El análisis de Antoni Bassas: 'El Estado que sabe ejecutar'

Las razones por las que más de dos millones de catalanes han expresado en los últimos tiempos, en las calles y en las urnas, su deseo de que Catalunya se convierta en independiente han encontrado esta semana una nueva razón, si es que la necesitaban. Me refiero al Tribunal de Cuentas, que ha rechazado los avales del gobierno de la Generalitat a los 34 altos cargos de la administración catalana. 

Estos avales fueron dados por buenos por el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat; el Parlament de Catalunya los dio por buenos con los votos no solo de Esquerra, Junts y la CUP, sino también del PSC y de los comuns. La Abogacía del Estado (a las órdenes del gobierno español) dijo que no se quería pronunciar. La Moncloa no los llevó al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal no los ha admitido. Hay que insistir en algo: se llama Tribunal, pero no lo es; no hay ni un juez, es un órgano administrativo. 

Un órgano, en palabras del profesor Mas-Colell, que es exponente del ”aznarismo enquistado”. De los 34 de la lista, hay 7 que tienen que avalar entre 3,8 millones y 2,2 millones: Albert Royo, Francesc Homs, Artur Mas, Andreu Mas-Colell, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Tienen que avalar por la acción exterior de la Generalitat, por haber hecho acción exterior (competencia estatutaria), cosas tan peligrosas como conferencias en universidades extranjeras sobre procesos de independencia en la Unión Europea. O por haber contestado una pregunta de un periodista sobre el Procés en un acto sobre promoción económica de Catalunya. Todo es alucinante. Por ejemplo: Andreu Mas-Colell. Le reclaman casi tres millones de euros. Mas-Colell dejó de ser conseller en enero de 2016. Por el 9-N (2014) no fue a juicio. Es evidente que ahora le reclaman dinero porque existió el 1 de octubre de 2017. O sea que un hecho de 2017 agrava su responsabilidad en un hecho de 2014 en el que la justicia no le encontró nada. Él ya no estaba, en 2017, pero después de lo que pasó en octubre de 2017 consideran que es muy grave lo que hizo hasta enero de 2016.

Ahora el Tribunal ha requerido el embargo. Todo son prisas para encontrar dinero, y digamos de paso que es lamentable que La Caixa o el Banc Sabadell se hayan apartado en una cuestión que, si se solucionara, eliminaría un elemento más de tensión política que, después, tanto lamentan.

Esto no se acaba aquí: el tribunal tiene que resolver el recurso que han presentado (y los recursos dependen de una oficina con mayoría “progresista”) y tienen que ir a juicio. Ahora, el calvario no se los quita nadie.

Esto es aquella revancha y venganza del Estado que decía Pedro Sánchez que quería evitar cuando concedió los indultos, porque la revancha y la venganza eran contrarias a los valores constitucionales. Pues ya lo ven. Esto es escarmentar a todo el mundo, para que se lo piensen dos veces antes de trabajar en acción exterior de la Generalitat. Es la derrota de la política, de la democracia a manos de la fuerza sucia del Estado, que de ejecutar sabe demasiado.

Un recuerdo para los exiliados y para los represaliados. Y que tengamos un buen día.