Vivienda

En juego más de 4.000 licencias de pisos turísticos en el Pirineo

Viella y Alt Aran, que tiene la principal carga de apartamentos, están en las antípodas en política de regulación

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Interior de un apartamento con licencia de uso turístico.

LleidaEl estreno de una nueva legislatura en el Parlament reabre el debate sobre la modificación del decreto que el gobierno de ERC aprobó en noviembre del año pasado para regular las viviendas de uso turístico. El texto original imponía el tope de diez apartamentos por cada cien habitantes y obligaba a los ayuntamientos a redactar un nuevo planeamiento urbanístico. Probablemente, el decreto quedará atenuado, pero la redacción ha permitido abrir un nuevo melón y conocer el posicionamiento de cada ayuntamiento.

El Vall d'Aran y una gran parte del Pirineo, una zona especialmente afectada por el turismo de la nieve y de las actividades de montaña, acoge más de 4.000 licencias de pisos turísticos y tiene abierto un debate.

Los consistorios de Viella y Alt Aran personifican las grandes diferencias. El primero, al igual que Barcelona ciudad, quiere eliminar este tipo de apartamentos; Alt Aran quiere mantenerlos en nombre de una economía basada en el esquí y para absorber la enorme demanda que arrastra la estación de Baqueira Beret.

El alcalde de Vielha, José Antonio Serrano, anunció en junio que no renovaría ninguna de las 300 licencias vigentes para pisos turísticos que expirarán en los próximos cinco años. Una medida que Apartur (el gremio de alojamientos) ya ha prometido enterrar en recursos judiciales.

Serrano lamenta que el turismo de la nieve haya provocado que “muchos trabajadores, como médicos y profesores, no encuentren alojamiento”. "Nos gustaría que muchos otros ayuntamientos, sobre todo en el Pirineo leridano, se sumen a la iniciativa", reclama Serrano, quien piensa que "es un problema que comienza en las ciudades turísticas y acaba con el resto".

Pero no es así. César Ruiz-Candela, el alcalde de Alt Aran, con más de 1.200 licencias, asegura que no sólo no las reducirá, sino que las mantendrá en aras de una actividad económica esencial. “Si desaparecieran los pisos turísticos perderíamos 100.000 forfaits anuales”, vaticina el alcalde de Naut Aran, quien recuerda que en su municipio hay mucha vivienda, la mayoría de segunda residencia, pero que es inviable realquilarla con los precios del mercado. "Gracias a las licencias de uso turístico se ha encontrado una vía para darle una alternativa", dice Ruiz-Candela, que recuerda que Serrano "es un propietario hotelero y por eso no quiere pisos turísticos".

Municipios tensionados

La Generalitat publicó recientemente una lista de los municipios en los que, debido al rápido aumento del precio del suelo urbano, habrá que aplicar medidas de contención de rentas. Alt Aran presume de no figurar en esta lista, pero sí otros lugares del Pirineo como Viella, Sort y Tremp. En este último municipio, el Ayuntamiento ya vio al inicio de la legislatura que tenía demasiados pisos de uso turístico. Por eso ha iniciado trámites para modificar su plan urbanístico. Durante el proceso, el consistorio ha aplicado una moratoria por no conceder nuevas licencias y prevé que el tope sea de dos pisos turísticos por cada cien habitantes. "Queremos que haya, pero de calidad", dice la alcaldesa Sílvia Romero.

En La Pobla de Segur también preparan una ordenanza para regular la actividad. El alcalde, Marc Baró, admite que "acabará siendo un problema si no se regula". Actualmente existen 55 licencias en la ciudad. Continuarán otorgando porque consideran que en La Pobla hay pocos hoteles y campings, pero quieren mejorar la oferta de vivienda. "Necesitamos vivienda para regular el mercado", concluye recordando que Incasòl dispone de 42 pisos que ha comprado en la Sareb.

La Seu d'Urgell también figura como municipio tensionado. En septiembre del pasado año, el consistorio aprobó una moción de la CUP que criticaba el modelo socioeconómico de Andorra y la influencia en el aumento de los precios de los pisos de alrededor y los problemas de acceso a la vivienda. Precisamente, el Principado tiene ya aprobada una nueva ley que también prohíbe obtener más licencias de vivienda de uso turístico e impone una caducidad de tres años para las vigentes. Andorra cuenta actualmente con 2.779 viviendas de uso turístico y el objetivo es que muchas de ellas pasen a formar parte del parque público de viviendas.

Situación en la página

Fuera del Pirineo, en el resto de Poniente hay poca incidencia de alojamientos de uso turístico. Sólo un par de cientos. En Lleida ciudad hay 91 y la concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, asegura que no existe ningún problema. Sin embargo, la Paeria quiere adaptar el planeamiento para regular la actividad. "Cuando se pidan licencias nuevas, analizaremos los usos y las aprobaremos si se cumplen los requisitos".e

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