La burocracia deja a una víctima de violación sin abogada de oficio: "Sin papeles no podía demostrar que no tenía suficientes ingresos"

BarcelonaYaqui no quiere publicar su nombre completo ni que se la reconozca a ninguna imagen porque no ha explicado en buena parte de su entorno lo que vivió en un piso de El Prat de Llobregat en abril del 2021. Entonces ella no tenía papeles y su única opción para encontrar trabajo era anunciarse en internet ofreciéndose para cuidar a niños y personas mayores. Hoy la Audiencia de Barcelona juzga a un hombre que contactó con ella utilizando un nombre falso y le hizo creer que quería que cuidara a su madre. Pero una vez en el piso, presuntamente la agredió sexualmente y la amenazó con que la deportaran, según los escritos de acusación de la Fiscalía y la abogada de Yaqui.

En ambos, la condena que se pide para el acusado es de 12 años de cárcel por los delitos de agresión sexual, trato degradante y amenazas. Asustada por la amenaza de deportación, Yaqui tardó meses en denunciar el caso, y cuando lo hizo chocó con un agujero burocrático que le ha dejado sin poder tener una abogada de oficio, aunque cumple los requisitos para tenerla. El motivo: carecía de papeles y no podía demostrar su nivel de ingresos.

Durante una conversación con el ARA, Yaqui muestra la carta que recibió 13 meses después de la agresión, cuando la había denunciado y la causa estaba en marcha. La Generalitat le comunicaba que no había acreditado que cumplía los requisitos económicos para que la siguiera asistiendo la abogada de oficio que le había asistido hasta entonces. "¿Cómo debía demostrar que no tenía ingresos suficientes si no tenía ningún contrato ni podía hacer la declaración de la renta?", se pregunta. A través de su abogada, recurrió la negativa a la asistencia jurídica gratuita, explicando que era inmigrante, no tenía papeles ni trabajo formal con el que pudiera acreditar su nivel de ingresos, pero su recurso no ha prosperado. "Cuando eres migrante sin papeles, te dejan sin muchas cosas por no tener unos papeles que te hagan sentir que vales por la tarjeta de identidad que tienes", critica Yaqui.

Al respecto, el departamento de Justicia se ha limitado a dejar constancia de su voluntad de que las víctimas puedan ejercer su derecho a tener asistencia jurídica gratuita de acuerdo con lo que fija la ley. De hecho, a partir de octubre, la entrada en vigor de la ley de eficiencia judicial ampliará los supuestos de cobertura de la asistencia jurídica gratuita y las denunciantes de delitos sexuales, como Yaqui, no tendrán que acreditar sus ingresos para recibirla. La misma ley extenderá la cobertura a las mujeres víctimas de los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, de matrimonio forzado y acoso con connotación sexual.

Para Yaqui no era una opción viable contratar a una abogada y, sin una letrada de oficio, habría acudido al juicio sin una representante particular. "La abogada me dijo "Quiero ir contigo hasta el final"", dice al recordar cómo, por su convicción en el caso, la letrada se ofreció a representarla por un precio testimonial en comparación con sus honorarios habituales. Para Yaqui igualmente ha supuesto un esfuerzo de ahorro en los últimos años. "Me aconsejó no ir sola, porque en el juicio él [el acusado] estaría asesorado para defenderse. Me costó reunir el dinero, pero ella no quería dejarlo correr", dice Yaqui agradecida a la abogada que la ha representado durante todo el procedimiento y que también estará en el juicio de hoy.

Un "malentendido" la hizo denunciar

Yaqui tardó nueve meses en denunciar la agresión que se juzga hoy por miedo y en las puertas del juicio reconoce que estuvo a punto de no hacerlo. De hecho, un "malentendido" es lo que la hizo decidir. Con su número de teléfono publicado en Milanuncios pidiendo trabajo, recibía decenas de mensajes y llamadas. Una vez, un hombre le había propuesto pagarle a cambio de sexo. Ella lo rechazó, nunca le vio y con el tiempo se olvidó. Hasta que los Mossos d'Esquadra se pusieron en contacto con ella preguntándole por ese hombre, vecino de Cornellà de Llobregat.

La policía le investigaba por haber agredido sexualmente a otra mujer, en un caso muy similar al de Yaqui, y cuando encontraron los mensajes que le había enviado pensaron que podía ser otra víctima de ese hombre. No lo era, pero eso le hizo decidir a denunciar lo que sí había vivido en El Prat unos meses antes. "Sin ese malentendido no habría denunciado", asegura. Casi cuatro años después, y deseando que pase el trance del procedimiento y el juicio, se alegra de haber presentado aquella denuncia. "Lo hago por mí y por las demás mujeres", afirma.

Años después, y embarazada de su segundo hijo, Yaqui llega al juicio "totalmente cambiada" en comparación con el momento de la agresión. "No soy la misma. Estoy mucho más a la defensiva, quiero estar mucho más aislada y me cuesta mucho confiar", dice sobre las secuelas psicológicas que nota a raíz de la agresión y que trabaja en terapia.

Cinco mujeres en una semana

De hecho, el acusado de agredir sexualmente a Yaqui contactó con al menos cinco mujeres en una sola semana, y cada caso se ha investigado por separado. En el caso de Yaqui, la convocó supuestamente para una entrevista de trabajo y para que conociera a su madre, a la que debería cuidar. El hombre, que en ese momento tenía 68 años, se presentaba como una persona influyente y en buena posición y siempre le llamaba con número oculto. Tampoco quiso decirle su dirección, y para la supuesta entrevista le dijo que la recogería a la salida del metro.

Se encontraron ante la parada de Bellvitge y, después de una hora dando vueltas en coche, la llevó al piso donde supuestamente vivía su madre. Pero cuando entraron la mujer no estaba, y el hombre recogió del suelo una nota donde supuestamente su hermana le decía que se había marchado para llevar a su madre al médico. Una vez Yaqui estaba en el piso, cerró con llave y le pidió que se sentara en el sofá. Ella sacó el móvil para enviar la ubicación de dónde estaba a su pareja de entonces, y el acusado le recriminó que utilizara el teléfono. Incluso se lo quitó e impidió que cerrara la puerta del lavabo para vigilarla cuando ella intentó contactar con su novio, según los escritos de acusación en los que se basará el juicio de hoy. En el mismo piso, presuntamente le agredió sexualmente con el argumento de que realmente no había venido a buscar trabajo sino sexo.