El Govern Balear aprovechó los últimos días de fiestas navideñas para modificar sustancialmente el organigrama de su Conselleria de Educación. Se ha introducido una nueva dirección general dedicada a la escuela concertada, que se convierte oficialmente, de este modo, en una de las prioridades del gobierno que preside Marga Prohens en materia educativa. Se dirá, cómo podemos leer en la noticia de Jaume Cladera en Ahora Baleares, Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados, y ha sido nombrado para dirigirla Ismael Alonso, que fue secretario general del USO, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, por lo que todo queda en casa. De hecho, el consejero de la materia, Antoni Vera, ha decidido hacer del apoyo a la escuela concertada una bandera de su gestión. Asistió a un foro que llevaba un nombre muy del agrado del PP: Congreso de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Baleares. Y ahí vino la escuela concertada como “la gran olvidada”, y la presentó como lo hace siempre el PP con lo que le interesa potenciar: como una víctima. Según el conseller, es una injusticia que la escuela concertada (hay 106 centros, en Baleares) no reciba las mismas ayudas que la pública. Una falacia, porque la concertada cuenta con otras fuentes de ingresos que hacen innecesaria, e improcedente, la equiparación de la inversión de los recursos públicos que recibe con los que deben invertirse en la pública. Esto, de entrada. De salida, tampoco el propósito ni el planteamiento educativo de la pública y la concertada (y la privada) son los mismos: la pública busca formar a ciudadanos libres e iguales; la concertada y la privada, miembros de unas élites comprometidas consigo mismas. Y tampoco, todo sea dicho, la calidad es la misma: la de la pública suele ser considerablemente superior, pese a los problemas y limitaciones que a menudo sufren centros y docentes.
Sin embargo, el conseller Vera apuesta por la concertada. En dicho congreso anunció que el Govern Balear igualará las aportaciones que recibe la concertada con las de la pública, porque, les dijo, “sois la red complementaria. En Educació no hay hermanos pequeños ni mayores, todos somos iguales”. Esta igualdad tan emocionante debe ponerse en relación con la medida aprobada recientemente por su Gobierno, que ha puesto las manos en la cabeza a toda la comunidad educativa (excepto concertados y privados), de impulsar el próximo curso la segregación lingüística en la escuela pública, otro disparate al que se han terminado destinando los 20 millones de presupuesto que Vox exigía. Separar a los alumnos según hablan catalán o castellano es una fantasía fascistoide que en la práctica es muy difícil de aplicar. Pero sí puede degradar la escuela pública, convirtiéndola en escenario de enfrentamientos y tensiones que pueden ser muy agrias y que pueden impedir el normal funcionamiento de las aulas. En resumen: en la pública, dinero para causar el caos. En la concertada y privada, dinero para hacer lo que quieran. El plan, vergonzoso e inaceptable, es gobernar contra la escuela pública.
