Déficit fiscal: un problema crónico

El Govern calcula que el déficit fiscal del Estado con Catalunya llegó el 2019 hasta los 20.196 millones de euros, una cifra récord que incluso cuesta llenar de significado, más allá de la abstracción matemática. Es el 8,5% del producto interior bruto del país, y el conseller de Economía, Jaume Giró, intentó ayer concretar qué implica, explicando que es el equivalente al presupuesto de Sanidad, Educación y Derechos Sociales del 2022, que multiplica por 167 el presupuesto de inversiones de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya y por 152 el del Ayuntamiento de Girona. En todo caso, según la estimación, el déficit es 3.147 millones de euros más alto que el de las últimas balanzas fiscales, del 2016, cuando representaba un 8% del PIB.

Estos datos se desprenden de un cálculo basado en el sistema de flujo monetario. El de carga de beneficio –que descuenta la parte que beneficiaría a Catalunya de gastos estatales como el Museo de Prado o el ejército, por citar dos ejemplos– indica un déficit de 14.556 millones, 2.323 más que en 2016, y que representa también cuatro décimas más de PIB (6,1%).

Sea cual sea el sistema de cálculo, según las estimaciones de la conselleria de Economía el caso es que el déficit fiscal, en lugar de atenuarse, creció. O sea que la desigualdad de trato en Catalunya respecto a las otras comunidades del Estado habría empeorado. Cuando la economía va bien –y el 2019 iba bien– el déficit fiscal todavía se agrava más.

La reivindicación de mejorar la financiación catalana puede sonar vieja, porque lo es, pero no por eso deja de ser actual. Estas cifras, que podrían ser más exactas si el gobierno español colaborara, indican otra vez que el modelo de financiación está caducado. No funciona, o solo lo hace para algunos. Y está claro que el gobierno español no tiene previsto de momento abrir el melón de negociar un nuevo modelo, sobre todo ahora que se acerca el final de la legislatura.

Cabe decir que el cálculo de las balanzas fiscales podría ser más cuidadoso si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, facilitara los datos necesarios para hacerlo. La última vez que se publicaron fue en 2017. Las del 2018 el ministerio las guardó en el cajón, y después las llamadas cuentas territorializadas ya se dejaron de calcular. El gobierno español no quería "más ruido entre las comunidades". Está claro por qué: si los datos son difíciles de justificar políticamente, si dan munición a los que se quejan, es mejor no darlos.

Si bien es fácil de entender por qué el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no hacer públicas las cifras, es evidente que no ayuda a solucionar el agravio, que ha contribuido a envenenar las relaciones entre los gobiernos catalán y español durante décadas. Un gobierno que se tomara seriamente el diálogo, que pretendiera encontrar un encaje real de Catalunya en España, no solo las haría públicas: también las usaría para buscar la manera de aplicar un modelo de financiación más justa.