La parálisis de los nuevos traspasos para ejercer competencias

Promesas ha habido muchas, pero realidades, en los últimos 15 años, muy pocas. Durante este tiempo, la Generalitat no ha recibido ningún nuevo traspaso del Estado para ejercer las competencias previstas en el Estatuto y como mucho ha habido la ampliación de algunas transferencias anteriores. Aunque hasta el 2010 Cataluña era la comunidad autónoma que acumulaba más traspasos, y en el ranking global sigue siendo la que aún tiene más, lo cierto es que desde la sentencia del nuevo Estatut, en el 2006, esta dinámica se detuvo . La demanda de más autogobierno, que siempre ha sido un clamor en Catalunya, no ha tenido respuesta desde las posiciones autonomistas, y el Proceso, con el que directamente ya se pedía la independencia, no sirvió para incentivar más traspasos, sino todo el contrario. Como resultado de todo esto hemos vivido un tiempo de parálisis en el que, como ocurre también con la financiación, se ha hablado mucho, pero no ha habido concreciones.

Ahora, sin embargo, la situación podría ser diferente si todos los actores clave saben jugar bien sus cartas. No es casualidad que el mayor número de transferencias fuera durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar. Por una parte es lógico, porque eran los inicios del estado de las autonomías y fue el momento en que era necesario acelerar el traspaso del máximo de competencias. Sin embargo, especialmente durante el gobierno de Aznar, esto fue más efectivo cuando las fuerzas catalanas, en aquellos años directamente CiU, eran claves para la gobernabilidad en Madrid y, por tanto, las necesitaban. Cuando no era así, claramente el flujo de traspasos disminuía drásticamente porque, no lo olvidemos, en el fondo los dos partidos tienen un alma centralista que sale a la luz en cuanto existe la oportunidad.

En estos momentos Pedro Sánchez también necesita a las fuerzas catalanas, tanto ERC como Junts, para aguantar su gobierno y, por tanto, es el momento de hacer presión para conseguir que vuelva a haber movimientos en este sentido. De hecho, quien tendrá que negociar con la Moncloa será el PSC y, por tanto, los socialistas están ahora a ambos lados de la mesa, lo que puede facilitar mucho los acuerdos. Sin embargo, no sería prioridad para ellos si no fuera que tanto en Madrid como en Barcelona sus respectivos gobiernos están en minoría y necesitan el apoyo externo para continuar. No parece que de momento haya peligro de querer derribar a los gobiernos, pero no les ponen fácil. Las líneas rojas ahora mismo, tanto de ERC como de Junts, para seguir negociando presupuestos son que se cumplan los acuerdos de investidura, porque antes de nuevas promesas es lógico que se exija que se cumplan las anteriores. Esto, en el caso de Junts tiene que ver principalmente con la aplicación plena de la ley de amnistía, y en el caso de ERC con el acuerdo por la nueva financiación. No será fácil, por lo que el gobierno de Salvador Illa intenta avanzar sobre todo en otra de las promesas, que es, de hecho, uno de los traspasos –a medias– más anunciados y pospuestos de los últimos tiempos: el de Cercanías. Este enero, dicen, será clave. Lo veremos, pero si no se hace bien, con una dotación económica a la altura de lo que se necesita y asegurando que se habrán hecho y pagado las mejoras de infraestructuras necesarias, podría ser más un problema que una solución.