02/06/2021

La justicia europea vuelve a dar una lección a España

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Los eurodiputados Clara Ponsatí, Carles Puigdemont y Toni Comín en una rueda de prensa al Parlamento  Europeo.

El Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, ha devuelto de manera provisional la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, reclamados por la justicia europea por los hechos de octubre de 2017. Se trata de un nuevo triunfo en el ámbito judicial del exilio independentista y la constatación, una vez más, de que la justicia europea es un terreno que ofrece más garantías y es más escrupulosa con los derechos fundamentales que la española. El Tribunal simplemente ha restablecido la situación anterior a la retirada de la inmunidad mientras estudia el recurso presentado por la defensa de los eurodiputados, y acepta así las medidas cautelarísimas que pedían para evitar que cualquiera de los tres fuera detenido antes de que se resolviera el caso. Es una decisión lógica pero que representa una lección para la justicia española, que siempre ha actuado de manera restrictiva y con argumentaciones políticamente sesgadas.

Tal como explicaron los afectados en su día, todo el proceso que se siguió en el Parlamento Europeo para retirarles la inmunidad estuvo plagado de irregularidades. Por ejemplo, no se mantuvo el principio de neutralidad y la apariencia de imparcialidad durante todo el proceso tanto por parte del ponente, un eurodiputado de extrema derecha búlgaro que participó en actos de Vox, como del presidente de la comisión de suplicatorios, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez. La justicia europea siempre es especialmente remirada con estos procesos, y es probable que acabe anulando la concesión del suplicatorio, lo cual supondría un golpe tanto a la justicia española, que vería paralizadas otra vez las peticiones de extradición, como para el mismo Parlamento Europeo, que no habría respetado los derechos de los eurodiputados y, en consecuencia, de los electores que los votaron.

También este miércoles se hizo pública la decisión del Tribunal Constitucional de avalar, con dos votos particulares en contra, la condena a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Con este paso también se abre la puerta a los dos para que puedan llevar su caso a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un camino que también preparan los presos Jordi Turull y Josep Rull, que se encuentran en la misma situación. El hecho de que la decisión no sea por unanimidad, y que haya dos magistrados que consideran que las penas son "desproporcionadas", da esperanzas a los equipos jurídicos de los presos políticos de cara a la batalla de Estrasburgo.

Y también este miércoles se ha sabido que el pleno del TC, de mayoría conservadora, ha rechazado la ponencia de sentencia que había preparado el magistrado Cándido Conde-Pumpido en la que absolvía a los condenados por el asedio al Parlament del 2011, una decisión que desautorizaba especialmente a Manuel Marchena y a la sala de lo penal del Supremo, que corrigió la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional y lo hizo sin escuchar a las partes, como es preceptivo. Parece que el TC ha decidido cerrar filas con Marchena y alejarse de la jurisprudencia europea. Suerte, sin embargo, que España está en la UE y siempre se puede recurrir a las instancias europeas.

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