La huelga que este martes empiezan los docentes de escuelas e institutos hace evidente la distancia que hay entre el colectivo y tanto la conselleria de Educación, con la cual se ha producido una palpable falta de diálogo, como las familias del país, a las que les cuesta entender que el adelanto del inicio de curso una semana en septiembre haya sido el catalizador de la parada. La comunidad educativa está tensa, muy lejos del consenso que haría falta para dar un impulso a la educación en Catalunya que, por otro lado, todo el mundo reclama. El mundo educativo hace tiempo que vive en medio de una insatisfacción y un malestar en que se mezclan elementos difíciles de conciliar, con dos pulsos nada fáciles de hacer converger: por un lado, reivindicaciones laborales que se remontan a los recortes de hace unos años, nunca del todo revertidas, y de la otra la necesidad de imprimir cambios relevantes en la línea de una renovación de métodos y modelos organizativos, para la cual se reclaman también más recursos pero sobre todo que se ponga fin a las inercias inmovilistas y al bucle burocrático y funcionarial de la administración, cosa que a su vez iría en contra de derechos adquiridos por los docentes.
Todo ello dibuja un panorama lleno de contradicciones paralizadoras que, en estos momentos, han conducido a este choque planteado por los sindicatos contra un conseller, Josep González-Cambray, que ha decidido ir por la vía rápida y aguantar el pulso. La catarsis en forma de huelga está servida. Pero difícilmente resultará nada bueno. Más bien parece que tanto sindicatos como administración educativa llevaban tiempo dando por descontada la confrontación. Por el momento, y contra lo que supuestamente es el interés común de todas las partes, los más perjudicados serán los alumnos, que verán roto el ritmo del curso a tres semanas de las vacaciones de Semana Santa: cinco días de huelga no son una broma. Con este final de trimestre accidentado, el buen ritmo de estudio y trabajo ya no volverá hasta el 19 de abril. Cada vez lo estamos poniendo más difícil a los chicos y chicas de la pandemia.
Habrá, pues, que pasar página lo antes posible para focalizarnos en el objetivo de una educación de calidad y para todos. Y esto solo se puede hacer con diálogo y compromiso por todas partes. Poner en marcha el curso una semana antes, y empezar a romper así un período de vacaciones estivales demasiado largas, debería ser un objetivo compartido. Imponerlo nunca es una buena solución, pero intentar frenarlo a la fuerza tampoco. En cuanto a los cambios en el currículo, garantizando la calidad de los contenidos, siempre es mejor buscar el acuerdo con los que deben aplicarlos o se corre el peligro de que se conviertan en papel mojado, como a menudo ha ocurrido con tantos cambios legislativos. En cualquier caso, los cambios, si realmente hay determinación colectiva y compartida de mejora, deben ir mucho más allá, con valentía y sin prejuicios: más autonomía para los centros públicos (incluso presupuestaria y contractual), más libertad para que cada escuela o instituto pueda marcar una línea propia. Solo así, con grandes acuerdos ambiciosos, la comunidad educativa podrá realizar una presión conjunta cargada de legitimidad para conseguir, en tiempos de crisis recurrentes, más recursos públicos para garantizar una educación con futuro.
