Hasta ahora todo era tantear. Empieza la cuenta atrás y la negociación es hoy más complicada que ayer o simplemente está más cerca y se ve la profundidad del precipicio. Feijóo ha fracasado en su investidura y es el turno de Pedro Sánchez de intentar un gobierno de lo que se llamó la España plural. España está dividida sobre la amnistía, pero la relación de fuerzas es hoy favorable a culminar el proceso de racionalización política que empezó con los indultos. No será fácil y el Tribunal Constitucional se encargará de hacerlo notar, pero el corazón del apocalipsis no ha llegado al gobierno.
En Madrid se ha cumplido el guión. Feijóo solucionó la papeleta con solvencia parlamentaria pero Sánchez mantuvo la lealtad de su grupo parlamentario para cerrar el paso al candidato del PP y sus socios de Vox. Sobrado, sin despeinarse, sin ni siquiera intervenir parlamentariamente. Sánchez presentará el programa de gobierno en su propia investidura y será ahí cuando tendrá que defender las virtudes de una amnistía que negó en campaña, y terminar de convencer a los suyos.
Con el debate de investidura de Feijóo en el Congreso y el debate de política general en el Parlament coincidiendo en el tiempo y solo tres días antes del 1 de octubre, no se han evitado las gesticulaciones que han tensado la negociación.
DEMASIADAS COINCIDENCIAS
Ambos escenarios parlamentarios tenían los mismos actores pero necesitaban construir relatos diferentes y el resultado ha sido subir el precio de la investidura desde el Parlament con un acuerdo de ERC y JxCat que ha enervado a los socialistas.
La situación recuerda algunos episodios del 2017 y cabe preguntarse qué lecciones ha sacado cada uno y hasta dónde está dispuesto a confundir a los electores edulcorando el fracaso de la estrategia política soberanista y también la del Estado.
Las aguas están removidas y no hay nada pactado sino posiciones para intentar negociar desde la ventaja.
La situación en estos momentos es que en Junts consideran que ERC ha rectificado para acercarse al “compromiso histórico” que pidió Puigdemont hablando de la amnistía y el referéndum para condicionar la investidura. Junts pone de manifiesto la "debilidad del gobierno que demuestra la pérdida de votaciones en el Parlament" y se presenta como el garante de los valores.
En ERC consideran que están donde estaban, que la suya es la estrategia pragmática, que es el ex president quien ha aceptado ahora que hay que negociar con el Estado y saludan la “mínima coordinación obtenida” como un éxito. La competencia entre los soberanistas sigue siendo feroz y un actor de izquierda no pierde la oportunidad de señalar que “los que hoy los acusan de traidores (a JxCat) son el monstruo que ellos crearon”.
Al otro lado del hemiciclo y en el Congreso, los socialistas lamentan que los soberanistas “se mantengan en la lógica interna del 2017 con el “¡Y tú más!”” y Salvador Illa se sorprende de “la falta de oficio político” de los adversarios. Los socialistas lamentan a menudo ante sus interlocutores que ERC los "desconcierta" en las negociaciones y que no cumple los compromisos. Pese a los acuerdos de la pasada legislatura, no se ha generado una relación de confianza y es que el 1 de Octubre y el artículo 155 todavía resuenan, a pesar de los años transcurridos. La herida no se cerró, ni se cerrará si no se afrontan los temas de fondo: la identidad, la lengua, las infraestructuras y la financiación.
La oportunidad es única para el país y para los protagonistas del escenario. Sánchez se juega la investidura. Puigdemont tiene una inesperada oportunidad política y deberá realizar equilibrios entre la retórica y la renuncia que siempre implica una negociación. Esquerra se juega la credibilidad como partido de gobierno y al mismo tiempo guardián del independentismo histórico.
Incluso los jugadores de petanca saben que es tan malo no llegar como pasarse de frenada. Obviamente no es fácil y los negociadores de la investidura de Pedro Sánchez se mueven como en la petanca, una partida de póquer o un circo de tres pistas –elijan la imagen que prefieran–. Tienen unas semanas para negociar y escribir la letra pequeña de la amnistía –determinando su perímetro y sus tempos–, de pactar qué tipo de consulta se tiene que hacer a los catalanes y hasta dónde se adapta la Constitución. De establecer las condiciones de funcionamiento de una mesa de negociación que, ahora sí, represente a todas las partes. De establecer un diagnóstico honesto sobre las infraestructuras y la financiación. La ambición del momento es histórica aunque, de momento, siguen mirándose de reojo con desconfianza.
