Ahora resulta que no sólo el AVE es radial. También las Cercanías tienen punto de salida y de llegada en el km 0 de la Puerta del Sol si hacemos caso de la negativa de los sindicatos de trabajadores de Renfe a plegarse al traspaso acordado entre la Generalitat y el Estado. Un ejemplo más de la defensa de un modelo jacobino de servicio público disfrazado de reivindicación de unos derechos sociales que nunca han estado en cuestión. A la España del estado de las autonomías no le sienta la mentalidad policéntrica que impera en otros estados compuestos o en la propia UE. La pulsión centrípeta de las élites políticas y económicas de la España de matriz castellana-andaluza, y la definitiva musculación de Madrid no permiten siquiera que Barcelona sea el Frankfurt o el Milán de España. Enterrado está el sueño de muchos federalistas e incluso el pacto tácito al que hizo referencia Antoni de Capmany en las Cortes de Cádiz, por el que Castilla tenía que hacer la política mientras en Catalunya le dejaban hacer los negocios.
De entrada, ya me perdonarán si digo que no se entiende demasiado lo que hacen los sindicatos ferroviarios mediatizando los términos de un acuerdo de traspaso formalizado entre dos gobiernos, por el que, como es obligado, se hace un inventario de bienes y se fijan los medios materiales, económicos y también personales a ceder. Gracias a su capacidad de presión, sobre todo a la amenaza de huelga en un servicio ya de por sí lo suficientemente deplorable, se ha pasado de una empresa mixta de nueva creación, concebida porque la Generalitat no dispone por ahora de las condiciones para asumir la condición de operador, a una empresa que continuará, aunque sea transitoriamente, dentro del grupo Renfe. El sindicato mayoritario, CSIF, ha ido más lejos y ha dicho incluso que el acuerdo supone "regalar Cercanías a la Generalitat por un acuerdo político". Claro, que Santa Lucía les conserve la vista muchos años. ¿Qué hacen sino los gobiernos? ¿O es que hay un orden natural que hace que Cercanías tenga que seguir estando en las manos torpes del Estado?
Tiempo era tiempo, por cierto, que las quejas estaban a la inversa. Recuerdo los tacos de cuando el gobierno Pujol fichó mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para dirigir el cuerpo de Mossos d'Esquadra. El primer mayor de los mossos, Joan Unió, y algunos de los mandos del cuerpo venían de la Policía Nacional. Pero ahora lo que es norma es lo contrario. Hace unos meses analizábamos en esas mismas páginas como el acuerdo por el que los Mossos d'Esquadra debían asumir las competencias de seguridad ciudadana en el aeropuerto de El Prat, decidido por el anterior Gobierno en el marco de la Junta de Seguridad, se pospuso en realidad por la actitud refractaria de los sindicatos policiales españoles. Después, ante las quejas de algunos partidos, el actual Gobierno rectificó, después de haber pretextado públicamente que no había efectivos suficientes para asumir el reto. Finalmente se ha terminado comprometiendo. El reciente acuerdo sobre la delegación de funciones ejecutivas en materia de inmigración también habla de ello, e incluso prevé la colaboración de los Mossos en el control fronterizo.
También queda lejos el tiempo en el que los funcionarios y trabajadores del Estado estaban encantados de pasar a manos de la Generalitat. No sé si se trata de una pérdida de prestigio. O quizás es que el contexto político y la extrema polarización del debate territorial en los últimos años no ha ayudado. Lo desconozco. Lo que sí sé es que, por poner sólo algunos ejemplos, con el Real decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, se traspasaron los servicios del Estado en materia de prisiones sin especiales dificultades. Emblemático. La Comisión Mixta fijó el traspaso del personal y aquí no ocurrió nada. Con el Real decreto 391/1998, de 13 de marzo, se traspasaron los servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor transferidos por la Ley orgánica 6/1997 post-Majestic y algunos guardias civiles, unos doscientos, saltaron al cuerpo, aunque algunos llevaron el traspaso al Tribunal Supremo. En fin, con el Real decreto 206/2010, de 26 de febrero, se traspasó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que recuerda el caso de Cercanías porque dio lugar a crear en un primer momento un consorcio con el Estado porque la Generalitat sólo tenía las competencias en materia laboral pero no las de Seguridad Social, y eran compartidos los servicios administrativos y de atención ciudadana.
Pero, sin duda, uno de los episodios más lamentables es el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona. El Tribunal Supremo llegó a anular el Real decreto 2397/2004, de 30 de diciembre, por el que se cambió la sede de Madrid en Barcelona, por considerar que esta decisión del gobierno central, precedida de un acuerdo de julio del mismo año entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall, estaba basada en simples motivaciones políticas de oportunidad! El resultado es que todos los órganos constitucionales y los reguladores siguen estando en Madrid. Y que tardamos más de tres horas de Barcelona en Valencia...
