País Valencià: de feudo progresista a gran bastión de la derecha

ValenciaLos comicios del 28 mayo liquidaron dos legislaturas de gobiernos progresistas en el País Valencià. Un vuelco del que se han beneficiado Vox y, especialmente, el PP, que ha logrado la presidencia de las principales instituciones, incluida la Generalitat, las tres corporaciones provinciales y los ayuntamientos de todas las ciudades más habitadas. Se trata de un dominio que la izquierda no pudo alcanzar en sus últimos ocho años de gobierno, cuando, primero, la Diputación de Alicante, y, después, el Ayuntamiento de Alicante, se convirtieron en los bastiones de los que los conservadores organizaron su reconquista del poder.

Aunque la ola derechista ha teñido de azul y verde a casi todas las administraciones valencianas, la variación electoral ha sido mucho menor de lo que se presupondría para un relevo tan amplio. En concreto, en los comicios autonómicos, la diferencia entre el bloque conservador (PP, Ciudadanos y Vox), que logró 1.200.000 votos, y el progresista (PSPV, Compromís y Unidas Podemos-Izquierda Unida), que sumó 1.125 .000, fue de 75.000 sufragios. Hace cuatro años la distancia fue también mínima, 40.000 votos, pero a favor de las izquierdas. Sobre las causas de este descalabro existe un cierto consenso que apunta a cuatro motivos principales: la ola derechista estatal y su monopolio del debate público, la concentración del voto conservador en el Partido Popular –premiada por la ley electoral–, la incapacidad de Podemos e Izquierda Unida de superar el listón electoral del 5% y la desmovilización de parte del electorado progresista, crítico con una gestión del Botànic menos transformadora de lo que hubieran deseado. Sin embargo, la derrota progresista se repitió en las elecciones generales del 23 de julio cuando el PP logró el 34,9% de los sufragios y 13 escaños, frente al 32,1% del PSOE con 11 representantes. La tercera fuerza en la Comunidad Valenciana fue Vox, con 5 diputados, seguida de Compromís, con 4.

Si analizamos el ámbito municipal, detectamos otra paradoja: el PSPV, Compromís, Podemos e Izquierda Unida mantienen su hegemonía con 259 alcaldías frente a las 237 del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La última, la de Castellón de la Plana, afianzada esta semana en un pacto entre conservadores y ultraderechistas. Retroceden respecto al 2019, cuando los socialistas presidieron 229 ayuntamientos frente a los 198 actuales; Compromís 72, mientras que ahora encabeza 52, y EU 11, y ahora manda en 9.

El punto débil de la izquierda está en que la mayoría de las localidades donde gobierna son ciudades medianas y municipios pequeños, mientras que la casi totalidad de las grandes urbes tienen gobiernos del PP y Vox. Los populares destacan por dirigir las tres capitales provinciales, incluyendo Valencia –gobernada por la izquierda desde el 2015– y 9 de las 15 ciudades con más de 50.000 habitantes. De hecho, gobiernan en las siete más pobladas y donde viven 2,5 millones de personas, la mitad de los 5 millones de la Comunidad Valenciana. Y es gracias a los pactos con la extrema derecha (una veintena) que los populares han ampliado su influencia en todo el territorio, donde destacan los acuerdos en Castelló de la Plana, Elx, Torrent y Borriana, que ya fue noticia por el veto en las revistas en valenciano. En cuanto a los dominios que mantiene la izquierda, lo más importante es el de Gandia, que es la ciudad más grande donde gobiernan las formaciones progresistas. En este caso, mediante un pacto entre el PSPV y la coalición Més Gandia, que incluye Compromís, Podemos e Izquierda Unida.

Giro copernicano de las políticas del Botánico

Uno de los primeros efectos del giro copernicano del mapa político valenciano puede ser el freno a las políticas de normalización del valenciano implementadas por el Botànic. De hecho, el nuevo conseller de Educación ya ha anunciado que el catalán dejará de ser lengua vehicular en todo el territorio. Si hacemos caso al programa político hecho público por el PP y Vox, también podemos prever el fin de las políticas de promoción cultural compartidas por los ejecutivos valenciano, balear y catalán o de cualquier iniciativa que reivindique la unidad de la lengua. De igual forma, puede afectar a la promoción cultural, como indica el veto sufrido por el músico Vicent Torrent, a raíz del anuncio del Ayuntamiento de Torrent de cambiar el nombre del auditorio municipal, que en el 2016 se bautizó en honor del cofundador del histórico grupo de música folk Al Tall. En el ámbito social, los nuevos ejecutivos de PP y Vox también pueden suponer una reducción de las ayudas a las personas más necesitadas, como la población migrante, así como una reducción en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ como la vivida en Náquera o de la lucha contra la violencia machista.

La Diputación de Valencia, la gran herida del PSPV

Además de Les Corts y los principales ayuntamientos, otro de los escenarios donde la izquierda ha sido derrotada son las tres diputaciones, que preside el PP. Especialmente doloroso para las formaciones progresistas es el caso de la corporación provincial de Valencia, donde el PSPV y Compromís no lograron convencer al partido comarcal Ens Uneix para que apoyara al candidato socialista. La negativa se explica por la mala relación que mantiene el líder del partido del Vall d'Albaida y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, con la actual dirección del PSPV después de que en 2018 fuera apartado de la formación para su procesamiento en el caso Alqueria, cuando fue acusado de simular contratos de alta dirección con el objetivo de beneficiar a cargos socialistas y de Compromís. Aunque recientemente fue absuelto, la Fiscalía Anticorrupción reclamó repetir el juicio.