cumplió el deber cívico y moral de hacer frente de manera efectiva a quien, precisamente, promueve el odio. Una incongruencia que debería derribarles la cara de vergüenza”. De la misma forma, han lamentado que los seguidores de extrema derecha del CF Gandia "no se han visto molestados en ningún momento por la eficacia represiva que sí ha actuado contra la juventud comprometida de Pego".

Estos reproches ya se produjeron durante la instrucción del caso cuando las defensas denunciaron la existencia de un deseo de escarmiento y de castigo que ya se habría evidenciado días después de los disturbios. Entonces, los 14 jóvenes, todos vecinos de Pego y con edades en ese momento de entre 18 y 32 años, fueron detenidos. "No había que esposarles, ni tampoco retenerles un día y medio. Habría sido suficiente citarles a declarar", enfatizaron las defensas en conversación con el ARA. También criticaron que la Guardia Civil no analizó el comportamiento de los seguidores de extrema derecha. "Los tienen identificados a todos, pero no han querido estudiar si su actuación es constituyente de un delito por incitar al odio a colectivos vulnerables", destacaron.