El sábado 3 de agosto, Sebastià Alzamora publicó en este diario una columna titulada "Compañeros (y otros avances menospreciados)" que comentaba mi posicionamiento como presidente de la Comisión de la Dignidad en cuanto a la reciente declaración de nulidad del consejo de guerra del presidente Companys. En respuesta a ese artículo, debo hacer constar una serie de hechos que explican mi posicionamiento.
La petición de anulación la pedimos al Congreso a través de los partidos catalanes año tras año, y el PSOE, una y otra vez, se negó con el voto del PP. Al final, junto a otras entidades memorialistas, decidimos pedirlo al Parlament en un acto de soberanía en junio del 2017.
El Estado, en la primera ley de memoria, jugaba con la declaración deilegitimidad de los tribunales franquistas, y en 2009, con todo tipo de publicidad, entregó a la neta de Companys el certificado de declaración de reparación, negándose en todo momento a hablar de ilegalidad de los tribunales y de nulidad de las sentencias.
En el 2018, en una operación de propaganda del PSOE hacia Catalunya, en plena represión y con el Gobierno en prisión, se celebró un consejo de ministros en la Lonja de Barcelona y, para quedar bien con Catalunya, el gobierno español sacó el cepillo del que hablaba Tarradellas y acordó poner el nombre de Tarradellas en el aeropuerto de El Prat, y volver a dar por segunda vez el documento de reparación del presidente Companys, ahora en la Generalitat.
Entonces denunciamos la maniobra, recordando que el Parlamento, por ley, había declarado ilegales los tribunales militares y nulas las sentencias dictadas en Cataluña de 1938 a 1978, y reclamamos que, como hicieron a petición de la Comisión de la Dignidad los consulados de Francia y Alemania en el 2008 en el Palau de la Generalitat, el Estado asumiera su responsabilidad en el crimen del presidente Companys y pidiera perdón. No quisieron hacerlo.
España nunca ha querido pedir perdón por los crímenes cometidos en varios momentos históricos. Por ejemplo, no quiso cuando el presidente de México lo pidió en relación con la colonización de América, cuando sí lo hizo, en cambio, el Santo Padre Francisco en nombre de la Iglesia.
No creo que pueda compararse nuestra declaración con los hechos y circunstancias del independentismo, como lo hace el artículo de Alzamora. En cualquier caso, las declaraciones que el autor comentaba obedecen a una larga trayectoria de más de veinte años en el ámbito de la memoria, durante los cuales siempre hemos denunciado que menudean meras declaraciones políticas, en lugar de verdaderos actos de reparación, de justicia efectiva y de verdad.
La declaración promovida y celebrada por la Generalitat nos indignó porque nuestro Gobierno se olvidaba de la ley aprobada por el Parlament, y no le daba valor jurídico y político, en un tiempo en que nuestro Parlament es maltratado porque se le suspenden diputados y presidentes, se le anulan leyes, se le suspenden declaraciones y se le prohíbe celebrar según qué debates.
No tener sentido de estado ni saber mantener el valor y efecto jurídico de nuestras leyes, y por tanto la dignidad de nuestras instituciones, hace que la mínima autonomía política que conquistamos se nos deshaga entre los dedos.
Por lo que se refiere al catalán en el Congreso, personalmente ya través de otra entidad estamos trabajando para que se cumpla el acuerdo en que se dice que el Congreso publicará las leyes aprobadas en versión oficial en las diversas lenguas para que tengan plenos efectos jurídicos. Además, no hay que olvidar que cuando una ley anula unos juicios y declara ilegales a unos tribunales, tiene un efecto jurídico inmediato, y aquellos juicios y tribunales no pueden ser anulados de nuevo. Es una ley, no una declaración política.
Nuestro posicionamiento no puede ser tildado de ningún tipo de rencor o de populismo como se hace en el artículo. Son más de 20 años picando piedra por la dignidad de nuestras instituciones y es justo que pidamos que el Estado asuma su responsabilidad en el asesinato de Companys, como lo hicieron Francia y Alemania, en lugar de huir de estudio. Es un acto que realizan todos los estados democráticos, y es un acto que deben a nuestras instituciones ya la ciudadanía catalana.
No quiero terminar sin apuntar que los archivos de la Generalitat, de particulares y de entidades, que fueron requisados por el franquismo han sido recuperados por nuestra terca lucha, una lucha en la que seguimos en contacto con el ministerio de Cultura para acabar de recuperar los documentos de la Generalitat y de los 47 ayuntamientos catalanes que todavía quedan por devolver.
