Los principios solo se hacen efectivos encarnados en realidades determinadas. El ideal nunca se logrará en su versión más pura. El gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos querría coronar su viaje con una ley de memoria que abre la puerta a juzgar los crímenes franquistas. Un tabú que se arrastra desde hace 45 años. Pero los socialistas han sido pieza articular del régimen democrático y se sienten comprometidos tanto con sus adelantos como con sus contradicciones.

El grito de “Llibertat, amnistia y Estatut d'Autonomia” ["Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía"] presidía las manifestaciones de los años 70. La amnistía de los condenados por el franquismo por razones políticas fue una reivindicación de las fuerzas democráticas que proviene de la consigna de reconciliación nacional que lanzó el Partido Comunista en 1956. Pero no se puede olvidar que el régimen del 78 nació de un proceso de negociación con las instituciones franquistas, que estaban plenamente vigentes. Y con unas relaciones de fuerzas bastante desiguales, de forma que la amnistía se hizo extensiva a los mandatarios y verdugos del franquismo, algunos de los cuales fueron protagonistas del pacto. En aquel momento seguramente no había otra opción para un cambio pacífico. Lo que en ninguna parte estaba escrito -y fue el mecanismo de perversión que se puso en marcha- es que la amnistía exigiera un deber de amnesia. Y aun así se impuso una especie de tabú del pasado. Un miedo generalizado a mirar hacia atrás.

Cuando el año 82 se acabó la Transición y empezó la consolidación del régimen, el PSOE, con un resultado electoral que le daba una autoridad política y moral sin precedentes, en vez de dotar el país de la cultura y de los hábitos democráticos que no tenía, centró sus esfuerzos en la construcción de un régimen fuerte que evitara que la democracia fuera, una vez más, un espejismo. Y así se construyó el corporativismo bipartidista que ha funcionado hasta 2014. Y que ha mantenido el tabú sobre el pasado.

Ya sería hora, pues, de decir las cosas por su nombre y señalar las responsabilidades que han quedado impunes, a pesar de saber que la derecha no lo aceptará nunca. Levantemos el tabú, miremos el pasado, reconozcamos que hay delitos contra la humanidad que no prescriben. Aun así, seamos conscientes de que el recorrido judicial posible es limitado. Pero, al menos, que los crímenes de la dictadura no disfruten del privilegio de la oscuridad.

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