Proponen a Educación cambiar la financiación de las escuelas y reforzar las más desfavorecidas

La Fundació Bofill reclama que los 570 millones de euros de los fondos covid se destinen a desplegar la nueva fórmula

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Un grupo de niños de una escuela de Barcelona.

BarcelonaEn Catalunya uno de cada cuatro centros recibe más recursos porque es socialmente desfavorecido. En total se trata de 755 escuelas o institutos de complejidad, una etiqueta con un efecto perverso, porque si bien es cierto que los estigmatiza a la vez permite a la administración añadir más maestras o profesores a la plantilla estructural de estos centros con alumnos desfavorecidos, familias de origen inmigrante o con un nivel bajo de estudios. Se trata, dicen los centros implicados y los expertos, de compensaciones económicas y de recursos que no son nada más que "pedazos". Es por eso que la Fundació Jaume Bofill ha propuesto a la Generalitat cambiar el modelo e implementar lo que denominan una financiación por fórmula que permita dar más recursos a los centros que más lo necesiten, y hacerlo de manera estable en el tiempo.

"Este es el modelo predominante en los países de la OCDE, como Finlandia, Suecia, los Países Bajos y Canadá: que aquellos centros que concentran un alumnado socialmente y educativamente más vulnerable reciban más recursos y así puedan mejorar sus oportunidades", afirma Ismael Palacín, director de la fundación. Lo que plantean es desplegar esta propuesta manteniendo los 576 millones de euros extraordinarios que se destinaron a combatir el impacto del covid y ampliarlos algo más hasta llegar a los 643 millones, es decir, incrementar un 15% el presupuesto actual para estos centros desfavorecidos.

Se tendrían en cuenta la ubicación y los resultados en las competencias básicas

Para compensar a estos centros de complejidad, ahora el departamento de Educación destina unos 800 euros de recursos adicionales por alumno cada año, una cantidad que consideran "insuficiente". "Con los cálculos que hemos hecho, un centro de primaria de máxima complejidad pasaría de 5.246 euros anuales por alumno a 6.860", aseguran en Bofill. Inspirándose en las ecuaciones que usan otros países, la fórmula que han diseñado, que parte de la base de que la educación es gratuita para todo el mundo, reparte los recursos educativos en función de un dinero básico inicial (profesores, actividades y servicios escolares y gastos de funcionamiento) y una financiación adicional que tiene en cuenta la complejidad, el número de alumnos con necesidades específicas, los resultados en las competencias básicas de 6º y 4º de ESO y la ubicación en entornos desfavorables. Del modelo de financiación lineal actual se pasaría a un modelo progresivo, como resumen los expertos de Bofill que han elaborado la ecuación algebraica, que "no tiene impedimentos legales" y que se podría desplegar a través de un decreto.

"La fórmula mejoraría la equidad del sistema: pasaríamos del 3,6% sobre el PIB en inversión al 4,2%, que es lo que tiene España", dice Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos y coautor de la propuesta. Los recursos a los cuales se refieren son más docentes pero también más profesionales de apoyo, especialistas, programas de acogida y acompañamiento, actividades complementarias y extraescolares y becas comedor.

Esta propuesta, que se hará llegar a los responsables de la conselleria próximamente, llega pocos meses después de una gran polémica en los centros de complejidad. Por primera vez el Govern actualizó la lista de escuelas e institutos y anunció que de los 3.250 centros públicos catalanes, 755 tendrían este curso recursos extras por su grado de complejidad, 35 más de los que había hasta entonces. A pesar de que el departamento defendió que el 77% de los centros mantenían la calificación (y por lo tanto, las dotaciones adicionales), en muchos claustros surgieron nervios e inquietud, sobre todo entre los que perdían la categoría, porque lo que podía ser visto como un paso adelante hacia el equilibrio de la composición del centro en la práctica suponía un recorte del profesorado. Finalmente, el departamento se comprometió a mantener a los maestros y profesores extras que trabajaban en centros de complejidad, a pesar de que las escuelas e institutos en cuestión perdieran la categoría de desfavorecidos. 

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