"Todas las herramientas que se utilicen para defender el Estado me parecen bien". Esta semana lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, pero en los últimos años se han expresado en términos similares dirigentes del PP, Ciudadanos y Vox. También alguno ligero de lengua del PSOE o del PSC. De este modo, con una exhibición de cinismo que convierte a los verdaderos demócratas en ilusos, el núcleo duro de la política española justifica que el gobierno central, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, los jueces y los medios afines conspiren, de forma clandestina y posiblemente ilegal, para perjudicar a sus adversarios -en este caso, independentistas catalanes-. Alterar informaciones, inventarse delitos, pinchar teléfonos o directamente espiar, con la ayuda de infiltrados, son algunas de las fórmulas que el Estado (sin conocimiento del poder legislativo) podría haber utilizado para "defenderse" de ciudadanos inocentes, y esto, en este singular estado de derecho llamado España, se reivindica con la misma soltura con la que en los años ochenta muchos justificaban la guerra sucia contra el terrorismo. Aunque cualquier comparación en este terreno sea absurda, como saben, mejor que nadie, las víctimas de ETA.
La acumulación de disparates es tal que apenas hay tiempo para replicarlos. Cada escándalo eclipsa al anterior. Ahora nos enteramos de que el Tribunal Supremo permitió el espionaje del president Pere Aragonès porque "coordinaba" la acción de los CDR "de forma clandestina". Todo esto, a instancias del CNI y bajo mandato socialista. Y Aragonès lo niega de forma rotunda, como tiene que ser. Pero convendría recordar que los CDR no son una organización terrorista, lo que invalida todos los posteriores razonamientos. Yo nunca he formado parte de ningún CDR, pero un día en Badalona pasé por una parada y les compré un par de camisetas; espero que esto no me convierta en cómplice de lucha armada, según el criterio de la justicia española. De hecho, considero que el juez García Castellón es mucho más peligroso para el estado de derecho que todos los miembros del CDR juntos. Pienso lo mismo de los jueces Lamela y Llarena, a quienes veo muy capaces de mentir y de saltarse la ley para arruinar la vida a los “enemigos del estado”.
España está renunciando a ser un estado de derecho. Porque los estados de derecho tienen como primera obligación amparar los derechos de sus ciudadanos, incluso los ciudadanos que cuestionan el marco constitucional. Cualquier catalán que tiene la ciudadanía española y que paga sus tributos en España tiene todo el derecho del mundo a ser independentista y a defender democráticamente esa aspiración. Si, encima, el independentismo tiene la mayoría en el Parlamento catalán y reclama negociar un referéndum, la obligación del Estado es hacer lo posible para que la voluntad del Parlament se convierta en una realidad. En cambio, España, basándose en su “derecho a defenderse”, respondió al Parlament con detenciones, despliegue policial, altas penas de prisión y la utilización imaginativa (por decirlo de algún modo) del Código Penal.
Parecía que la reforma del delito de sedición, y la nueva ley de amnistía, forzada por los partidos independentistas, podría cambiar las cosas; pero para un juez acostumbrado a la prevaricación ya no existen límites. Y así nos encontramos con que los responsables del Tsunami Democràtic se exponen ahora a penas de terrorismo. Hecha la ley (de amnistía), hecha la trampa. Si esto no se arregla, puede haber más detenciones y exiliados. Gente honesta y pacífica está pendiente de cuál puede ser su futuro. El estado de derecho no se defiende, sino que ataca a los ciudadanos que discrepan. Y a los ciudadanos, ¿qué defensa les queda?
