Se triplican las bajas entre los funcionarios de prisiones desde 2018

BarcelonaHasta el 31 de octubre de este año, entre los funcionarios de prisiones de Catalunya se han registrado 4.497 bajas laborales, casi el triple que en el mismo periodo del 2018, cuando hubo 1.544. Son datos a los que ha tenido acceso el ARA mediante una petición de transparencia y que muestran un aumento constante de las incapacidades temporales entre estos profesionales, hasta el punto de que los primeros 10 meses de este año ha habido más que en la misma franja de 2020 y 2021, los años más marcados por la covid, que causó un alud de bajas.

Los datos que el departamento de Justicia ha proporcionado a través de una petición de transparencia de este diario reflejan un claro aumento de las bajas en los últimos años, con algunas fluctuaciones que siempre van ligadas al mismo volumen de altas pero sin ningún patrón estacional claro, a diferencia de lo que constató el ARA al analizar las bajas laborales entre los docentes.

Entre los años analizados se encuentra la pandemia de coronavirus, que tuvo una incidencia clara en las incapacidades temporales también para los trabajadores penitenciarios. El efecto se nota en el aumento de bajas en 2020 (4.609) y 2021 (4.277), pero también en 2022 (5.762), un año que arrancó con la sexta ola de la pandemia, cuando la variante ómicron hizo repuntar las reinfecciones.

Sin embargo, los aumentos más drásticos van más allá del impacto del virus. Por ejemplo, de 2018 a 2019 hubo un salto de casi un millar de bajas en total (2.059 en 2018 y 2.997 en 2019) y, por ahora, cuando la pandemia ya es un recuerdo, las cifras no han retrocedido sino que la tendencia sigue al alza. De hecho, el volumen de bajas actual es mucho más elevado que el de hace siete años tanto en cuanto a la cantidad de incapacidades temporales como en el tiempo que duran en conjunto. Por el contrario, el número total de profesionales en la plantilla se ha mantenido sin grandes cambios a lo largo del tiempo.

Del año 2024 se analizan los datos de entre enero y octubre porque estos son los meses de los que el departamento de Justicia ha proporcionado datos válidos para la comparativa. La administración extrajo los datos en diciembre, recogiendo las bajas hasta el 30 de noviembre, y las incapacidades de este último mes no están completas porque existe un decalaje de tiempo desde que un trabajador inicia una baja hasta que se hace constar en la recopilación. Todas las cifras de este reportaje hacen referencia al conjunto de los trabajadores penitenciarios: entre ellos se encuentran funcionarios de interior, trabajadores sociales, psicólogos, educadores y trabajadores de oficinas, tanto de prisiones como de centros penitenciarios abiertos, donde se cumple condena en semilibertad.

Por su parte, fuentes del departamento de Justicia han indicado al ARA que otras estadísticas de las que disponen –con datos que llegan hasta el 20 de diciembre– apuntan a un 12,85% de ausencias diarias por incapacidad temporal. La conselleria afirma que quiere "plantear varias iniciativas para valorar cómo disminuir la incidencia del absentismo por baja, en línea con el resto de operadores públicos", y poder tomar medidas. También considera necesario antes realizar un estudio que detalle la incidencia del absentismo por edad, sexo, motivo, duración y frecuencia.

Una plantilla envejecida

Si bien todos los trabajadores penitenciarios consultados por el ARA coinciden en que existen diferentes factores que explican estos datos, existe un elemento que se repite a la hora de buscar los motivos del crecimiento constante del número de bajas en el sector: la edad de la plantilla. "No es lo mismo recibir un golpe en una intervención con 30 años que con 57", dice Francesc, portavoz de Marea Blava que prefiere no publicar el apellido, en referencia tanto a los golpes que puedan recibir al tener que intervenir en una pelea entre internos como a las agresiones hacia los funcionarios. También pone énfasis en el impacto de las agresiones a los funcionarios de prisiones.

En este sentido, la portavoz de UGT Prisons, Montse Balaguer, recuerda: "Este año, de media ha habido 50 funcionarios agredidos cada mes. Se ha quintuplicado el número de agresiones". Como Francesc, Balaguer insiste en que la edad es un factor clave en su trabajo: "Tenemos una media de 51 años. Sólo este año, compañeros míos se han jubilado con 66 y 67 años, saliendo de un patio de una cárcel".

Coincide con ellos el coordinador de la sección de Prisiones del sindicato IAC-CATAC, Carles Membrado, que reprocha a la administración "décadas sin reposición ni rejuvenecimiento de las plantillas". Critica que ahora existe un desequilibrio entre las vacantes que dejan los funcionarios con más experiencia que se jubilan y el ritmo al que se incorporan nuevos trabajadores sin experiencia. Balaguer también pone énfasis en el impacto de la cóvid-19, incluso más allá de los años más marcados por la pandemia. "Muchos funcionarios han ido arrastrando cóvidos persistentes", explica, como es precisamente su caso.

Asimismo, cambió el perfil de la plantilla con el paso de los años, también cambió el del grueso de presos en Catalunya, como apunta Membrado, que hace referencia a un aumento de la "criminalidad de origen violento y organizada". Para él, esto "denota que existe una jerarquía o un grupo con normas propias y, por tanto, están dispuestos a enfrentarse a la organización institucional penitenciaria" y sus funcionarios.

Otra respuesta que dan diferentes trabajadores penitenciarios está relacionada con una demanda histórica de estos profesionales. Se trata de la jubilación anticipada, una medida que apuntan a que también contribuiría a rejuvenecer a una plantilla envejecida. El portavoz de Marea Azul apuesta por caminar hacia la jubilación anticipada potenciando también la segunda actividad, es decir, que los funcionarios de mayor edad se puedan dedicar a puestos de trabajo con tareas que no conllevan el mismo desgaste, sobre todo físico. hora de intervenir con los internos. Según él calcula, actualmente unos 700 trabajadores podrían acogerse porque ya tienen la edad requerida para ello, pero advierte que las plazas de segunda actividad para funcionarios de prisiones son menos de 70 en toda Catalunya.

