La UE, las políticas migratorias y la agenda de la extrema derecha: ¿cómo se posicionan los partidos?

BarcelonaEl campo de refugiados de Mória en la isla griega de Lesbos fue durante años el símbolo del fracaso de las políticas migratorias europeas: en una antigua cárcel pensada para 2.800 personas llegaron a entaforar a 20.000 hombres, mujeres y criaturas, que esperaban durante meses (o años), en condiciones penosas, que se procesaran sus solicitudes de asilo. Ahora ya no es noticia, pero miles de personas siguen atrapadas en centros militares en las fronteras europeas.

La instrumentalización de la inmigración se ha convertido en las últimas décadas en un arma política arrojadiza en manos de la ultraderecha, que con la crisis económica ha llegado a los gobiernos de la UE: Italia, Finlandia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, la República Checa, Suecia y más recientemente los Países Bajos, tienen gobiernos de ultraderecha o que dependen de su apoyo. En los últimos años el resto del espectro político, desde los conservadores hasta los socialdemócratas, ha adoptado paulatinamente su agenda con una retórica de "ley y orden" en el control fronterizo, que afirma que Europa vive una situación de crisis migratoria permanente , por mucho que en realidad los flujos de llegada se hayan reducido mucho después del 2015. Tampoco se corresponde matemáticamente que los países que reciben más migrantes o los que geográficamente están en la primera línea de las llegadas sean los que giran hacia la ultraderecha, como ocurrió en Grecia con Syriza en plena crisis de refugiados del 2015 o cómo es el caso de España.

En cualquier caso, las políticas de control fronterizo europeas han pasado a responder a la retórica de la necesidad de levantar muros (físicos, tecnológicos y mentales) que hasta hace no tantos años era patrimonio exclusivo de los ultras. Así es como se llegó dos meses antes de las elecciones europeas en la aprobación final del Pacto Europeo de Migración y Asilo (Pema), que pretende blindar las fronteras exteriores de la UE –aunque el 90% de migrantes llegan al espacio comunitario con visados ​​a través de los aeropuertos– y al mismo tiempo repartir a los refugiados que logren entrar en la Europa fortaleza entre los estados miembros.

El pacto obtuvo el apoyo de la mayoría de socios comunitarios (con la excepción de Hungría y Polonia), a pesar de las críticas unánimes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que afirma que "incrementará el sufrimiento en cada paso del viaje de las personas que buscan asilo".

Con el nuevo marco legislativo, los migrantes que lleguen a las fronteras europeas serán detenidos y registrados y tendrán que esperar hasta 12 semanas en campos de recepción, privados de libertad, hasta que se resuelvan sus peticiones de asilo, incluidos los menores de 16 años, con la salvedad de los que han llegado solos. La capacidad de estos campos será de hasta 30.000 personas y todas las personas que provengan de países con menos de un 20% de solicitudes de asilo aprobadas pasarán por un procedimiento acelerado con derechos limitados de apelación y serán deportados directamente cuando se rechacen sus peticiones en primera instancia.

Acogida a la carta

Los migrantes que lleguen a las fronteras de la UE y obtengan el asilo deben ser distribuidos entre los 27 estados miembros de la UE. Pero Hungría y Polonia han rechazado el mecanismo de relocalización y, según Pema, los países que no quieran acoger refugiados tienen la alternativa de pagar 20.000 euros por cada persona que les correspondería. Es decir, puede pagarse incumplir sus obligaciones según la legislación europea y el derecho internacional.

La otra vertiente del pacto es la llamada externalización del control fronterizo. La UE ha firmado recientemente acuerdos con Túnez y Líbano, a los que paga millones de euros y ofrece apoyo financiero a cambio de que se comprometan a cerrar el paso a los migrantes para que no puedan llegar a las fronteras europeas. Como ocurrió con el acuerdo con Turquía de 2016, la UE deja el control de sus fronteras en manos de déspotas que podrán utilizar el fantasma de una crisis migratoria como arma de presión.

Todo ello aderezado con la doble vara de medida que los Veintisiete y las instituciones comunitarias han aplicado a la guerra de Ucrania. Desde la invasión rusa de febrero de 2022, seis millones de ucranianos y ucranianas han buscado refugio en la UE, que les abrió las puertas sin trabas. El mayor movimiento de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se respondió con una política de fronteras abiertas y un discurso que no hablaba de "crisis" ni de "peligro" y que ha demostrado que, con voluntad política, los 500 millones de habitantes de la UE pueden acoger a la gente que lo necesita.

Sin un sistema común europeo de asilo con reglas claras, sin un mecanismo efectivo para restar presión a los países que son la puerta de entrada, con una creciente militarización de las fronteras y la deslocalización del control a los vecinos del sur, la UE no parece ahora mejor equipada para gestionar los movimientos migratorios. Con la guerra en Gaza a las puertas y la perspectiva de que la destrucción sin precedentes de la Franja obligue a una parte importante de la población palestina a tener que huir, a corto o medio plazo, con la ultraderecha más fuerte que nunca en el Parlamento Europeo, el futuro se parece mucho a lo que quieren Marine Le Pen, Geert Wilders o Viktor Orbán.