Cuidado con las subidas de impuestos encubiertas
El gobierno español se plantea eliminar las ventajas fiscales que tienen los matrimonios que hacen la declaración de la renta conjuntamente, una medida de la cual se benefician unos dos millones de hogares ahora mismo y que según el Airef tiene un impacto de 2.300 millones de euros. La propuesta está incluida en los planes de recuperación que el ejecutivo español ha enviado a Bruselas y que tienen que servir para facilitar la llegada de los fondos de ayuda europeos, unos 140.000 millones de euros. Aun así, y ante el alud de críticas y el contexto electoral, el ministerio de Hacienda matizó que no se plantea la supresión de la bonificación y que, en todo caso, se decidirá en el marco de la reforma en la que trabaja un grupo de expertos.
En el documento enviado a Bruselas el gobierno español la justifica no por el impacto en la recaudación, sino por razones de igualdad de género, dado que considera que la tributación conjunta desincentiva la entrada de la mujer en el mercado laboral. Pero más bien parece que se quiere enmascarar lo que sin ningún tipo de duda sería una subida de impuestos encubierta, obligada en parte por la Unión Europea como condición para recibir los fondos de reconstrucción.
Es evidente que, con las cifras de déficit obligadas por el gasto extraordinario que ha causado la pandemia (pensemos en los costes sanitarios, pero también en los ERTE), el Estado tiene que buscar la manera de equilibrar las cuentas y recaudar más. Es una situación delicada porque, dependiendo de cómo se haga, puede castigar todavía más a las clases bajas y medias y aumentar la desigualdad. Y sería paradójico que precisamente este gobierno, que presume de ser el más de izquierdas de la historia de España, perjudicara a su base de votantes.
También se tiene que tener cuidado para no malograr las expectativas de repunte de consumo que se prevén para cuando llegue una cierta normalidad y haya un porcentaje elevado de gente vacunada. El domingo, por cierto, será un paso en esta dirección con el fin del estado de alarma y la posibilidad de poder salir a cenar fuera de casa.
En todo caso, el gobierno español tendría que ser valiente y plantear abiertamente el debate global sobre las deducciones del IRPF y las políticas fiscales en conjunto, con especial atención a las grandes empresas. Y no esconder una medida así en un informe en Europa. Como se podía esperar, el PP salió a criticarla inmediatamente –puesto que lógicamente mantiene una posición contraria a cualquier aumento de impuestos–, pero también la izquierda. En concreto, Íñigo Errejón, porque considera que va en contra de los intereses de las familias más modestas y que viven en situación de precariedad.
Las próximas horas veremos si el gobierno español finalmente echa para atrás esta propuesta y qué explicaciones da. De entrada, parece más lógico que la subida de la recaudación venga más de los impuestos indirectos o de las tasas verdes, de acuerdo con lo que pide Europa. Pero el mínimo que se le puede reclamar es que tenga la valentía de explicar cuál es la situación real de las finanzas públicas.