Sentimiento de "desprecio"

Para Francisco, hay otro elemento que podría explicar el aumento de bajas en el sector: “Puede ser en parte una respuesta al desprecio que sufrimos los funcionarios. No es una baja caprichosa, es producto de no poder más y no sentirse se reconocido. Las anteriores y la actual administración penitenciaria han abocado a los trabajadores a que el trabajo sea hostil". Por eso, apuesta por "no mirar tanto el resultado de bajas, sino hacer que el entorno penitenciario no sea hostil" y que tampoco lo sea "el tratamiento" que reciben "de la administración".

De forma similar, Balaguer apunta a un desgaste emocional de los trabajadores: "Hemos oído muchos años que a nadie le importaba el estado de la plantilla. Éramos diez años más viejos y no subía nadie que pudiera aprender", critica en referencia a la falta de nuevas contrataciones. Por su parte, Membrado considera que el envejecimiento de la plantilla provoca que a partir de cierta edad "el profesional cumple, pero no se involucra".

Una media de 32 días de baja

De la misma forma que ha aumentado el número total de bajas registradas, también ha crecido el porcentaje que suponen respecto al total de la plantilla. Hay que tener en cuenta que las cifras que ha proporcionado el departamento de Justicia a través de una petición de transparencia son completamente anónimas y no dan información individualizada sobre ningún trabajador: los datos corresponden al total de bajas que se han notificado y no a la cantidad de trabajadores que necesitaron una incapacidad temporal en ese momento. Por tanto, el porcentaje de bajas notificadas respecto al total de la plantilla debe tomarse como una aproximación: entre 2018 y 2019 se situaba alrededor del 5%, con algún pico hasta el 8%, y actualmente roza el 9 %. Los repuntes más destacados coinciden con la primera y la segunda oleadas de la cóvid-19, cuando el porcentaje escaló hasta el 18%.

También a consecuencia del anonimato de los datos, éstos no permiten distinguir si un grupo de trabajadores acumularon más bajas cortas o bien estuvieron repartidas entre la mayoría del personal. De hecho, las bajas de menos de 10 días son las más habituales en todos los años que reflejan los datos, con la única excepción de 2020, el año en que estalló la pandemia. Ese año las bajas de entre 10 días y un mes se pusieron a la cabeza, coincidiendo con el momento cuando las bajas por contagio obligaban a confinarse 14 días. En el resto de años, las bajas más cortas son las más frecuentes, seguidas de las de hasta un mes de duración y de entre uno y tres meses.

A partir de la media de trabajadores en activo y del total de días de baja que se registraron entre toda la plantilla, el cálculo indica que, hasta octubre de 2024, cada trabajador penitenciario ha sido de media 31,8 días de baja. Este dato no es comparable con años anteriores porque está incompleta por dos razones: le faltan los dos últimos meses del año y no comprende el total de días de duración de las bajas que continúan activas y se solapan con el 2025.

En cambio, los datos de años anteriores sí engloban la totalidad de días que duró cada baja, incluso si se encabalgó con el año siguiente. La comparativa de los datos de entre 2018 y 2023 muestra un aumento del 57% en la media de días que cada trabajador pasó de baja cada año: se ha pasado de 29,9 días a 47,2 días. Todo ello teniendo en cuenta que durante los años que abarcan los datos analizados por el ARA el volumen de la plantilla de los trabajadores penitenciarios prácticamente no ha cambiado y desde 2018 hasta ahora ha estado entre los 4.500 y los 4.600 funcionarios.

El impacto del asesinato en Mas d'Enric

El asesinato de una trabajadora de la cocina de la cárcel de Mas de Enric hace sólo unos meses golpeó a la plantilla de las cárceles. Sin embargo, el incidente no tuvo un impacto que se refleje en el volumen de bajas entre los trabajadores. Entre marzo y abril de este año, en las semanas siguientes al crimen, hubo un total de 1.046 comunicados de incapacidad temporal. Mensualmente equivale a una cifra algo mayor que la de años anteriores y que sólo se superó en el 2020 con la primera ola de la pandemia, si bien este mismo año ha habido otros meses que han rozado el medio millar de bajas, como enero (548), febrero (490) y mayo (503).

Pese a que no quede reflejado a gran escala por las cifras, el crimen en Mas de Enric fue un duro golpe no sólo para los trabajadores de esta cárcel, sino también a las demás. Paralelamente a las protestas que se desataron las siguientes semanas, entre los trabajadores había "mucho miedo", afirma Balaguer, quien sí ha detectado en su entorno "muchas bajas psicológicas" de compañeros que quedaron "muy tocados" . "El asesinato de Núria marcó un punto de inflexión", añade Membrado.

De hecho, para Francisco, portavoz de Marea Azul, la presión psicológica es otro de los elementos que inciden en la cantidad de bajas entre los trabajadores penitenciarios, y pone como ejemplo un reciente intento de suicidio en la cárcel donde trabaja , donde los funcionarios atendieron al preso hasta que llegaron los sanitarios. "Quizá esto arrastra y acumula. Uno no se va a casa tranquila. Habría que ver los datos de bajas médicas por razones psicológicas, para dimensionar y explicar por qué nuestro colectivo tiene más", valora sobre el impacto emocional de su trabajo. Sin embargo, a consecuencia del anonimato de los datos, hoy por hoy es imposible discernir la razón de cada una de las bajas registradas por el departamento.