Aunque también empiece a tener –no hace falta decirlo– sus negacionistas, el informe PISA sigue siendo un instrumento fiable y de referencia en el ámbito educativo. Los pésimos resultados que ha obtenido el Estado español en la última edición, claramente por debajo de la media europea en lectura y matemáticas, confirman todos los temores. El malestar de los docentes se expresa con huelgas y protestas el primer día de clase: criticar y devaluar estas protestas es una tentación en la que incurren algunos políticos y opinadores, pero eso es caer en el error clásico de matar al mensajero. Con sus movilizaciones, maestros y profesores vienen a dar la misma mala noticia que el informe PISA: la situación de la enseñanza pública no es sostenible y hay que trabajar en ella de forma extremadamente urgente y seria. Hay que trabajar sobre la realidad y no sobre palabras, discursos ni consignas. Existe una relación inversamente proporcional entre la naturaleza sumamente delicada del sistema educativo y el alud de voces que se ven con ánimo de dar su opinión con pretensiones de pontificar. Quienes mejor conocen las aulas son los que trabajan en ellas día a día, y es a ellos a quienes hay que escuchar y seguir.El desbarajuste es generalizado en todo el estado español, y Cataluña no es ninguna excepción: ni siquiera con la desviación ocasionada por una muestra desviada que ha invalidado las pruebas (algo mucho peor que un simple error, en un Gobierno que ha hecho de una supuesta buena gestión de los servicios públicos su bandera), los resultados obtenidos por Cataluña no son significativamente mejores que en España. Cataluña, que ha destacado siempre por ser un país avanzado en cuanto a calidad educativa con relación a su entorno, sí que tiene motivos para hablar, en este caso, de decadencia, de caída libre o de cualquier metáfora de la derrota. Tampoco se salva el País Vasco, que era la otra nación de la Península que tradicionalmente había destacado en materia educativa.Se debe respetar el derecho a la educación, dice el presidente Salvador Illa. Y tanto, solo que este derecho tiene unos apellidos que no se pueden dejar de decir: se debe respetar el derecho a la educación pública y de calidad. Y en catalán. Las comunidades autónomas tienen transferida la competencia educativa, y en muchas –gobernadas por el PP o por el PP con Vox– se constata una ofensiva frontal contra la educación pública en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad. En el País Valenciano y en las Baleares, y también en Aragón, la ofensiva es también contra la lengua catalana. Se pretende convertir la escuela pública en un espacio de conflicto, para asustar a las familias y redirigirlas a la concertada y la privada. En Cataluña la ofensiva política y judicial contra los que odian la escuela catalana viene de lejos y se añaden todo tipo de discursos y teorías que pretenden utilizar a los docentes y a los alumnos como conejillos de indias de toda clase de falsos debates. Dejad que los enseñantes enseñen, que los alumnos aprendan y respetad el derecho de huelga y el derecho a la educación pública, de calidad y en catalán.
