Catalangate: la última oportunidad para el PSOE
BarcelonaCuando se reunieron en septiembre de 2021 para dar el pistoletazo de salida a la mesa de diálogo, los presidentes catalán y español, Pere Aragonès y Pedro Sánchez, coincidieron en que no se tenían que poner plazos porque lo más importante era "construir confianzas" que permitieran avanzar. Y es evidente que el escándalo del Catalangate, el espionaje a una sexagésima de políticos y activistas independentistas con el software Pegasus de la empresa israelí NSO, ha dejado muy tocadas estas "confianzas". El president Aragonès considera que el asunto es "una operación de estado" contra el independentismo y ha reclamado al gobierno español una investigación con supervisión independiente para aclarar este caso de espionaje a representantes públicos, funcionarios y activistas. Los investigadores de Citizenlab apuntan que este software solo puede ser adquirido por estados y, por lo tanto, apuntan claramente a los servicios secretos españoles.
De momento, el gobierno español niega cualquier responsabilidad y se limita a decir que si se abre una investigación judicial colaborarán con lo que haga falta. ¡Pero es que solo faltaría! El gobierno español tendría que ser el que se mostrara más indignado por la publicación de una investigación en la prensa internacional que afecta directamente su reputación. Es el gobierno español el que tendría que haber iniciado ya una investigación motu proprio en lugar de hacer ver que es una cosa menor y sin importancia. ¿Cómo puede ser menor un caso de espionaje ilegal a representantes democráticamente elegidos?
Este asunto se presenta como una última oportunidad del PSOE para demostrar cuál es su verdadero compromiso, primero, con la regeneración democrática, puesto que este espionaje empezó con el gobierno de Rajoy, pero continuó con el de Sánchez. Y, en segundo lugar, con la resolución dialogada del conflicto catalán. Tiene razón el gobierno catalán cuando dice que no se pueden normalizar estas situaciones y no se puede continuar con una relación bilateral como si no hubiera pasado nada. El PSOE de Pedro Sánchez tiene que demostrar si actúa con la misma diligencia que lo hizo el PSOE de Felipe González en 1995, cuando por un caso similar de espionaje masivo, el de las escuchas del Cesid, cayeron un vicepresidente (Narcís Serra), un ministro de Defensa y el director general de los servicios secretos.
Porque si no ha sido el gobierno español, como ellos afirman, todavía sería más urgente la investigación para ver si hay un tercer país interfiriendo en la política española. Se mire como se mire, esta violación de las comunicaciones personales y de la intimidad es un escándalo demasiado gordo para que quede enterrado entre las informaciones del día a día. Las dos vías, la judicial y la política, se tienen que activar de forma paralela porque tienen objetivos diferentes. La primera tiene que aclarar los hechos y condenar a los responsables. Y la segunda tiene que discernir si este gobierno español tiene una voluntad sincera de resolver el conflicto catalán por vías democráticas y parar de una vez por todas la represión y las violaciones de derechos que se pusieron en marcha para frenar el Procés.
