Israel no tiene Constitución, no está claro cuál es su jurisdicción, las fronteras no han parado de cambiar desde la independencia y la mayoría de la población de los territorios ocupados no es ciudadana de Israel. La Constitución nunca ha sido definida y formalmente aprobada. La declaración 181 de la ONU de noviembre de 1947 por la partición de Palestina requería que los dos futuros estados, el judío y el árabe, tuvieran constituciones democráticas con igualdad de derechos para todos los ciudadanos. No es el caso. Ben-Gurion, fundador de Israel, no lo impulsó para que su partido no perdiera el poder, por mantener el apoyo de los partidos confesionales y por miedo a tener una población árabe que supusiera una amenaza para el futuro estado que debía ser, en su visión, necesaria y únicamente judío.
Las fronteras de 1949, green line, nunca fueron reconocidas por Israel, y las de 1967, con anexiones nunca aprobadas internacionalmente, el Golán, Gaza y Jerusalén Este, tampoco. La retirada del Sinaí después de la guerra de 1973 fue un pacto bilateral con Egipto. Queda, pues, en la indefinición cuál es el territorio en el que la ley del estado es aplicable y cuáles son los territorios ocupados bajo el mandato de una ocupación militar.
Cisjordania es un territorio que Israel quiere anexionar. Es un territorio ocupado y, por tanto, no es parte formal del Estado de Israel. La política practicada desde hace años es implantar colonos de comunidades judías de países del este sin experiencia en entornos democráticos y, por tanto, con dosis de radicalidad, lo que causa un conflicto permanente y progresivo con los palestinos.
Al término de la guerra de independencia, quedaron 750.000 palestinos en el territorio de Israel, hoy son 150.000. La ciudadanía no se estableció como derecho a Israel hasta asegurar que la mayoría de la población era judía. Se pusieron en marcha desde 1950 leyes de "libre retorno", que aseguraban la ciudadanía a todos aquellos judíos que quisieran volver. Hoy es incierto cuáles son los ciudadanos con plenos derechos, judíos, y quienes no los tienen garantizados, los palestinos y otras minorías.
Se han aprobado, desde 1950, 23 leyes básicas equivalentes a la Constitución, pero no todas garantizadas por la necesidad de mayorías reforzadas para su modificación. La situación en cuanto a garantías y derechos es hoy ambigua en Israel; siempre lo ha sido.
Desde la segunda llegada al poder de Netanyahu, en el 2009, la derecha, con el Likud, inició una guerra política contra los tribunales, a los que acusaba de tener un poder excesivo y, por tanto, poner en peligro la confesionalidad del Estado. Contra la costumbre y la práctica de todo estado democrático moderno, la separación entre estado y religión es hoy imposible en Israel.
En 2011, la mayoría del gobierno aprobó una ley contra los boicots políticos, y en 2014 una que requería un referéndum para retirarse de cualquier territorio ocupado, a pesar de que hubieran sido anexionados por hechos de guerra. Se trataba de justificar la situación presente, aunque fuese arbitraria e injusta.
La campaña mediática contra los tribunales por el establecimiento de nuevos asentamientos de colonos, contra la libertad de expresión, la igualdad de género o la reducción de los derechos de los palestinos, fue fuerte, mezclándose con las causas penales que, por corrupción, tenía el primer ministro.
Cuando se produjo el ataque terrorista de Hamás en octubre de 2023, las manifestaciones y la oposición de una parte de la ciudadanía de Israel contra esta situación eran intensas y continuas. La guerra aparcó todo esto. Primero había que acabar con Hamás y devolver a los rehenes, después la revisión del marco jurídico. No es descabellado pensar que el alargamiento de la guerra hasta 18 meses ha ido perdiendo sentido porque Hamás ya estaba derrotada, pero no aniquilada, y eso era y es ciertamente imposible, y el sufrimiento de los rehenes no tenía razón de ser y resultaba inútil. La continuación de la guerra tuvo relación sólo con el mantenimiento delstatu quo y el aplazamiento del juicio penal por corrupción contra el primer ministro. Entre 2023 y 2024 el nivel de apoyo al gobierno del Likud no superó el 35%, y la confianza en el futuro democrático de Israel se movió entre el 29% y el 33%. La paz debilitará a Netanyahu, a pesar de sus ansias expansionistas e imperiales.
Netanyahu sabe que, en un país en paz y en el que no haya rehenes en peligro de muerte, con una guerra ganada y una ciudadanía sin miedo, puede perder las elecciones. En un estado con numerosas excepciones a la democracia –quien es ciudadano y quién no, cuáles son las fronteras, cuál es el territorio del estado y el ocupado– la resolución del odio y del terrorismo desatado por la guerra resulta indescifrable.
Al final de todo se comprueba que, con los problemas humanos y sociales del Estado de Israel, no tener Constitución no representa una ventaja desde ningún punto de vista, aunque parezca que pueda aportar ventajas tácticas. Al contrario... A menos que se opte por un apartheid hoy imposible y siempre indeseable, incluso para la población israelí de obediencia ortodoxa.
