El análisis de Antoni Bassas: 'Cuidado atrás para el desenlace: el futuro de Isla, Puigdemont y Sánchez, en juego'

Considerar golpistas a quienes ni el propio Supremo se atrevió a condenar por golpistas no solo no es coherente sino que profundiza en el llamamiento a la desobediencia de una ley aprobada en el Congreso. Que quienes querían votar sean golpistas y quienes vinieron a pegar sean los demócratas es el mundo al revés

Estamos a la espera del desenlace: PSC y Esquerra no esconden su disposición al acuerdo, representada ayer al más alto nivel por la reunión entre Sánchez y Aragonès en el Palau de la Generalitat. La reunión era para solemnizar un traspaso pactado tiempo atrás, pero Aragonés pidió a Sánchez que avance en la cuestión de la financiación. Recuerden que es difícil, porque Esquerra no está pidiendo una mejora cualquiera, ni siquiera una "lluvia de millones", sino un cambio en el sistema de financiación de Catalunya, lo que en España es más difícil que aprobar la amnistía. (Es más difícil, entre otras razones, porque mientras en el País Vasco, los socialistas y los populares defienden el concierto, que no da ni un euro de solidaridad en España, los socialistas y los populares catalanes han estado hasta ahora siempre en contra de que Catalunya tenga la llave de la caja). El acuerdo debe ser bueno, porque si no Marta Rovira tendrá dificultades para que se lo acepten los militantes del partido, que estarán llamados a ratificarlo o no.

Pero recuerden también que la situación es triangular. No todo termina en PSC y Esquerra. Juntos preparó su propio desenlace con el regreso de Puigdemont. Insisto en lo que les decía ayer: Junts considera que el gobierno español no está haciendo lo suficiente para asegurar la aplicación de la amnistía, por lo que Junts invistó a Sánchez. Es como si Junts estuviera autocargando de razones para dejar de colaborar con Sánchez en Madrid, porque ya sabe que el PSC no facilitará la investidura de Puigdemont, o como si calculara que ahora ya tiene que fiarlo todo en el escándalo que significaría que un político amnistiado entrara en prisión (un escándalo limitado, porque media España aplaudiría con las orejas si esto ocurriera).

Y, de hecho, el Tribunal Supremo se está encargando crear las condiciones para desprestigiar la ley de amnistía. Ayer el Supremo pidió al Tribunal Constitucional que declarara la amnistía fuera de la ley porque favorece a "los golpistas" ante "los demócratas", porque "repugna" el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, porque los demócratas catalanes les llegaron a decir "pusilánimes" y "botiflers" y porque con esta amnistía, a partir de ahora, un político que cometa un delito similar sólo se quedará en prisión si no tiene suficiente fuerza política detrás.

El Supremo vive en su propio metaverso de la rebelión, en el que el Uno de Octubre fue un golpe de estado. Pero recuerden que ni Marchena se atrevió a condenar por rebelión (normal, no hubo levantamiento armado alguno), por lo que este argumento no es más que una consideración política. Considerar golpistas a quienes ni el propio Supremo se atrevió a condenar por golpistas no solo no es coherente sino que profundiza en el llamamiento a la desobediencia de una ley aprobada en el Congreso. Que quienes querían votar sean golpistas y quienes vinieron a pegar sean los demócratas es el mundo al revés. Pero así estamos.

Buenos días.

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