Cómo hacer que funcione el ingreso mínimo vital

Lo peor que puede ocurrir con una ayuda pública es que no llegue a quien debe llegar y que, en los que sí les llega, no tenga los resultados deseados. La última evaluación de el Airef sobre el ingreso mínimo vital (IMV) se publica con esa doble advertencia: la prestación no llega a quien más la necesita y, cuando lo hace, puede generar efectos no deseados. Sólo reciben el IMV la mitad de las familias que podrían tenerlo, y reduce la probabilidad de trabajar de quienes lo reciben. Sin embargo, no es un fracaso inevitable, sino una oportunidad de repensar el diseño –y la función– de la política del IMV. Si queremos que sea una herramienta útil contra la pobreza, es necesario redefinirla con más inteligencia y confianza en la ciudadanía.

Según el Airef, percibir el IMV reduce la probabilidad de trabajar un 12% de media y más en familias monoparentales o formadas por gente joven. Es un efecto moderado (no es que percibir el IMV te devuelva un vago) pero real. Ahora bien, quizá el problema no sea tanto la ayuda como el contexto. En un mercado con paro elevado, parcialidad involuntaria y sueldos bajos, no resulta sorprendente que una prestación mínima reduzca la presión para aceptar cualquier trabajo a cualquier sueldo. El IMV no debería ser una política de empleo encubierta. Si queremos que la gente trabaje más y mejor, necesitamos oportunidades laborales más dignas, no ayudas más punitivas.

El principal problema del IMV no es quien lo cobra, sino quien no. Más de la mitad de las familias con derecho no le solicitan –dos de cada tres en Catalunya–. Y con el complemento de ayuda a la infancia (CAPI), las cifras son aún más dramáticas. Los no receptores no es que no necesiten el IMV, es que no le conocen, no saben cómo pedirlo o desisten ante la complejidad del proceso. Requisitos exigentes, procedimientos lentos y administración reactiva dificultan el acceso. Por eso, propuestas como activar automáticamente el CAPI desde el nacimiento, como sugiere ahora el Airef, apuntan en la buena dirección: menos vallas, más confianza.

Cuando las trabas son tantas, los errores son inevitables. Y con demasiada frecuencia, pagan los más vulnerables: personas que reciben cartas para devolver ayudas sociales, familias que deben justificar por ingreso, beneficiarios de la renta garantizada perseguidos por cobros indebidos. El departamento de Derechos Sociales y la consejería de Presidencia quieren darle la vuelta a este modelo. Por ejemplo, con el derecho al error.Un derecho para que la ciudadanía pueda rectificar si se equivoca sin ser sancionada, y una administración más eficiente que no penalice la pobreza ni la burocracia.

En Cataluña, se abre ahora una ventana de oportunidad: la gestión conjunta de la renta garantizada y el IMV puede permitir un sistema más integrado, sencillo y justo. Y en paralelo, redefinir los incentivos laborales con criterios realistas y progresivos puede evitar que la ayuda penalice el trabajo, sin exigir lo imposible a quien sólo encuentra precariedad.

El IMV no ha fracasado. Pero no podemos permitirnos mantenerlo en tan frágil equilibrio, entre el desincentivo laboral y el incumplimiento de su objetivo principal: garantizar ingresos mínimos. No se trata sólo de afinar el presupuesto o corregir algún fallo técnico. Es necesaria una apuesta decidida por una política social que confíe en las personas, reduzca trabas, evite pérdidas y complemente, no sustituya, un mercado laboral que aún no garantiza dignidad para todos. Más eficacia, sí. Pero también más de pie.