En una España donde de cada 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa (Machado), y donde hay un presidente de gobierno que hace pocos años prometía traer detenido a Puigdemont, que dos partidos independentistas hayan arrancado una amnistía que cubre del 2011 al 2023 es un éxito político. Un éxito... después del gran fracaso político del 2017. Pero como la derecha hispánica, incluida buena parte de la judicatura, ya se prepara para impedirla, remarcamos el valor del compromiso que han firmado PSOE, Esquerra y Junts.
En este sentido, se entiende la retórica con la que las partes acompañan la ley. Para los independentistas es el resultado de haber aguantado la posición. Para los socialistas, la forma de cerrar "una etapa de enfrentamiento, conflicto, quiebra de los afectos y de la convivencia" (ministro Bolaños).
Pero una cosa es la retórica y la otra la realidad. El independentismo está dividido (la legislatura acabará sin que el famoso 52% del Parlament haya estado operativo durante cuatro años), y en las últimas elecciones, las españolas del pasado julio, los tres partidos soberanistas perdieron 666.000 votos en relación al 2019. La posición se ha aguantado, pero la moral colectiva se ha desinflado.
Y el gobierno español no cerrará ningún conflicto si no avanza hacia un cambio estructural, que incluya acabar con el hecho de que Catalunya sea la segunda en pagar y la décima en recibir, o que la judicatura deje de meter la nariz en la educación en catalán, o dejar de negarse a pactar un referéndum, como hicieron Reino Unido y Canadá.
Colorear la amnistía como la parábola del hijo pródigo es un recurso melodramático de un paternalismo insufrible. Sánchez no debería confundirse: el entusiasmo popular ha desaparecido, pero las razones permanecen. Y, además, ¿quién ha vuelto a casa? ¿Catalunya a la Constitución o España al estado de derecho, procedente del estado profundo?
