Los resultados de las elecciones han dado por amortizada la mayoría independentista de los últimos tiempos. Después de una docena de años de promesas y utopías incumplidas, la ciudadanía ha optado de forma clara por la política que resuelve problemas y permite encarar el futuro y no los relatos grandilocuentes que, a escala real, significan dejadez, cuando no retraso. El independentismo es y seguirá siendo, en sus diversas formulaciones, una fuerza relevante. Haría falta que en ella dominara el espíritu constructivo y no de venganza y que diera lugar a una mayoría parlamentaria transversal pilotada por los socialistas, que representan a esta Catalunya de los hechos que ahora se ha impuesto. Hay quien tiene la tentación de seguir en el conflicto, a la espera de que operaciones de saltimbanqui le den el liderazgo que las urnas, ni ahora ni nunca, le han proporcionado. Repetir elecciones no revertirá la tendencia, más bien la reforzará. Algunos partidos ganarían tiempo, pero a expensas de que fuera más tiempo perdido para el país.
Al nuevo gobierno de Catalunya le corresponderá dar respuesta a una serie de temas cruciales que, en la última década, han sido obviados en nombre de la épica, y probablemente, cuando se afronten, se verá que las diferencias entre los socialistas y los grupos independentistas no son, ni mucho menos, ni tan grandes ni insalvables. Son políticas que deberían ser de largo recorrido y que en cualquier país moderno se consensúan justamente porque son apuestas estratégicas. En primer lugar, es necesario reforzar el dañado sistema público de salud. No solo, pero es especialmente un tema de inversión económica, de incorporación de recursos humanos y de promover el sector privado. La dejadez en un ámbito implica la promoción del otro. Ya somos lo suficientemente mayores como para entenderlo. Más complejo resulta abordar el tema del fracaso del sistema educativo. Aquí el tema principal no es el dinero, sino el modelo educativo, y hacer este cambio costará porque los visionarios de un modelo erróneo persistirán y están presentes en todas partes. Habría que volver a enseñar, reanudar el aprendizaje, los contenidos, dejarse de educación por proyectos y otras metodologías terraplanistas, y afrontar seriamente el fracaso escolar, sus aspectos sociales y relacionados con los trastornos de neuroaprendizaje, además de situar la formación profesional de forma adecuada en el sistema y reflexionar sobre el papel que debe desempeñar la universidad.
Tomar la problemática profunda de la vivienda implicaría buscar soluciones a un derecho incumplido y a lo que más limita el bienestar y las expectativas de futuro de la ciudadanía del país. Se siguen haciendo políticas económicas y urbanísticas que actúan de forma procíclica en la escasez y escalada de precios. No hay vivienda social o protegida, ni de compra ni de alquiler; esta es la realidad. La gentrificación y Airbnb van a la suya. Hay que afrontar el déficit de infraestructuras y ponerse de acuerdo en aquellas que resultan imprescindibles, sin demagogias: sistema aeroportuario, cinturones radiales, trenes de Cercanías, suficiencia hídrica... Y es necesario un instrumento de financiación, una banca pública, que pueda hacerlo posible. También resulta imprescindible pilotar, que ahora no se hace, el futuro productivo del país, estableciendo prioridades y poniendo en práctica las políticas adecuadas. Hay que concretar el genérico "fomentar la reindustrialización”, qué apuestas conlleva y si realmente se quiere, o no, contener y redefinir el papel del turismo, un sector que ahora actúa de punta de lanza. Toda decisión en el ámbito productivo debería asegurar más valor añadido y más productividad; debería contribuir a revertir un proceso de aumento de la desigualdad que nos ha llevado a una sociedad fracturada y llena de gente excluida. En este contexto, se hace inevitable hablar de la gestión de la inmigración. No hacerlo hace que solo hablen la demagogia y la extrema derecha.
Si nos situamos en la realidad, es necesario afrontar tanto la profundización del autogobierno como, sobre todo, la mejora del sistema de financiación. Esto es posible consensuarlo y sería bueno que se hiciera, más allá de hacer de arma política. En la misma línea, es necesario forzar un pacto fiscal a nivel estatal para evitar que las comunidades autónomas, impulsadas por el Partido Popular, hagan dumping tributario, en perjuicio de la financiación de los servicios. Y necesitmaos políticas acordadas para defender un uso social de la lengua, que está claramente en retroceso. Hay dinámicas globalizadoras y tecnológicas que la perjudican. Habría que dejar de politizar el tema de mala manera y plantear programas activos imaginativos que hagan de contrapeso a la dinámica global. El problema de la política actual, y el independentismo ha caído en él de lleno, es el intento de polarizar siempre, negar al otro, ser prisioneros del relato. Si hablamos del país y de sus necesidades, las coincidencias son muchas más que las disparidades. Se podría probar. Seguro que no perderíamos tanto como hemos perdido hasta ahora.
