El factor Puigdemont

Carles Puigdemont es el principal factor de desestabilización del estado español. Lo sabe y está sobradamente capacitado para irrumpir en la partida política que se juega en Catalunya y España poniéndola boca abajo. Puigdemont tiene la legitimidad de representar a más de un millón de votantes catalanes y su título de president de la Generalitat hace que, a pesar de no estar en ejercicio, su representatividad supere las fronteras de su partido. El expresident también sabe que de su visibilidad depende no solo su futuro personal y el de JxCat sino la prueba de la utilidad de su estrategia, la de la internacionalización del conflicto que lo llevó al exilio.

Hoy, Puigdemont, el eurodiputado y el expresident, ha vuelto a demostrar que es el principal activo del independentismo en la esfera internacional y que su situación es capaz de activar la diplomacia y la policía de allá donde aparece para hacer pasar un mal rato al Tribunal Supremo y al juez Llarena, pero también a las autoridades judiciales y políticas de la UE y del gobierno español y del gobierno catalán por razones diferentes.

Mala fe procesal

La detención y liberación en Alguer demuestra una vez más que Puigdemont es la carga la justicia española y de los sectores del nacionalismo español (de Vox al PSOE) que jueves por la noche salivaban con la idea de su extradición y encarcelamiento en España. Pero sus expectativas de revancha no se han cumplido. Los que están dispuestos a continuar erosionando la imagen y la credibilidad de la justicia española, que dejan en evidencia la politización y la carencia de buena fe procesal del Tribunal Supremo desafiando directamente al Tribunal de Luxemburgo, han vuelto a sufrir un revés en tiempo récord, esta vez por parte de la justicia italiana. Y ya van cuatro países europeos -Bélgica, el Reino Unido, Alemania e Italia- que dejan a Llarena en evidencia por sus métodos jurídicos poco garantistas del estado de derecho.

La discusión está honestamente abierta entre los juristas sobre la activación de las euroórdenes y la sospechosa actuación del TS, pero los hechos son que los jueces alemanes y belgas han denegado varias solicitudes de extradición y ahora son los italianos los que se ponen en manos de las cuestiones prejudiciales todavía no resueltas por el TJUE.

Cuando el juez Llarena mantuvo la orden contra Puigdemont no actuaba de buena fe en el ámbito judicial sino movido por su motivación política. Actuaba con un tipo de insumisión menospreciando que el TJUE el 30 de julio pasado rechazó dictar cautelares contra la suspensión de la inmunidad del expresident de la Generalitat previendo que “nada sugiere que las autoridades judiciales belgas o de cualquiera otro estado miembro pudieran ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los demandantes y entregarlos a las autoridades españolas”, y ofrecía una última cláusula de salvaguarda de los exiliados: “Presentar una nueva solicitud de medidas cautelares”. El TJUE tenía información sesgada de las intenciones judiciales españolas.

Llarena es un actor relevante entre los que quieren impedir que los intentos de diálogo y de llevar el conflicto al ámbito político prosperen. Voluntariosos aniquiladores de puentes que querrían que la victoria del PP y Vox que sueñan acabara con el conflicto en Catalunya, sin tener presente que el gran fabricante de independentistas fue la mayoría absoluta de José María Aznar y la represión de Rajoy el 1 de Octubre.

Consecuencias políticas

La corta detención de Carles Puigdemont recuerda a quien le haga falta que no habrá adelantos políticos estables sin tenerlo en cuenta a él y al resto de exiliados. La mesa de diálogo puede saltar por los aires porque requiere dosis ingentes de buena voluntad y mucho convencimiento de que el diálogo es el método de la política por excelencia. La extradición de Puigdemont sería una prueba de fuego para el gobierno español y para el gobierno catalán. Objetivamente, el diálogo tiene que superar a un gobierno español interesado en narcotizar la cuestión catalana y un gobierno catalán dividido y que consigue siempre la argamasa in extremis en respuesta a la actuación judicial y política del Estado.

Para muchos puigdemontistas, el asunto vivido en Alguer demuestra que JxCat está cargado de razones para continuar fuera de la mesa de diálogo. Para no creer. Pero también hay políticos relevantes de Junts que en privado se preguntan si es más efectiva la defensa del referéndum y de los exiliados desde fuera de la mesa negociadora que desde dentro, si se tiene buena información de lo que pasa sin estar presente, si se puede presionar a Sánchez y UP sin ser un interlocutor exigente. Los mismos interlocutores admiten que entre ERC y JxCat hay una lucha por la hegemonía dentro del soberanismo que deja la independencia en un segundo plano. Entre la gesticulación y la política continúa habiendo en Catalunya demasiada distancia.