04/08/2022

La infrafinanciación endémica de Catalunya

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Jaume Giró y Pere Aragonès durante una sesión en el Parlamento .

Los datos de la liquidación del sistema de financiación del 2020 publicadas este jueves por el departamento de Economía de la Generalitat confirman el agravio histórico que sufren los ciudadanos de Catalunya: somos la segunda comunidad que más paga y la decena a la hora de recibir. La liquidación del 2020 da unos resultados similares a los de los años anteriores. Si el cálculo se hace teniendo en cuenta el coste de la vida, la situación todavía empeora, de forma que Catalunya pasa a ser la decimocuarta comunidad con menos ingresos (la decimocuarta sobre quince, puesto que el País Vasco y Navarra quedan fuera de la caja común del sistema). En todo caso, el cálculo estándar supone que por el camino cada persona que tributa sus impuestos aquí pierde 260 euros al año. La infrafinanciación, pues, es incontestable y endémica. El sistema está caducado desde el 2014; el problema de encontrar un nuevo modelo es que si Catalunya tiene que mejorar, alguien tendrá que perder. Madrid y las Baleares son los otros grandes perjudicados, especialmente Madrid. Lo que pasa es que Catalunya suma además otro perjuicio debido a la también recurrente baja inversión del Estado en infraestructuras, que, en cambio, en este caso sí que beneficia claramente a Madrid, que tiene a su favor el efecto capitalidad, con recursos públicos extra de procedencia estatal. De hecho, la financiación de las autonomías solo es una parte de las balanzas fiscales del Estado, que hace años que no se publican. Solo a partir de los datos de liquidación, las comunidades más beneficiadas son las Islas Canarias, Extremadura, Galicia, Cantabria, las Castillas y La Rioja.

Este agravio económico permanente irresuelto fue uno de los motores del proceso soberanista y continúa alimentando el independentismo, que ve en este sistema injusto y arbitrario un lastre insalvable, como una vez más se han encargado de recordar, a raíz de los nuevos datos, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Economía, Jaume Giró. El último intento de avanzar hacia un pacto fiscal en la línea del concierto económico vasco, propuesto en 2012 por el entonces presidente Artur Mas y rechazado de pleno por el presidente español de aquel momento, Mariano Rajoy, resultó decisivo para el impulso procesista. Introducir el principio de ordinalidad (es decir, que la comunidad que más aporte sea también la que más reciba al final); tener en cuenta la paridad del poder adquisitivo en cada territorio; y que los gobiernos autonómicos recibieran un porcentaje más grande de los impuestos (no en vano son los que tienen las competencias en sanidad, educación y dependencia), y que tuvieran más margen para fijar tipos impositivos, son reivindicaciones históricas para reformar un sistema enquistado y muy perjudicial para Catalunya.

El lastre fiscal que arrastra Catalunya (como también las Baleares) hace años que perjudica a la calidad de vida de sus ciudadanos en términos de protección social y de apoyo público al progreso económico, tal como queda reflejado en el llamado índice de progreso social (IPS), que fija los niveles de bienestar por regiones europeas y en el que Catalunya sale más abajo de lo que le correspondería por la riqueza que genera, una vistosa anomalía a escala continental.