Escribo estas líneas a cuento de la fuerte polémica que ha presidido la no aprobación del llamado decreto ómnibus del gobierno central, que incluía la actualización de las pensiones y ayudas al transporte público, entre otras cuestiones relevantes. Más allá del ruido y del revuelo creados, el primer mensaje a enviar es que si el gobierno español quiere que estas medidas se aprueben, se hará. Partidos que han votado contra el decreto ya han dejado claro que están a favor de las medidas de mayor contenido social, y por tanto la mayoría está asegurada si se hacen las cosas bien.
Aparte de la ciudadanía en general, el primer interesado en que las medidas salgan adelante es el gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, no hay que olvidar una regla que casi nunca falla: cuando las cosas van bien, el gobierno de turno puede ser premiado en las urnas; pero cuando van mal, seguro que está castigado. Cuando se produce un fallo, como ha ocurrido en esta ocasión, al inicio aparecen muchos culpables de la derrota. Sin embargo, con el paso del tiempo, la culpa tiende a concentrarse en aquel a quien se le atribuye más poder y más responsabilidad: es decir, el gobierno. Sería bueno que el PSOE no olvidara esta premisa.
El cataclismo de estos días, que estoy convencido de que se superará, pone de relieve la complejidad extrema de la actual legislatura española, y la fragilidad de los pilares que la sustentan. Una vez más debemos recordar que el presidente Sánchez perdió las elecciones, y que logró formar gobierno por una alianza de fuerzas que a menudo son antagonistas. En efecto, tenemos un primer antagonismo que radica en la estructura territorial del Estado: el partido socialista quiere conservar poder central, y partidos como Junts o el PNV quieren ganar poder territorial, es decir nacional, sea catalán o vasco. Ahora bien, los antagonismos no terminan aquí; hay otro, nada menor, que descansa en el modelo de sociedad y, por tanto, en el eje ideológico. En este sentido, las posiciones de partidos como Podemos o Sumar están en las antípodas de las de Junts o el PNV. Todos estos antagonismos deben superarse cada día, en cada votación, en todo momento. La sensación de inestabilidad permanente es el resultado palpable de tanta complejidad.
Entonces, la pregunta clave que aflora es si esa mayoría tan forzada, sobre la que se aguanta el actual gobierno, tiene futuro o no. En mi opinión, la respuesta podría ser que hay futuro, siempre que se cumplan dos condiciones que a estas alturas están fallando: la primera, el gobierno central debe aprender a gobernar en minoría; la segunda, el partido socialista debe saber sentar las bases para dar continuidad a la actual mayoría en futuras legislaturas.
Vayamos por partes. ¿Qué significa aprender a gobernar en minoría? Básicamente, representa actuar con humildad y cumplir los acuerdos, dos cosas que no están pasando con la suficiente intensidad. Humildad para entender que tienes que escuchar mucho y que no podrás hacer todo lo que quieres, y voluntad real de cumplir los acuerdos que firmes, único camino sólido para construir la confianza imprescindible para ir hacia adelante. Recordemos el aforismo: cuando fijas un compromiso, creas esperanza; cuando lo cumples, construyes confianza. No existe otro camino. La tentación del gobierno central de dar por entendido que hay que apoyarlo, acríticamente, para estar al lado de los "buenos" y en contra de los "malos", ni funciona ni funcionará; hay que tomar nota, y conciencia.
El reto en mayúsculas, sin embargo, no es aprender a gobernar en minoría, sino construir una mayoría que tenga horizontes amplios y larga mirada. En este sentido, la apuesta del Partido Socialista debería ser decidida y definitiva: aprovechar la coyuntura actual para hacer los grandes cambios estructurales que se necesitan. Pensemos en temas como la reforma a fondo del sistema judicial, la regeneración y modernización de las administraciones públicas, la preservación y profundización de nuestro estado del bienestar, la calidad de nuestro estado de derecho y de nuestra democracia, la sostenibilidad ambiental, demográfica y generacional, o la puesta al día de nuestro tejido productivo y de nuestro sistema laboral para poder progresar en un mundo cada vez más evolucionado, competitivo e interrelacionado. Pensemos también en otro tema no menor: cómo descentralizar el poder económico y mediático español, fuertemente concentrado en Madrid. La agenda reformadora tiene un potencial extraordinario y una imperiosa necesidad de llevarse a la práctica. Si de verdad quiere impedirse un futuro gobierno del PP y Vox, lo que hace falta es compartir un proyecto de largo alcance entre los actuales integrantes del pacto de legislatura. Corresponde al Partido Socialista, como partido mayoritario, pilotar el liderazgo de esta agenda, asumir los riesgos que se deriven y compartir los logros que se obtengan. Construir una mayoría para crear un camino de envergadura y de altos vuelos realmente vale la pena y merece que todo el mundo haga sacrificios. No hacerlo solo servirá para alargar la sensación de una lenta pero inexorable agonía.
